El abogado penalista José Carlos Martínez planteó una reflexión sobre el funcionamiento de la audiencia preliminar dentro del sistema penal, señalando que esta etapa procesal no está cumpliendo plenamente su función de control y depuración de las causas antes de su elevación a juicio oral.

Según explicó, la audiencia preliminar constituye la última instancia de control jurisdiccional sobre las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público, por lo que reviste una importancia fundamental dentro del proceso penal.

«La audiencia preliminar no es un mero trámite, es la última etapa en la cual se hace el control jurisdiccional de todo lo actuado por el Ministerio Público», sostuvo el profesional.

Martínez consideró que, en la práctica, los procesos penales suelen avanzar de manera automática a través de sus distintas etapas, desde la imputación hasta el juicio oral, sin que exista un análisis suficientemente, técnico y riguroso de los requerimientos fiscales durante la etapa intermedia.

«En nuestro sistema penal parece ser que los procesos avanzan por inercia: imputación, acusación y juicio oral, y la audiencia preliminar no cumple su rol de filtro jurídico para el sistema», afirmó.

A criterio del abogado, el objetivo de esta fase debería ser detectar y corregir eventuales deficiencias de las investigaciones o de las acusaciones antes de que los casos lleguen a debate oral. En ese sentido, sostuvo que la falta de una revisión técnica exhaustiva contribuye a que lleguen a juicio causas que podrían presentar falencias importantes.

Martínez atribuyó esta situación, entre otros factores, a la necesidad de fortalecer la preparación técnica de los operadores del sistema de justicia. Asimismo, advirtió que la sobrecarga de los tribunales de juicio oral podría reducirse si en la audiencia preliminar se realizara un examen más estricto de los elementos que sustentan las acusaciones.

«Lo ideal es que en esta etapa se atajen las impurezas y se evite que avancen procesos que no van a soportar el debate», expresó.

El penalista también manifestó preocupación por la existencia de acusaciones que, según su visión, carecen de la precisión necesaria para garantizar plenamente el derecho a la defensa.

«Muchas veces los abogados tenemos que adivinar los hechos», señaló al referirse a requerimientos que considera insuficientemente individualizados o desarrollados.

Respecto al trabajo de la defensa técnica, Martínez indicó que los recursos y planteamientos promovidos por los abogados buscan corregir errores procesales y contribuir a una decisión ajustada a derecho, aunque en ocasiones estas actuaciones sean interpretadas como intentos de dilatar u obstaculizar los procesos.

«Nosotros como abogados defensores recurrimos estas decisiones intentando reencausar estos procesos y son vistos como actos que buscan obstaculizarlos, pero lo que tratamos es llegar a la verdad real», afirmó.

Finalmente, sostuvo que el papel de la defensa consiste en analizar exhaustivamente los requerimientos fiscales y promover las correcciones necesarias para garantizar que el proceso penal se desarrolle conforme a los principios de legalidad, debido proceso y búsqueda de la verdad.

«Es fundamental que los administradores de justicia hagan que la audiencia preliminar sea efectivamente un filtro para el sistema», concluyó.

Víctimas del denominado esquema de la “mafia de los pagarés” volvieron a pronunciarse públicamente y solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la adopción de nuevas medidas urgentes para suspender embargos preventivos que continúan afectando a miles de trabajadores en todo el país.

A través de un comunicado, los afectados sostienen que las investigaciones y denuncias realizadas hasta el momento permitieron evidenciar la existencia de una estructura que habría operado de manera sistemática mediante juicios ejecutivos fraudulentos impulsados desde distintos juzgados de Paz.

“Se ha constatado la existencia de una estructura criminal institucionalizada dedicada a la producción en masa de juicios ejecutivos fraudulentos”, señala parte del documento difundido por las víctimas.

Según el pronunciamiento, el esquema habría utilizado pagarés clonados, firmas adulteradas y montos presuntamente sobrefacturados para promover demandas judiciales que derivaban en descuentos compulsivos sobre salarios de trabajadores.

