La Justicia confirmó una de las condenas más relevantes en la lucha contra el crimen organizado en Paraguay. Un Tribunal de Apelación Especializado ratificó la pena de 13 años de prisión impuesta al senador Erico Galeano, al concluir que colaboró con la estructura criminal liderada por Sebastián Marset.

Los camaristas resolvieron confirmar en todos sus términos la sentencia dictada el 4 de marzo de 2026 por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Pablino Daniel Barreto, Juan Dávalos Bogarin y Anselma Inés Galarza Careaga. De esta manera, rechazaron los planteamientos de la defensa y dejaron firme la condena.

Durante el juicio, el Tribunal consideró plenamente probado que Galeano mantuvo vínculos con la organización encabezada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, señalados como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína. La sentencia detalla una serie de operaciones que evidencian su participación en el esquema.

Entre los hechos más relevantes, se menciona la compra de un inmueble en el complejo Aqua Village por 210.599 dólares, operación que no fue incluida en su declaración jurada. Posteriormente, la propiedad fue vendida por un millón de dólares en efectivo en una transacción que, según los jueces, buscó ocultar al verdadero comprador, vinculado al narcotráfico. Años después, el entonces legislador rectificó su declaración patrimonial, consignando un valor significativamente superior al inicialmente declarado.

El colegiado también dio por acreditado que Galeano facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Insfrán y otros miembros de la organización dentro del país. Según lo expuesto en juicio, la aeronave habría sido utilizada en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Otro punto clave de la condena es la recepción de importantes sumas de dinero, que posteriormente fueron invertidas en el Club Deportivo Capiatá. Para el Tribunal, esta maniobra constituyó un mecanismo de lavado de activos, al introducir dinero de origen ilícito en una actividad formal para darle apariencia de legalidad.

El Ministerio Público sostuvo que Galeano no solo participó en operaciones comerciales vinculadas a la organización, sino que además brindó apoyo logístico a sus líderes, recibiendo pagos a cambio. La sentencia concluye que, entre 2020 y 2021, el ahora condenado colaboró activamente con la estructura criminal y obtuvo beneficios económicos de esa relación.

Con esta decisión, el Tribunal de Apelación dejó firme la condena por asociación criminal y lavado de activos, en una causa considerada emblemática por su alcance y por el nivel de las personas involucradas. El fallo marca un precedente en los procesos judiciales contra el crimen organizado en el país.

El Juzgado de Ejecución Penal estableció la fecha de compurgamiento de la condena para el joven sentenciado por un caso de abuso sexual ocurrido en el Club Centenario en 2012, fijando el cumplimiento total de la pena para el año 2030. Asimismo, se determinó que el condenado podrá solicitar la libertad condicional a partir del 5 de marzo de 2028.

La condena, dictada el 5 de enero de 2023, es de 5 años y 6 meses de pena privativa de libertad por un hecho de coacción sexual y violación en perjuicio de una adolescente, caso que en su momento generó amplia repercusión mediática.

En el marco del proceso de ejecución, la justicia dispuso la inclusión del condenado en la etapa de observación a cargo del organismo criminológico, que deberá emitir un primer informe en un plazo de 15 días.

El joven cumplirá su pena en la Penitenciaría Industrial La Esperanza.

Recientemente, la Policía Nacional procedió a su detención en cumplimiento de una orden judicial vigente, dando continuidad al proceso tras la sentencia firme.

La abogada penalista Noelia Núñez advirtió sobre las consecuencias que generan los fallos judiciales que anulan sentencias y reenvían a juicio oral causas de abuso sexual, señalando que estas decisiones no solo afectan a las víctimas directas, sino que también tienen un fuerte impacto social al desalentar nuevas denuncias.

La profesional sostuvo que este tipo de resoluciones envía un mensaje negativo a otras víctimas que podrían animarse a acudir a la justicia. “En todos estos años que estuve en estos procesos con estas víctimas, una resolución así tiene alto impacto en las otras víctimas que no se animan a hablar, porque dicen: ‘¿para qué entrar en un sistema injusto, pernicioso y corrupto?’”, expresó.

Según Núñez, las víctimas enfrentan un proceso complejo y doloroso al denunciar, exponiendo aspectos íntimos de sus vidas sin la garantía de que sus derechos sean priorizados. En ese sentido, cuestionó que, en algunos casos, “los derechos del abusador priman sobre el de la víctima”, lo que incrementa la sensación de desprotección.

Asimismo, remarcó que las decisiones judiciales que revierten condenas generan frustración y desaliento, especialmente cuando se trata de casos que implicaron largos procesos. “Es demasiado doloroso para las demás víctimas que alguna vez pudieran llegar a hablar”, afirmó, al tiempo de señalar que este tipo de situaciones debilita el efecto positivo que pueden tener las sentencias firmes al apartar a agresores de potenciales nuevas víctimas.

