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Entregan abrigos a jóvenes en conflicto con la ley penal

Como parte de una iniciativa solidaria destinada a acompañar a adolescentes en situación de vulnerabilidad, jueces penales de la Adolescencia realizaron la entrega de abrigos y otros elementos de protección contra el frío a jóvenes en conflicto con la ley penal que se encuentran alojados en el Centro Educativo Itauguá.

La acción se desarrolló en el marco de la campaña “Abrigando con Esperanza”, promovida por la Corte Suprema de Justicia a través de los Juzgados Penales de la Adolescencia del Primer y Segundo Turno de la Capital. Los magistrados Liz Mongelós y Matías Garcete encabezaron la entrega de las donaciones, consistentes en abrigos, medias, mantas y otros artículos de primera necesidad para afrontar las bajas temperaturas.

Además de compartir la jornada con los adolescentes beneficiados, los jueces recorrieron las nuevas instalaciones del centro educativo, donde pudieron conocer las mejoras incorporadas recientemente para fortalecer las condiciones de permanencia y los procesos de formación de los jóvenes privados de libertad.

La actividad refleja el compromiso de los juzgados especializados con la protección y el acompañamiento integral de adolescentes en infracción con la ley penal, impulsando acciones que favorezcan su bienestar y contribuyan a su proceso de reinserción social.

Asimismo, la campaña pone de manifiesto la importancia de la solidaridad y del trabajo interinstitucional para brindar oportunidades y apoyo a quienes atraviesan contextos de especial vulnerabilidad, como lo son los jóvenes que se encuentran privados de su libertad.

Juró primer abogado Ayoreo Totobiegosode

La comunidad indígena Ayoreo Totobiegosode alcanzó un hecho sin precedentes en su historia. Tagüide Picanerai Etacore se convirtió este martes en el primer integrante de este pueblo originario en prestar juramento como abogado, marcando un paso significativo para el acceso de las comunidades indígenas a la educación superior y a las profesiones vinculadas al sistema de justicia.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, le tomaron juramento de ley, habilitándolo oficialmente para el ejercicio de la profesión.

Más allá del acto protocolar, la jornada estuvo cargada de simbolismo. La incorporación del primer profesional del Derecho proveniente de la comunidad Ayoreo Totobiegosode representa un avance en materia de inclusión y una muestra de las oportunidades que pueden generarse a través de la educación.

Durante la ceremonia, las autoridades judiciales destacaron la importancia de promover el acceso igualitario a la formación académica y reafirmaron el compromiso institucional con la protección de los derechos humanos, la inclusión social y el acceso efectivo a la justicia para todos los sectores de la población.

Para Tagüide Picanerai Etacore, el logro trasciende el plano personal. El nuevo abogado señaló que su graduación constituye una señal alentadora para otros jóvenes indígenas que aspiran a cursar estudios superiores y desarrollar una carrera profesional.

“Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, expresó tras la ceremonia.

El profesional también recordó que el acceso a la educación universitaria continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas comunidades indígenas del país. En ese contexto, consideró que su experiencia demuestra que es posible avanzar hacia nuevas oportunidades mediante el esfuerzo y la perseverancia.

Con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones, instó a los jóvenes a no abandonar sus objetivos pese a las dificultades que puedan surgir en el camino.

“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, manifestó.

La jura de Tagüide Picanerai Etacore marca así un momento histórico para la comunidad Ayoreo Totobiegosode y constituye un ejemplo del impacto que puede generar el acceso a la educación superior en la construcción de nuevas oportunidades para los pueblos indígenas en Paraguay.

Italia reconoce la labor de la fiscala Irma Llano

La reciente distinción otorgada por el Gobierno de Italia a la agente fiscal especializada en Cibercrimen, Irma Llano, constituye un nuevo reconocimiento a una trayectoria profesional construida a lo largo de más de dos décadas de servicio en el Ministerio Público. Con 26 años de labor ininterrumpida en la institución, la fiscal ha consolidado una carrera caracterizada por la constancia, la especialización y el compromiso con la investigación de delitos complejos.

Llano recibió la Orden de la Estrella de Italia, una de las más importantes condecoraciones que concede ese país a ciudadanos extranjeros, en reconocimiento a su aporte al fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen. El reconocimiento pone de relieve el trabajo articulado que ha desarrollado con organismos nacionales e internacionales en un contexto donde los delitos informáticos trascienden fronteras y exigen respuestas coordinadas entre Estados.

