El juez penal de garantías especializado, Matías Garcete, analizó el impacto que podría tener la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial, especialmente en relación con la mora judicial, durante una conversación con el medio Judiciales Net. Sus declaraciones ponen el foco en un uso práctico, limitado y regulado de esta tecnología dentro de los procesos.
Garcete explicó que la IA puede convertirse en una herramienta útil en etapas preliminares del trabajo judicial, particularmente en la organización y priorización de expedientes. Según indicó, su aplicación podría orientarse a identificar causas con mayor antigüedad que aún se encuentran pendientes de resolución. “La IA puede ser muy útil en cuestiones previas, donde no deba materializarse la fundamentación, que eso es propio del juzgador. Por ejemplo, podría advertir cuáles son las presentaciones que ya tienen larga data y que deben resolverse”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la tecnología permitiría optimizar la gestión interna de los juzgados, facilitando que los casos más atrasados sean puestos a consideración del magistrado para su análisis. “Se podría administrar una forma de operativizar mejor cuáles son las causas que están aguardando resolución desde hace tiempo, traerlas al juzgado y ponerlas a disposición del juzgador para iniciar el proceso de fundamentación”, agregó.
No obstante, el magistrado enfatizó que el uso de inteligencia artificial debe estar acompañado de estrictos controles, especialmente en lo que respecta a la seguridad de la información. Advirtió que uno de los principales desafíos es la integración de estas herramientas con el sistema de expediente electrónico. “Hay que atender cómo se utiliza esta inteligencia, sobre todo en el sentido de conectarla con el expediente electrónico, precautelando la ciberseguridad. Este sistema no debe ser atacado ni vulnerado”, remarcó.
Asimismo, mencionó que la normativa vigente establece límites claros sobre quiénes pueden utilizar estas herramientas y bajo qué condiciones. “No se admite el uso por parte de usuarios no autorizados, y el funcionario o magistrado que la utilice debe informar a las partes en qué momento y para qué recurrió a la inteligencia artificial”, explicó.
Garcete también vinculó estas disposiciones con estándares ya presentes en el ámbito académico y científico. Desde su experiencia como investigador y tutor de tesis, destacó que el uso de IA debe ser transparente y debidamente citado. “En la investigación científica, por ejemplo bajo normas APA, se permite el uso de inteligencia artificial, pero se exige que se indique para qué se utilizó y en qué momento”, concluyó.
Las declaraciones del magistrado reflejan una postura equilibrada: reconoce el potencial de la inteligencia artificial como aliada para mejorar la eficiencia del sistema judicial, pero insiste en la necesidad de implementar su uso con criterios claros, responsabilidad y resguardo de la seguridad institucional.
