El empresario paraguayo Christian Chena, a través de su abogada Alejandra Peralta, promovió una querella innominada con el objetivo de identificar a las personas detrás de las cuentas vinculadas a “Despierta Paraguay”, a las que atribuye la difusión de publicaciones consideradas difamatorias.
La acción judicial fue presentada bajo la figura de querella autónoma y se enmarca, según el escrito, en el supuesto hecho punible de calumnia. En ese contexto, la representación legal solicita al juzgado el auxilio judicial previo para individualizar a los responsables, atendiendo a que según se argumenta estos operarían mediante perfiles anónimos en redes sociales.
Como parte del proceso, la querella plantea la necesidad de obtener datos de las plataformas digitales Meta Platforms Inc. y X Corp. (antes Twitter), cuyas sedes se encuentran en el extranjero. De acuerdo con la presentación, estas compañías pueden proporcionar información en el marco de investigaciones judiciales, siempre que exista una orden firmada por un juez y se cumplan los canales formales establecidos.
En ese sentido, se solicita la emisión de exhortos internacionales para requerir datos relacionados con las cuentas señaladas, entre ellos: información de creación de perfiles, registros de inicio de sesión, direcciones IP, fechas y horarios de actividad, dispositivos utilizados para el acceso y posibles datos de geolocalización.
Asimismo, se pide que las plataformas informen si otras cuentas utilizaron las mismas direcciones de IP, así como datos asociados a esos perfiles, lo que según el documento permitiría avanzar en la correcta identificación de los presuntos responsables.
La presentación también advierte que este tipo de información puede perderse con el tiempo, debido a que los registros de asignación de direcciones IP por parte de proveedores de internet no se conservan por períodos prolongados, lo que refuerza la urgencia del pedido judicial.
Además de la identificación de los responsables, la querella incluye un reclamo de reparación económica por un monto de 800 millones de guaraníes, en concepto de los daños que habrían sido ocasionados por las publicaciones.
El caso queda ahora a consideración del juzgado interviniente, que deberá resolver sobre la procedencia de las medidas solicitadas en el marco del proceso.
