La Justicia ordenó este martes la prisión preventiva del dirigente colorado Roberto Cubilla Sanabria, señalado por la Fiscalía como presunto integrante y articulador de una estructura dedicada a la transferencia irregular de bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio Gomes.

La medida fue dispuesta por la jueza Rosarito Montanía, quien resolvió que Cubilla guarde reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos, al considerar determinantes la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de fuga existente en la causa.

El político, de 51 años, fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Luque, en un operativo encabezado por agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y efectivos especializados de la Policía Nacional.

Según los investigadores, Cubilla sería el principal responsable de un esquema utilizado para concretar transferencias ilícitas de inmuebles mediante documentos presuntamente falsificados, maniobras con identidades de personas fallecidas y operaciones relacionadas con propiedades que se encontraban bajo medidas judiciales o restricciones legales.

Las pesquisas apuntan a que la organización utilizaba escribanías y estructuras administrativas para dar apariencia de legalidad a las operaciones, permitiendo mover bienes y activos de manera irregular.

Durante los procedimientos, las autoridades intervinieron cinco inmuebles de manera simultánea. En uno de ellos funcionaba una oficina identificada con el nombre del ahora imputado, donde se ofrecían servicios relacionados con compra y transferencia de propiedades, hipotecas y sucesiones. De acuerdo con los investigadores, el sitio también era utilizado como base política de su movimiento partidario.

La Fiscalía sostiene que detrás de la fachada comercial operaba una estructura dedicada al supuesto lavado y blanqueo de activos vinculados al crimen organizado.

Junto a Cubilla también fueron detenidos e imputados Roberto Santiago Ayala, de 58 años, y César García. Ambos procesados recibieron medidas menos gravosas y cumplirán arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones.

El caso se desarrolla en medio de una amplia investigación sobre presuntas redes dedicadas a mover bienes y activos vinculados a estructuras criminales, utilizando mecanismos fraudulentos para alterar registros y concretar operaciones patrimoniales ilegales.

La representación legal del empresario Christian Chena presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio contra una resolución de la jueza Mesalina Fernández, mediante la cual fueron rechazadas varias diligencias solicitadas en el marco de la querella promovida contra la cuenta digital “Despierta Paraguay”.

La acción fue impulsada por la abogada Alejandra Peralta Merlo, quien sostiene que las medidas denegadas son fundamentales para avanzar en la identificación de todas las personas que podrían estar vinculadas a la creación, administración y financiamiento de la cuenta investigada.

Según explicó la profesional a Judiciales Net, la resolución judicial rechazó un oficio considerado clave por la querella, además de otras diligencias que, a criterio de la accionante, permitirían profundizar la investigación sobre la estructura detrás de la página denunciada. En paralelo, cuestionó que el juzgado haya intimado a la parte querellante a formular acusación en un plazo de cinco días, pese a que aún existen diligencias pendientes de producción.

“Nos obliga a acusar solamente a la persona que figura como creadora de la cuenta e impedir que lleguemos a la responsabilidad real”, expresó Peralta Merlo al anunciar la presentación del recurso.

Los argumentos de la apelación

En el escrito recursivo, la querella plantea cuatro agravios principales.

El primero se refiere a un supuesto error material en la valoración de la prueba documental. La defensa afirma que la providencia judicial rechazó un pedido de informe a la Dirección de Registros Públicos al considerar que el domicilio “Oleary 470, Asunción” no constaba en el expediente. Sin embargo, sostiene que dicho dato sí figura en la documentación incorporada a la causa, proveniente del registro público del anunciante asociado a la página investigada.

Como segundo punto, la representación de Chena argumenta que la diligencia rechazada resulta pertinente y necesaria para determinar eventuales vínculos jurídicos o patrimoniales relacionados con el inmueble mencionado y con las personas que podrían estar involucradas en los hechos denunciados. Añade que otras medidas previamente solicitadas, entre ellas oficios dirigidos a Meta y a X, continúan sin respuesta, por lo que considera que la investigación aún no se encuentra agotada.

El tercer agravio cuestiona la intimación para completar la acusación con base en el artículo 423 del Código Procesal Penal. La querella sostiene que la sola identificación de la titular registral de una línea telefónica asociada a la página no permite establecer con certeza responsabilidades penales ni determinar posibles grados de participación de otras personas.

Finalmente, el recurso advierte sobre la posibilidad de que existan otros partícipes en la administración, publicación, contratación o difusión de contenidos en plataformas digitales. En ese sentido, la querella considera que acusar únicamente a la persona identificada por la empresa telefónica podría limitar el alcance de la investigación y dificultar el esclarecimiento integral de los hechos.

Antecedentes del caso

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la querella, al momento de promover la acción fueron solicitados oficios dirigidos a las plataformas Meta y X para obtener información relacionada con la cuenta “Despierta Paraguay”. Según consta en el expediente, dichas solicitudes aún no habrían sido contestadas.

