La Corte Suprema de Justicia dispuso el inicio de una auditoría en el Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo, luego de los procedimientos realizados por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho vinculados a gestiones judiciales.
La decisión fue comunicada durante la sesión plenaria de este miércoles, donde el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, doctor Eugenio Jiménez Rolón, informó que la magistrada María Elena Cañete remitió una presentación oficial relacionada con las diligencias fiscales desarrolladas en dicha dependencia judicial.
Según lo expuesto ante el pleno, la jueza también puso a disposición de la Corte Suprema el expediente correspondiente a la causa y solicitó la realización de una auditoría para verificar las actuaciones vinculadas al caso.
Posteriormente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, dispuso el inicio de los trámites administrativos e institucionales correspondientes para canalizar los mecanismos internos de control y verificación.
De acuerdo con lo informado, el Consejo de Superintendencia ya inició las diligencias para remitir los antecedentes a las instancias competentes del sistema de control institucional del Poder Judicial.
La Corte indicó además que la causa mencionada ya cuenta con resolución de apertura a juicio oral y público.
Investigación fiscal
El caso tomó estado público luego de un operativo encabezado por la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, que derivó en la detención e imputación de una mujer investigada por un supuesto esquema de cobro irregular para gestionar medidas sustitutivas en una causa penal.
En el marco de esa investigación, agentes fiscales y efectivos policiales realizaron allanamientos en oficinas de la Sección Estadística y de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de San Lorenzo, donde fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos para análisis.
La causa se encuentra a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, mientras continúan las diligencias para determinar si existen otras personas involucradas en el presunto esquema investigado.
