La familia del fiscal Marcelo Pecci difundió un comunicado público en el que reiteró su pedido de “verdad y justicia” al cumplirse cuatro años de su muerte. En el texto, los familiares expresan su preocupación por la falta de resultados definitivos sobre quiénes ordenaron el crimen y solicitan un mayor compromiso de las autoridades investigativas.

El pronunciamiento, firmado por la familia Pecci Aguilera – Pecci Albertini, sostiene que existen “hipótesis, nombres y diligencias”, aunque consideran que los avances “no son suficientes”. Además, hicieron un llamado a investigadores paraguayos, colombianos y estadounidenses para continuar profundizando las pesquisas relacionadas con el caso.

En el comunicado, la familia afirma que el asesinato del fiscal no solo representa una tragedia personal, sino también un desafío para las instituciones frente al crimen organizado y la corrupción. También señalaron que desean evitar confrontaciones públicas y que su principal objetivo es conocer la verdad sobre los responsables intelectuales del homicidio.

Los familiares remarcaron que, pese al paso del tiempo, mantienen vigente el reclamo de justicia y cuestionaron la percepción de resignación en torno a la complejidad del caso. “¿Quién ordenó su muerte?”, concluye el texto, acompañado de un pedido de justicia para el fiscal.

Paraguay y Colombia han participado en distintas etapas de la investigación debido a que el crimen ocurrió en territorio colombiano mientras Pecci se encontraba de viaje.

El caso de Marcelo Pecci generó amplia repercusión regional e internacional por su labor en investigaciones vinculadas al crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. Desde el asesinato del fiscal, distintas autoridades han informado avances parciales y detenciones relacionadas con la ejecución material del hecho, mientras continúa la búsqueda de los autores intelectuales.

La causa contra el senador Hernán Rivas por el presunto uso de un título universitario falso ya tiene conformado el Tribunal de Sentencia que estará a cargo del juicio oral y público. El colegiado está integrado por las juezas María Fernanda García de Zúñiga, quien ejercerá la presidencia, junto con Héctor Capurro y Yolanda Portillo como miembros.

De acuerdo con los plazos procesales, la audiencia oral podría iniciarse en julio de este año, aunque la fecha aún no fue fijada oficialmente, debido a estar supeditada a la agenda del tribunal.

El proceso judicial se reactivó luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara el sobreseimiento definitivo que había favorecido al legislador. La máxima instancia judicial dispuso la realización de un juicio oral y público en el marco de la investigación relacionada con el presunto uso de documentación académica falsa.

La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 133, dictado el pasado 7 de mayo de 2026, al hacer lugar al recurso extraordinario de casación promovido por el Ministerio Público.

Con esta resolución, la Corte dejó sin efecto las decisiones previas del Tribunal de Apelación que habían confirmado la prescripción de la acción penal y el cierre definitivo de la causa.

El caso generó amplia repercusión política y judicial debido a las denuncias sobre la supuesta irregularidad en el título universitario utilizado por el senador, situación que ahora deberá ser analizada en un juicio oral ante el Tribunal de Sentencia ya conformado.

La causa conocida como la “mafia de pagarés” dio un nuevo paso judicial tras la decisión de la jueza Jazmín Ortiz, quien resolvió elevar a juicio oral el proceso contra la abogada Zully Ortiz, además de ordenar su prisión preventiva por el incumplimiento de medidas impuestas previamente por el juzgado.

La resolución también alcanza a los acusados Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanesa y Asociados, quienes enfrentarán juicio oral en el marco de la denuncia presentada por la víctima Ángela Zárate, quien denunció haber sido afectada por un esquema de cobro irregular basado en documentos ya cancelados.

Durante la audiencia preliminar, la víctima relató con firmeza el impacto del esquema. “Como víctima sistemática e inmisericorde de este esquema de estafa jurídica, solicito que la causa sea elevada a juicio oral y público. Mi causa no representa un caso aislado, soy la portavoz de todas estas personas estafadas, que mes a mes, fueron despojadas de su salario”, expresó.