Asimismo, a partir de información pública disponible en la página investigada, la querella identificó el número telefónico 0971-259828 como asociado al registro de la cuenta y promovió nuevas diligencias para verificar posibles conexiones con otras personas o bienes.

La controversia ahora deberá ser analizada por el propio juzgado mediante el recurso de reposición y, en caso de mantenerse la decisión impugnada, el caso sea analizado por el tribunal de alzada a través de la apelación planteada en subsidio.

Mientras tanto, la representación legal de Chena insiste en que la investigación debe continuar antes de la formulación de una acusación definitiva, mientras que la resolución cuestionada mantiene vigente el plazo otorgado para avanzar en esa etapa procesal.

Entre 2018 y abril de 2026, los tribunales del país emitieron 147 sentencias condenatorias por casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, según datos difundidos por el Poder Judicial. Del total, 93 condenas corresponden a feminicidios consumados y 54 a tentativas, con una pena promedio de 28 años de privación de libertad para los responsables.

Las cifras fueron dadas a conocer por autoridades judiciales durante una presentación sobre estadísticas y acciones institucionales relacionadas con la violencia contra las mujeres. Los datos reflejan el avance de los procesos judiciales en uno de los delitos más graves contemplados en la legislación paraguaya desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia.

En cuanto a la cantidad de causas registradas, desde 2017 hasta abril de este año se contabilizaron 227 casos de feminicidio y 284 de tentativa de feminicidio en las distintas circunscripciones judiciales del país. Los departamentos de Central y Alto Paraná concentran la mayor cantidad de expedientes.

Las estadísticas también muestran que la violencia extrema contra las mujeres ocurre principalmente en el ámbito de las relaciones afectivas. El 57% de los feminicidios fue cometido por la pareja actual de la víctima, mientras que el 22% tuvo como autor a una expareja. El 21% restante corresponde a otras personas vinculadas a la víctima tras la ruptura de la relación.

Respecto a los medios utilizados para perpetrar los hechos, predominan las armas blancas y las armas de fuego, según los registros judiciales. Asimismo, se observó un incremento significativo de casos durante 2020, período marcado por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.

Desde el Poder Judicial destacaron que la aplicación de la Ley 5777/16 representó un cambio sustancial en el tratamiento jurídico de estos hechos, mientras que la jurisprudencia desarrollada por la Sala Penal de la Corte Suprema fortaleció la incorporación de criterios con perspectiva de género en el análisis de los casos.

La directora de Estadísticas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, Fabiana López, y la directora de la Secretaría de Género, doctora Silvia López Safi, dieron a conocer los datos estadístico y las iniciativas impulsadas por la máxima instancia para enfrentar esta problemática social que afecta profundamente a las familias.

Las autoridades señalaron además que continúan impulsando programas de capacitación para magistrados y funcionarios, así como herramientas de monitoreo y prevención, en coordinación con otras instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional, con el objetivo de mejorar la respuesta judicial y contribuir a la prevención de la violencia extrema contra las mujeres.

La jueza Diana Carvallo resolvió modificar la calificación jurídica del proceso seguido contra Cristian Narváez, conductor de la plataforma Bolt acusado por la muerte de un pasajero, y dispuso que el caso sea juzgado provisoriamente como homicidio culposo, descartando por el momento la figura de homicidio doloso impulsada por el Ministerio Público.

Con esta decisión, el imputado enfrentará un proceso bajo una figura penal cuya expectativa de pena es considerablemente menor a la prevista para el homicidio doloso, delito por el cual la Fiscalía sostenía que debía responder.

El caso se remonta al pasado 2 de mayo, cuando, según los antecedentes de la investigación, se produjo una discusión entre Narváez y su pasajero por la devolución de un vuelto. Durante el altercado, el conductor habría golpeado a la víctima, quien cayó al suelo y sufrió un fuerte impacto en la cabeza. Las lesiones derivadas de esa caída provocaron posteriormente su fallecimiento.

La representante del Ministerio Público había sostenido que los hechos debían ser encuadrados como homicidio doloso, al considerar que la conducta desplegada por el imputado justificaba una respuesta penal más severa. Sin embargo, la magistrada concluyó que, de manera provisoria, los elementos reunidos en la causa se ajustan al tipo penal de homicidio culposo, por lo que será bajo esa figura que el procesado enfrente su caso.

La resolución no implica el cierre definitivo del debate jurídico sobre la calificación de los hechos, pero sí define el marco penal con el que el proceso avanzará hacia la etapa de juzgamiento.

El planteamiento de la defensa de Narvaez fue fundamental para que via incidental la jueza determine la calificación jurídica adecuada. Los abogados Carolina y Víctor González, quienes via incidente lograron revertir la calificación atribuida a su cliente, que a partir de esta decisión se expone a una pena máxima de hasta cinco años.