Núñez también destacó que el impacto de estos casos no se limita a la persona afectada, sino que se extiende al entorno familiar y, por consecuencia, a la sociedad. “Un niño, una niña o un adolescente abusado adolece en el núcleo familiar. El impacto es familiar y eso trasciende a la sociedad, es como un dominó”, explicó.

Finalmente, advirtió que este escenario contribuye al silencio de más víctimas por temor a atravesar procesos judiciales sin garantías. “Vamos silenciando a más víctimas por temor a denunciar y que no sean escuchadas o que sean maltratadas o no tratadas justamente en un proceso judicial”, reflexionó.

Las declaraciones de la abogada se dan tras conocerse la anulación de un fallo por abuso sexual y coacción, cuya sentencia había tardado ocho años en emitirse y que ahora deberá ser nuevamente analizada en un juicio oral.

El empresario paraguayo Christian Chena, a través de su abogada Alejandra Peralta, promovió una querella innominada con el objetivo de identificar a las personas detrás de las cuentas vinculadas a “Despierta Paraguay”, a las que atribuye la difusión de publicaciones consideradas difamatorias.

La acción judicial fue presentada bajo la figura de querella autónoma y se enmarca, según el escrito, en el supuesto hecho punible de calumnia. En ese contexto, la representación legal solicita al juzgado el auxilio judicial previo para individualizar a los responsables, atendiendo a que según se argumenta estos operarían mediante perfiles anónimos en redes sociales.

Como parte del proceso, la querella plantea la necesidad de obtener datos de las plataformas digitales Meta Platforms Inc. y X Corp. (antes Twitter), cuyas sedes se encuentran en el extranjero. De acuerdo con la presentación, estas compañías pueden proporcionar información en el marco de investigaciones judiciales, siempre que exista una orden firmada por un juez y se cumplan los canales formales establecidos.

En ese sentido, se solicita la emisión de exhortos internacionales para requerir datos relacionados con las cuentas señaladas, entre ellos: información de creación de perfiles, registros de inicio de sesión, direcciones IP, fechas y horarios de actividad, dispositivos utilizados para el acceso y posibles datos de geolocalización.

Asimismo, se pide que las plataformas informen si otras cuentas utilizaron las mismas direcciones de IP, así como datos asociados a esos perfiles, lo que según el documento permitiría avanzar en la correcta identificación de los presuntos responsables.

La presentación también advierte que este tipo de información puede perderse con el tiempo, debido a que los registros de asignación de direcciones IP por parte de proveedores de internet no se conservan por períodos prolongados, lo que refuerza la urgencia del pedido judicial.

Además de la identificación de los responsables, la querella incluye un reclamo de reparación económica por un monto de 800 millones de guaraníes, en concepto de los daños que habrían sido ocasionados por las publicaciones.

El caso queda ahora a consideración del juzgado interviniente, que deberá resolver sobre la procedencia de las medidas solicitadas en el marco del proceso.

El juez penal de garantías especializado, Matías Garcete, analizó el impacto que podría tener la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial, especialmente en relación con la mora judicial, durante una conversación con el medio Judiciales Net. Sus declaraciones ponen el foco en un uso práctico, limitado y regulado de esta tecnología dentro de los procesos.

Garcete explicó que la IA puede convertirse en una herramienta útil en etapas preliminares del trabajo judicial, particularmente en la organización y priorización de expedientes. Según indicó, su aplicación podría orientarse a identificar causas con mayor antigüedad que aún se encuentran pendientes de resolución. “La IA puede ser muy útil en cuestiones previas, donde no deba materializarse la fundamentación, que eso es propio del juzgador. Por ejemplo, podría advertir cuáles son las presentaciones que ya tienen larga data y que deben resolverse”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la tecnología permitiría optimizar la gestión interna de los juzgados, facilitando que los casos más atrasados sean puestos a consideración del magistrado para su análisis. “Se podría administrar una forma de operativizar mejor cuáles son las causas que están aguardando resolución desde hace tiempo, traerlas al juzgado y ponerlas a disposición del juzgador para iniciar el proceso de fundamentación”, agregó.

No obstante, el magistrado enfatizó que el uso de inteligencia artificial debe estar acompañado de estrictos controles, especialmente en lo que respecta a la seguridad de la información. Advirtió que uno de los principales desafíos es la integración de estas herramientas con el sistema de expediente electrónico. “Hay que atender cómo se utiliza esta inteligencia, sobre todo en el sentido de conectarla con el expediente electrónico, precautelando la ciberseguridad. Este sistema no debe ser atacado ni vulnerado”, remarcó.

