La causa conocida como la “mafia de pagarés” dio un nuevo paso judicial tras la decisión de la jueza Jazmín Ortiz, quien resolvió elevar a juicio oral el proceso contra la abogada Zully Ortiz, además de ordenar su prisión preventiva por el incumplimiento de medidas impuestas previamente por el juzgado.
La resolución también alcanza a los acusados Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanesa y Asociados, quienes enfrentarán juicio oral en el marco de la denuncia presentada por la víctima Ángela Zárate, quien denunció haber sido afectada por un esquema de cobro irregular basado en documentos ya cancelados.
Durante la audiencia preliminar, la víctima relató con firmeza el impacto del esquema. “Como víctima sistemática e inmisericorde de este esquema de estafa jurídica, solicito que la causa sea elevada a juicio oral y público. Mi causa no representa un caso aislado, soy la portavoz de todas estas personas estafadas, que mes a mes, fueron despojadas de su salario”, expresó.
La abogada querellante Noelia Núñez, representante legal de la denunciante, celebró la decisión judicial de avanzar hacia el juicio oral, destacando la importancia del caso dentro del conjunto de denuncias vinculadas al mismo esquema. Señaló que se trata de hechos que habrían afectado a numerosas familias, generando un profundo perjuicio económico y social.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia preliminar, la acusación sostiene que, pese a la cancelación administrativa y judicial de la deuda de Zárate, el 5 de agosto de 2022 la abogada Zully Ortiz habría promovido nuevamente un juicio de reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes contra la misma víctima.
Los fiscales remarcan que esta nueva acción judicial se habría realizado con conocimiento de que los pagarés ya habían sido ejecutados con anterioridad, e incluso cobrados judicialmente. “Volvió a presentar los mismos pagarés que ya habían sido cobrados”, sostiene la acusación fiscal.
En la misma línea, el Ministerio Público apunta a los propietarios de Vanesa y Asociados, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, señalando que habrían actuado con conocimiento de la cancelación total de la deuda, presuntamente utilizando a la abogada Ortiz para impulsar nuevas demandas contra la víctima.
La acusación sostiene que tanto la abogada como los responsables de la firma habrían impulsado acciones judiciales sobre obligaciones ya extinguidas, configurando un esquema de cobro indebido que derivó en múltiples procesos y denuncias.
Con la elevación a juicio oral, el caso ingresa a una nueva etapa procesal en la que se deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados en uno de los expedientes más relevantes vinculados a denuncias por el uso irregular de pagarés en el ámbito judicial.
