El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, continuó este viernes con la producción y análisis de pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, en una jornada en la que la Fiscalía volvió a insistir en la existencia de elementos que, según su teoría del caso, vinculan al acusado con hechos de cohecho pasivo agravado.
Durante la audiencia, la agente fiscal Verónica Valdez destacó diversas contestaciones remitidas por empresas que operan en el país, entre ellas firmas dedicadas a la provisión de servicios de blindaje y equipamiento táctico. Estos documentos buscan sustentar que la empresa Black Eagle no era la única con capacidad de proveer este tipo de servicios en el mercado nacional, en el marco de las diligencias orientadas a determinar posibles intereses en la provisión de insumos a instituciones del Estado.
El Ministerio Público sostiene que Giuzzio habría mantenido vínculos con Marcus Vinicius Espínola, ciudadano brasileño actualmente detenido en su país, quien presuntamente habría mostrado interés en convertirse en proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional. De acuerdo con la acusación, ese eventual objetivo comercial habría motivado el acercamiento con el entonces ministro del Interior.
En esa línea, la Fiscalía imputa a Giuzzio la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado, al considerar que habría recibido beneficios indebidos por parte del mencionado ciudadano extranjero. El Ministerio Público asegura contar con “certeza plena” respecto a la conducta atribuida al exsecretario de Estado.
Dentro del escrito acusatorio se menciona que el exministro habría permanecido en territorio brasileño entre el 26 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022, utilizando una camioneta que le habría sido facilitada por Marcus Vinicius Espínola. A partir de ese hecho, la acusación sostiene que el imputado habría tenido conocimiento de las intenciones del ciudadano brasileño de establecer vínculos comerciales con el Estado paraguayo, particularmente con la cartera que entonces encabezaba.
Por su parte, la defensa de Giuzzio rechaza categóricamente las acusaciones y sostiene que el proceso está basado en elementos manipulados. El exministro alega que se habrían sustraído pruebas sin orden judicial y que existieron irregularidades en la obtención de documentos incautados en su domicilio, lo que —según su versión— comprometería la validez de la investigación.
La defensa técnica, encabezada por la abogada Gilvi Quiñónez, afirma que no se ha configurado hecho punible alguno. Argumenta que Marcus Vinicius nunca concretó contrato con el Ministerio del Interior y que no existió beneficio indebido a favor del acusado, además de señalar que el propio ciudadano brasileño habría negado haber prestado el vehículo mencionado en la causa.
El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar el caso está integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, quienes deberán valorar las pruebas producidas durante el desarrollo del juicio para emitir una resolución en su momento.
