La Corte Suprema de Justicia dispuso el inicio de una auditoría en el Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo, luego de los procedimientos realizados por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho vinculados a gestiones judiciales.

La decisión fue comunicada durante la sesión plenaria de este miércoles, donde el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, doctor Eugenio Jiménez Rolón, informó que la magistrada María Elena Cañete remitió una presentación oficial relacionada con las diligencias fiscales desarrolladas en dicha dependencia judicial.

Según lo expuesto ante el pleno, la jueza también puso a disposición de la Corte Suprema el expediente correspondiente a la causa y solicitó la realización de una auditoría para verificar las actuaciones vinculadas al caso.

Posteriormente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, dispuso el inicio de los trámites administrativos e institucionales correspondientes para canalizar los mecanismos internos de control y verificación.

De acuerdo con lo informado, el Consejo de Superintendencia ya inició las diligencias para remitir los antecedentes a las instancias competentes del sistema de control institucional del Poder Judicial.

La Corte indicó además que la causa mencionada ya cuenta con resolución de apertura a juicio oral y público.

Investigación fiscal

El caso tomó estado público luego de un operativo encabezado por la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, que derivó en la detención e imputación de una mujer investigada por un supuesto esquema de cobro irregular para gestionar medidas sustitutivas en una causa penal.

En el marco de esa investigación, agentes fiscales y efectivos policiales realizaron allanamientos en oficinas de la Sección Estadística y de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo, donde fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos para análisis.

La causa se encuentra a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, mientras continúan las diligencias para determinar si existen otras personas involucradas en el presunto esquema investigado.

La abogada querellante Noelia Núñez presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad para intentar frenar la realización de un tercer juicio oral en un caso de coacción sexual y violación contra una adolescente. La presentación cuestiona el fallo que anuló una condena de 12 años de prisión dictada contra Axel Fabián López Orué y sostiene que una nueva audiencia expondría a la víctima a una grave revictimización.

La acción fue promovida contra el Acuerdo y Sentencia N.º 70 del Tribunal de Apelaciones Penal de Central, Segunda Sala, que había resuelto anular la condena y ordenar un nuevo juzgamiento. La querella considera que la resolución incurre en arbitrariedades y vulnera garantías constitucionales vinculadas a la protección de víctimas de violencia sexual.

Según el escrito, la joven ya atravesó dos juicios orales durante un proceso que se extiende desde hace más de nueve años. En el primero, el acusado fue absuelto por duda; posteriormente, en un segundo juicio, fue condenado a 12 años de cárcel con base en un amplio caudal probatorio, resolución que luego fue anulada por la Cámara de Apelaciones.

La querella sostiene que el fallo apelado priorizó “formalismos administrativos” por encima de los derechos de la víctima, al cuestionar la validez de un diagnóstico médico digital incorporado durante el juicio como medida de mejor proveer.

En la presentación ante la Corte, la abogada argumenta que someter nuevamente a la víctima a un juicio oral podría agravar el daño psicológico sufrido. El escrito menciona antecedentes de crisis de ansiedad, depresión, conductas autolesivas e incluso intentos de suicidio derivados del prolongado proceso judicial y de la exposición reiterada de la víctima ante el sistema penal.

“La víctima ya pasó por dos juicios orales y revivir nuevamente los hechos puede generar consecuencias irreparables”, sostiene parte de la argumentación presentada ante la Sala Constitucional.

La acción también plantea que el caso podría marcar un precedente sobre el alcance del derecho a la no revictimización en Paraguay, especialmente en procesos relacionados con violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Además de solicitar la declaración de inconstitucionalidad del fallo de Cámara, la querella pidió una medida cautelar urgente para suspender cualquier convocatoria a un nuevo juicio oral mientras la Corte analiza el caso.

La defensa sostiene que la resolución impugnada desconoce estándares nacionales e internacionales de protección a víctimas y contradice principios constitucionales vinculados a la tutela judicial efectiva y al acceso a justicia con enfoque de derechos humanos.

El juez especializado Matías Garcete analizó la evolución de los delitos económicos y advirtió sobre la creciente complejidad de estas conductas, así como los desafíos técnicos que implican para quienes deben investigarlas y juzgarlas.

En sus declaraciones, explicó que desde la dogmática jurídica tradicionalmente se hacía referencia a los denominados “delitos de cuello blanco”, pero que actualmente el análisis se ha ampliado. “Hoy día también se trata, por la dogmática, la extensión de aquellos de cuello azul, que hace referencia a los profesionales en un área específica que, de repente, ingresan a alguna entidad administrativa o realizan gestiones, pero todo vinculado a una ilicitud, es decir, doblegando el sistema regulado desde el ámbito administrativo, el ámbito tributario”, sostuvo.

El magistrado indicó que estas nuevas formas de ilicitud requieren una observación más detallada de las conductas y su contexto. Según explicó, es a partir de la identificación de secuencias contrarias a las disposiciones legales que comienzan a visibilizarse estas prácticas, las cuales posteriormente pueden ser demostradas mediante medios probatorios. “Ahí empezamos nosotros a encontrar las nuevas conductas que se van a tornar visibles eventualmente a través de los medios probatorios”, afirmó.

Garcete también hizo hincapié en la dificultad que implica probar este tipo de hechos. “Tiene un grado de complejidad técnico, siempre lo he dicho”, remarcó, al tiempo de señalar que los delitos económicos exigen un abordaje especializado.

En ese sentido, explicó que no basta con el conocimiento en materia penal y procesal penal, sino que se requiere una formación integral en otras áreas. “Esto implica un amplio conocimiento técnico sobre otras materias como tal, propiamente científicas: la contable, la tributaria, la administrativa”, detalló.

El juez agregó que comprender estos campos permite reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las conductas activas u omisivas que configuran los tipos penales. “Todo eso implica un conocimiento acabado técnico respecto a esa materialización”, subrayó.

Finalmente, aclaró que esta complejidad no desmerece otros hechos punibles que se tramitan en la justicia ordinaria, sino que evidencia la especificidad y el nivel de especialización que demandan los delitos económicos en la actualidad.