“Este esquema utiliza pagarés clonados, firmas adulteradas y montos sobrefacturados para despojar de manera sistemática el salario alimentario de más de 17.000 trabajadores de la República”, agrega el escrito.

Los afectados sostienen que, pese a las medidas adoptadas hasta el momento por la máxima instancia judicial, todavía persisten situaciones que continúan generando perjuicios económicos a personas alcanzadas por embargos preventivos derivados de causas actualmente cuestionadas.

En ese contexto, solicitaron a la Corte Suprema avanzar con acciones más amplias que permitan frenar temporalmente este tipo de medidas cautelares mientras prosiguen las investigaciones administrativas y judiciales relacionadas con el caso.

El escándalo de la denominada “mafia de los pagarés” derivó meses atrás en intervenciones dentro de varios juzgados de Paz, luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en la tramitación masiva de juicios ejecutivos.

Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia impulsó distintas acciones orientadas a mejorar el funcionamiento de las dependencias intervenidas, fortalecer los controles internos y revisar procedimientos vinculados a la gestión de expedientes judiciales.

Las medidas incluyeron auditorías, reorganizaciones administrativas y mecanismos de supervisión para transparentar el funcionamiento de los juzgados afectados por las denuncias.

Sin embargo, representantes de las víctimas consideran que aún se requieren respuestas concretas para proteger a trabajadores que continúan soportando descuentos salariales derivados de procesos cuestionados.

El caso generó amplio debate en sectores judiciales y sindicales debido al impacto económico y social que las denuncias habrían provocado sobre miles de funcionarios y trabajadores asalariados en distintos puntos del país.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, prestó juramento este jueves como miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en representación de la máxima instancia judicial del país.

El acto formalizó su incorporación al órgano encargado de analizar y juzgar la conducta de magistrados, fiscales y defensores públicos y síndicos, función que ejercerá durante el periodo constitucional 2026-2029.

Con esta designación, Ramírez Candia asumirá la representación de la Corte Suprema de Justicia dentro del Jurado, instancia clave en el sistema institucional paraguayo para el control y eventual enjuiciamiento de operadores de justicia.

Su mandato tendrá una duración de tres años, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional y las disposiciones que regulan el funcionamiento del JEM.

La incorporación del ministro se produce en un contexto de fuerte atención pública sobre el funcionamiento del sistema judicial y los mecanismos de control disciplinario, debido a diversas investigaciones y procesos que actualmente involucran a magistrados y otros integrantes del sistema de justicia.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene entre sus atribuciones analizar denuncias, evaluar conductas y determinar eventuales responsabilidades de integrantes del sistema de justicia, constituyéndose en uno de los principales órganos de control institucional del país.

Con su juramento, queda oficialmente integrado al JEM como representante titular de la Corte Suprema de Justicia para el próximo periodo constitucional.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió levantar los fueros de la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Beatríz Peralta Céspedes, en el marco de la investigación penal que enfrenta por la presunta utilización de documentos falsificados durante concursos para cargos en la magistratura.

La decisión fue adoptada tras el pedido formulado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, quien durante la sesión explicó que acompañaba el retiro de inmunidad de la magistrada para permitir el avance de la investigación penal, aunque manifestó reparos respecto a una eventual suspensión inmediata en sus funciones.

Según argumentó el ministro, mantener a la jueza en el cargo mientras avanzan las diligencias busca evitar posibles perjuicios posteriores en caso de que las acusaciones no prosperen judicialmente.

“La Corte Suprema ya abrió una audiencia a la magistrada para decidir o no su suspensión”, señaló Ramírez Candia al referirse al proceso administrativo paralelo que se tramita en la máxima instancia judicial.

Además del levantamiento de fueros, el Jurado resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la magistrada por la presunta comisión de hechos punibles vinculados a la utilización de documentación adulterada en procesos de selección impulsados por el Consejo de la Magistratura.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la investigación, varios postulantes a cargos judiciales habrían presentado documentos académicos presuntamente alterados con el objetivo de obtener mayores puntajes en las evaluaciones y mejorar sus posibilidades de integrar ternas para cargos de jueces, fiscales y defensores públicos.

