El Tribunal de Sentencia ordenó la prisión preventiva del exdiputado Erico Galeano, condenado a 13 años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal vinculados al narcotráfico. La medida fue adoptada a pedido del Ministerio Público.
El encausado pasa a formar parte de los reclusos del penal de Tacumbú desde martes con lo que la sentencia aplicada inicia su formal cumplimiento.
El colegiado, presidido por el magistrado Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, concluyó durante el juicio oral quedaron plenamente acreditados los vínculos de Galeano con la estructura criminal encabezada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, identificados por las autoridades como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína.
Entre los principales elementos valorados por el Tribunal figura la adquisición de un inmueble en el complejo Aqua Village por USD 210.599, operación que no fue incluida inicialmente en la declaración jurada patrimonial del entonces legislador. Según la sentencia, la propiedad fue posteriormente vendida por USD 1.000.000 en efectivo a Hugo González Ramos, en una transacción que, de acuerdo con los jueces, tuvo como objetivo ocultar al verdadero comprador, Miguel Ángel Insfrán.
La resolución también señala que Galeano presentó una rectificación de su declaración patrimonial en 2022, consignando para el inmueble un valor de 4.200 millones de guaraníes, monto considerablemente superior al declarado originalmente.
Otro de los puntos considerados por el Tribunal fue la utilización de una aeronave perteneciente al condenado.
Conforme a las pruebas expuestas durante el juicio, Galeano habría facilitado el avión para el traslado de Insfrán y otros integrantes de la organización dentro del territorio nacional. Los magistrados sostuvieron que la aeronave fue empleada en operaciones vinculadas al tráfico de cocaína. La sentencia igualmente refiere que Galeano recibió importantes sumas de dinero en el marco de su relación con miembros de la estructura criminal. De acuerdo con el fallo, esos fondos fueron invertidos posteriormente en el Club Deportivo Capiatá mediante registros contables presentados como créditos o cuentas a cobrar.
Al fundamentar la condena, el presidente del Tribunal, Pablino Barreto, afirmó que la introducción de esos recursos al circuito formal constituyó un mecanismo de lavado de activos. “El dinero ilícito, su introducción en el club deportivo y su posterior registro contable son indicativos de una simulación del origen de los fondos”, sostuvo el magistrado durante la lectura de la sentencia.
Por su parte, el Ministerio Público, representado en el proceso por el fiscal Deny Yoon Pak, argumentó que Galeano no solo participó en operaciones comerciales vinculadas a la organización, sino que además brindó apoyo logístico a sus integrantes, entre ellos Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, mediante la cesión de su aeronave y la recepción de pagos derivados de esa colaboración.
La sentencia concluye que entre los años 2020 y 2021 el legislador colaboró con la estructura criminal y obtuvo beneficios económicos provenientes de dicha relación, configurándose, según el Tribunal, los elementos necesarios para su condena por asociación criminal y lavado de activos.