La trayectoria de la agente fiscal está estrechamente vinculada a la evolución de la investigación de delitos tecnológicos en Paraguay. Desde su especialización en esta área, ha intervenido en numerosas causas relacionadas con hechos punibles cometidos a través de medios digitales, contribuyendo al desarrollo de capacidades institucionales en un ámbito que adquiere cada vez mayor relevancia frente al avance de las tecnologías y la sofisticación de las organizaciones criminales.

Quienes siguen de cerca su carrera destacan que la reciente condecoración no constituye un hecho aislado. A lo largo de los años, la fiscal ha recibido diversas distinciones y reconocimientos vinculados a su desempeño profesional, reflejo de una labor sostenida que ha trascendido las fronteras nacionales y que la ha posicionado como una de las referentes del país en materia de investigación del cibercrimen.

Su trabajo también se ha desarrollado en un escenario marcado por desafíos institucionales. Como ocurre en distintas áreas del sistema de justicia, las limitaciones presupuestarias representan un factor que impacta en la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos necesarios para enfrentar delitos cada vez más complejos. Sin embargo, estas dificultades no han impedido el avance de las investigaciones bajo su responsabilidad.

A lo largo de más de dos décadas de servicio, Llano ha construido una imagen asociada a la integridad, la preparación técnica y la dedicación a la función pública. Su permanencia en el Ministerio Público durante 26 años refleja una trayectoria profesional sólida, marcada por el estudio constante y la adaptación a los nuevos desafíos que plantea la criminalidad en entornos digitales.

La condecoración otorgada por Italia se suma así a una carrera que ha dejado huellas tanto en el ámbito nacional como internacional, y que evidencia la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar delitos que evolucionan al ritmo de la tecnología. Más allá del reconocimiento recibido, el galardón también pone en valor el papel de los operadores de justicia que, desde distintas áreas de especialización, contribuyen al fortalecimiento de la respuesta estatal frente a las nuevas formas de la criminalidad.

PREVIM actualiza reglamento para mejorar la protección de las mujeres

Con el objetivo de consolidar una respuesta más eficiente y articulada frente a la violencia contra las mujeres, la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM) presentó su nuevo reglamento de funcionamiento, una herramienta que busca fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas y optimizar los mecanismos de prevención, atención y protección.

La presentación se realizó durante la primera reunión técnica del año de la Mesa PREVIM, desarrollada en Asunción con la participación de representantes de diversas instituciones del Estado. En representación del Poder Judicial participó la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género, Silvia López Safi, quien integra este espacio de trabajo impulsado por el Ministerio de la Mujer.

La actualización normativa marca un paso importante para el fortalecimiento de la instancia creada por la Ley N.° 5777/2016, que tiene la misión de articular acciones y políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el país.

Entre los principales cambios incorporados al reglamento se encuentra la regulación más precisa de la participación de organizaciones de la sociedad civil, estableciendo procedimientos claros para su integración, permanencia y eventual exclusión. Además, se institucionaliza la reunión anual de Altas Autoridades, un espacio estratégico para evaluar avances y definir prioridades en materia de protección de los derechos de las mujeres.

Otra de las novedades es la modificación de la frecuencia de las sesiones ordinarias de la Mesa, que pasarán a realizarse cada dos meses. El reglamento también incorpora mecanismos de seguimiento de compromisos y medidas ante ausencias injustificadas de las instituciones participantes, con el propósito de garantizar una participación activa y sostenida.

Autoridades del Ministerio de la Mujer destacaron que esta actualización permite subsanar un vacío normativo que se extendió por dos años y brinda mayor seguridad jurídica y operativa a la Mesa PREVIM. Asimismo, señalaron que las nuevas disposiciones apuntan a fortalecer la capacidad de respuesta estatal, evitando la revictimización de las mujeres y promoviendo una atención integral y coordinada.

Durante la jornada también fue presentado el Plan de Acción 2026, documento que orientará las intervenciones conjuntas de las instituciones integrantes de la Mesa. Según se informó, el 95 % de las metas previstas ya cuenta con financiamiento asegurado mediante cooperación internacional, lo que permitirá avanzar en la implementación de estrategias de prevención y asistencia.

Otro de los puntos destacados fue el inicio del proceso para incorporar a organizaciones de la sociedad civil al espacio interinstitucional. Para ello se conformó un comité de trabajo encargado de coordinar la convocatoria pública, cuyo objetivo es ampliar la participación ciudadana y fortalecer la legitimidad de las acciones impulsadas por la Mesa.