La abogada querellante Noelia Núñez, representante legal de la denunciante, celebró la decisión judicial de avanzar hacia el juicio oral, destacando la importancia del caso dentro del conjunto de denuncias vinculadas al mismo esquema. Señaló que se trata de hechos que habrían afectado a numerosas familias, generando un profundo perjuicio económico y social.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia preliminar, la acusación sostiene que, pese a la cancelación administrativa y judicial de la deuda de Zárate, el 5 de agosto de 2022 la abogada Zully Ortiz habría promovido nuevamente un juicio de reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes contra la misma víctima.

Los fiscales remarcan que esta nueva acción judicial se habría realizado con conocimiento de que los pagarés ya habían sido ejecutados con anterioridad, e incluso cobrados judicialmente. “Volvió a presentar los mismos pagarés que ya habían sido cobrados”, sostiene la acusación fiscal.

En la misma línea, el Ministerio Público apunta a los propietarios de Vanesa y Asociados, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, señalando que habrían actuado con conocimiento de la cancelación total de la deuda, presuntamente utilizando a la abogada Ortiz para impulsar nuevas demandas contra la víctima.

La acusación sostiene que tanto la abogada como los responsables de la firma habrían impulsado acciones judiciales sobre obligaciones ya extinguidas, configurando un esquema de cobro indebido que derivó en múltiples procesos y denuncias.

Con la elevación a juicio oral, el caso ingresa a una nueva etapa procesal en la que se deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados en uno de los expedientes más relevantes vinculados a denuncias por el uso irregular de pagarés en el ámbito judicial.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo dictado a favor del senador Hernán Rivas y ordenó que se realice un juicio oral y público en el proceso relacionado con el presunto uso de un título universitario falso.

La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 133, del 7 de mayo de 2026, al hacer lugar al recurso extraordinario de casación presentado por el Ministerio Público.

Con ello, la Corte dejó sin efecto las resoluciones del Tribunal de Apelación que habían confirmado la prescripción de la acción penal y el cierre definitivo del caso.

Corte revoca decisiones previas
La Sala Penal anuló los Autos Interlocutorios N.º 102 y 107, ambos dictados el 30 de marzo de 2026 por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Capital.

Además, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio N.º 850, emitido el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado Penal de Garantías, manteniendo vigente la apertura a juicio oral y público por el supuesto hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso.

La Corte también incorporó la calificación jurídica de producción mediata de documento público de contenido falso.

En consecuencia, el expediente será remitido nuevamente al Juzgado Penal de Garantías para los trámites de derivación al Tribunal de Sentencia competente.

Qué analizó la Sala Penal
En los fundamentos del fallo, la Corte cuestionó el análisis realizado previamente sobre la prescripción de la causa y sostuvo que las resoluciones anuladas no se ajustaban a los hechos contenidos en la acusación fiscal.

El fallo señala además que en el proceso penal se juzgan hechos y no únicamente calificaciones jurídicas, por lo que una eventual modificación de la tipificación puede introducirse durante el juicio oral siempre que se mantenga el mismo marco fáctico.

La resolución sostiene que no existía impedimento para incluir en el debate oral la figura de producción mediata de documento público de contenido falso, al considerar que esa hipótesis ya formaba parte de los hechos discutidos durante el proceso.

Fiscalía había cuestionado la prescripción
El Ministerio Público había recurrido las resoluciones que cerraron el caso argumentando que el cálculo de la prescripción fue incorrecto.

Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero sostuvieron que los hechos investigados tendrían efectos que se extendieron hasta años recientes, lo que modificaba el análisis temporal realizado por las instancias inferiores.

También cuestionaron que se haya interpretado de forma restrictiva el alcance del artículo 252 del Código Penal vinculado al uso de documentos públicos de contenido falso.

La Corte aclara que no existe condena
La Sala Penal aclaró expresamente que la resolución no implica una condena ni un pronunciamiento sobre responsabilidad penal.

El fallo se limita al análisis jurídico y procesal de las resoluciones recurridas y habilita la continuidad del proceso en etapa de juicio oral y público.

La resolución fue firmada por los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, con integración del camarista Arnaldo Fleitas Ortiz