Entre los documentos cuestionados figuran certificados de especialización, constancias de cursos de formación continua, certificados de escuela judicial y actualizaciones de legajos académicos.

La hipótesis fiscal sostiene que uno de los certificados utilizados correspondería originalmente a otra profesional y habría sido modificado con datos personales de distintos postulantes antes de ser cargado al sistema digital del Consejo de la Magistratura.

Las pesquisas también apuntan a una presunta participación de funcionarios vinculados al área de Archivo del Consejo de la Magistratura y de la Escuela Judicial, quienes habrían facilitado el ingreso de los documentos apócrifos al sistema informático institucional.

Según la investigación, esta supuesta maniobra tenía como finalidad beneficiar irregularmente a concursantes en los procesos de ponderación y conformación de ternas para acceder a cargos dentro del sistema de justicia.

La causa continúa en etapa investigativa mientras avanzan tanto el proceso penal como las actuaciones administrativas y disciplinarias impulsadas por los órganos de control judicial.

La investigación contra la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Beatríz Peralta Céspedes, continúa generando repercusiones dentro del sistema judicial luego de que el fiscal Leonardi Guerrero aclarara públicamente detalles sobre la imputación presentada en su contra por la presunta utilización de documentos falsos en un concurso público.

El agente del Ministerio Público salió al paso de cuestionamientos surgidos tras la imputación y desmintió categóricamente cualquier tipo de reunión informal o intervención irregular con la magistrada, quien actualmente sigue en funciones mientras avanza el proceso de desafuero.

Guerrero explicó que la jueza no acudió a la sede del Ministerio Público ni solicitó acceso a la carpeta fiscal, ni antes ni después de la imputación.

“El expediente demuestra que no existió pedido de copias, intervención procesal ni reuniones en sede fiscal por parte de la magistrada o de algún representante suyo”, sostuvo el fiscal al referirse al caso.

No obstante, reveló que la jueza habría intentado conversar con él durante una audiencia preliminar desarrollada el pasado 20 de mayo en el Poder Judicial, en el marco de otra causa de alta repercusión pública vinculada a la denominada “mafia de pagarés”.

De acuerdo con el relato del representante fiscal, una abogada defensora de otro procesado se acercó para manifestarle que la magistrada deseaba mantener una conversación privada en una oficina contigua al salón auditorio donde se realizaba la diligencia judicial.

Ante esa situación, Guerrero afirmó que rechazó el planteamiento y dejó en claro que cualquier gestión o manifestación debía realizarse exclusivamente a través de los canales procesales establecidos y dentro de la sede fiscal correspondiente.

Las aclaraciones del fiscal surgieron luego de cuestionamientos y reclamos planteados desde distintos sectores judiciales, entre ellos expresiones del propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, respecto al procedimiento adoptado en la causa.

En ese contexto, Guerrero defendió la legalidad de todas las actuaciones realizadas y explicó que la imputación fue presentada conforme a las disposiciones procesales vigentes.

Indicó además que, debido a que la magistrada cuenta con fueros, el juzgado interviniente comunicó oficialmente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el pedido de desafuero, en cumplimiento del artículo 328 del Código Procesal Penal.

Asimismo, informó que el pasado 20 de mayo remitió a la Corte Suprema de Justicia copia íntegra de la imputación para conocimiento de la máxima instancia judicial y para que evalúe las medidas administrativas que considere pertinentes, teniendo en cuenta que la jueza continúa ejerciendo funciones en el interior del país.

Finalmente, el fiscal insistió en que toda investigación penal debe desarrollarse bajo estrictos criterios de legalidad, objetividad y transparencia, remarcando que cualquier comunicación entre partes involucradas en una causa debe canalizarse dentro de los mecanismos formales establecidos por el sistema acusatorio.