Asimismo, mencionó que la normativa vigente establece límites claros sobre quiénes pueden utilizar estas herramientas y bajo qué condiciones. “No se admite el uso por parte de usuarios no autorizados, y el funcionario o magistrado que la utilice debe informar a las partes en qué momento y para qué recurrió a la inteligencia artificial”, explicó.

Garcete también vinculó estas disposiciones con estándares ya presentes en el ámbito académico y científico. Desde su experiencia como investigador y tutor de tesis, destacó que el uso de IA debe ser transparente y debidamente citado. “En la investigación científica, por ejemplo bajo normas APA, se permite el uso de inteligencia artificial, pero se exige que se indique para qué se utilizó y en qué momento”, concluyó.

Las declaraciones del magistrado reflejan una postura equilibrada: reconoce el potencial de la inteligencia artificial como aliada para mejorar la eficiencia del sistema judicial, pero insiste en la necesidad de implementar su uso con criterios claros, responsabilidad y resguardo de la seguridad institucional.

La jueza de Sentencia Mesalina Fernández declaró culpable a la abogada María Esther Roa por difamación contra su colega Guillermo Duarte Cacavelos, tras la difusión de contenido en redes sociales. Como sanción, se le impuso 100 días de multa.

Según el fallo del tribunal unipersonal, Roa difundió un audio atribuido a Duarte Cacavelos en el que se lo vinculaba con supuestos hechos de coima, soborno y tráfico de influencias. No obstante, las pericias realizadas durante el proceso desvirtuaron esas afirmaciones.

Si bien se determinó que el material no fue generado mediante inteligencia artificial, los análisis concluyeron que se trató de una edición o montaje elaborado a partir de fragmentos de declaraciones previas del abogado.

La magistrada Fernández dispuso además la suspensión de la ejecución de la pena, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas la eliminación de la publicación considerada difamatoria y la obligación de emitir disculpas públicas a la víctima del hecho. Otras medidas serán detalladas en la resolución íntegra del caso, según lo referido por la magistrada Mesalina Fernández.

El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, continuó este viernes con la producción y análisis de pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, en una jornada en la que la Fiscalía volvió a insistir en la existencia de elementos que, según su teoría del caso, vinculan al acusado con hechos de cohecho pasivo agravado.

Durante la audiencia, la agente fiscal Verónica Valdez destacó diversas contestaciones remitidas por empresas que operan en el país, entre ellas firmas dedicadas a la provisión de servicios de blindaje y equipamiento táctico. Estos documentos buscan sustentar que la empresa Black Eagle no era la única con capacidad de proveer este tipo de servicios en el mercado nacional, en el marco de las diligencias orientadas a determinar posibles intereses en la provisión de insumos a instituciones del Estado.

El Ministerio Público sostiene que Giuzzio habría mantenido vínculos con Marcus Vinicius Espínola, ciudadano brasileño actualmente detenido en su país, quien presuntamente habría mostrado interés en convertirse en proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional. De acuerdo con la acusación, ese eventual objetivo comercial habría motivado el acercamiento con el entonces ministro del Interior.

En esa línea, la Fiscalía imputa a Giuzzio la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado, al considerar que habría recibido beneficios indebidos por parte del mencionado ciudadano extranjero. El Ministerio Público asegura contar con “certeza plena” respecto a la conducta atribuida al exsecretario de Estado.

Dentro del escrito acusatorio se menciona que el exministro habría permanecido en territorio brasileño entre el 26 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022, utilizando una camioneta que le habría sido facilitada por Marcus Vinicius Espínola. A partir de ese hecho, la acusación sostiene que el imputado habría tenido conocimiento de las intenciones del ciudadano brasileño de establecer vínculos comerciales con el Estado paraguayo, particularmente con la cartera que entonces encabezaba.

Por su parte, la defensa de Giuzzio rechaza categóricamente las acusaciones y sostiene que el proceso está basado en elementos manipulados. El exministro alega que se habrían sustraído pruebas sin orden judicial y que existieron irregularidades en la obtención de documentos incautados en su domicilio, lo que —según su versión— comprometería la validez de la investigación.

La defensa técnica, encabezada por la abogada Gilvi Quiñónez, afirma que no se ha configurado hecho punible alguno. Argumenta que Marcus Vinicius nunca concretó contrato con el Ministerio del Interior y que no existió beneficio indebido a favor del acusado, además de señalar que el propio ciudadano brasileño habría negado haber prestado el vehículo mencionado en la causa.

El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar el caso está integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, quienes deberán valorar las pruebas producidas durante el desarrollo del juicio para emitir una resolución en su momento.