En el marco de la reunión, la representante del Poder Judicial propuso además la creación de un comité especializado para el análisis de casos emblemáticos relacionados con violencia contra las mujeres que involucran al sistema de justicia, iniciativa que recibió una valoración positiva por parte de las instituciones presentes.

La Mesa PREVIM reúne a organismos del sistema de justicia, seguridad, salud y protección social, consolidándose como uno de los principales espacios de coordinación estatal para enfrentar la violencia de género. Con la entrada en vigencia de su nuevo reglamento, la instancia busca fortalecer su funcionamiento interno y mejorar la capacidad del Estado para brindar respuestas oportunas y efectivas a las mujeres en situación de violencia.

Registran más de 1.000 causas por delitos sexuales contra menores en 2025

Los Juzgados Penales de Garantías del país recibieron durante el año 2025 un total de 1.074 causas vinculadas a delitos que afectan la integridad y la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, se dictaron 487 sentencias condenatorias por este tipo de hechos, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección de Estadística Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

El informe señala que los casos fueron reportados en todas las circunscripciones judiciales del territorio nacional. Sin embargo, más de la mitad de los expedientes (58%) se concentró en los departamentos de Central, Capital, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro. La tasa de incidencia alcanzó las 50 causas por cada 100.000 menores de edad.

Entre los hechos investigados se incluyen diversas conductas tipificadas por la legislación penal vigente para proteger a la población infantil y adolescente. El delito con mayor cantidad de registros fue el abuso sexual en niños, contemplado en el artículo 135 del Código Penal y actualizado mediante la Ley N.º 7394/24. Esta infracción se ubicó entre las siete categorías delictivas con mayor número de ingresos durante el año.

Respecto a las condenas, las estadísticas reflejan que 487 personas fueron halladas culpables de delitos contra la indemnidad sexual de menores. La pena promedio impuesta fue de nueve años de prisión. Asimismo, el estudio revela que el tiempo medio transcurrido entre la apertura de la causa y la emisión de una sentencia condenatoria fue de aproximadamente cuatro años.

Las jurisdicciones con mayor cantidad de condenas fueron Central, con 120 fallos; Capital, con 71; y San Pedro, con 57. En conjunto, estas tres circunscripciones concentraron el 51% del total de sentencias registradas durante el periodo analizado.

Por otra parte, datos acumulados entre 2020 y 2026 muestran que el Registro Nacional de Agresores Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes (R.A.S.), establecido por la Ley N.º 6572, contabilizó 1.416 personas inscriptas. De ese total, 1.386 corresponden a hombres y 30 a mujeres.

La Corte Suprema de Justicia destacó que la difusión de estadísticas especializadas permite fortalecer la transparencia institucional y facilita el acceso de la ciudadanía a información relacionada con el funcionamiento del sistema judicial. Además, estos datos sirven como base para el diseño y evaluación de políticas públicas destinadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia.

La institución reafirmó su compromiso de continuar generando y publicando información estadística confiable y técnicamente sustentada, con el objetivo de promover la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública.

Licitaciones amañadas: Fiscales piden acceso a documentos de IPS

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Los agentes fiscales Silvio Corbeta y Silvia González, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, se presentaron este lunes en la sede central del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicada en Asunción, con el fin de avanzar en una investigación penal relacionada con presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.

La diligencia se enmarca en una causa abierta que indaga posibles hechos irregulares en licitaciones que habrían sido tramitadas durante la administración anterior de la previsional.

Durante su visita institucional, los representantes del Ministerio Público fueron recibidos por el actual presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, a quien solicitaron la provisión y acceso a documentos internos, así como otros antecedentes administrativos considerados relevantes para el desarrollo de la investigación.

La intervención fiscal se realiza tras la resolución del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien la semana pasada dispuso la apertura de la causa penal. En el mismo acto, se conformó un equipo de agentes fiscales coordinado por la fiscal adjunta Nancy Salomón, encargado de indagar la presunta comisión de hechos punibles como lesión de confianza, malversación de fondos y otros delitos que pudieran ser detectados durante el proceso investigativo.

La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada el 13 de mayo de 2026 contra el exgerente de Abastecimiento y Logística del IPS, el expresidente del Consejo de Administración y otras personas aún no individualizadas.

Según los denunciantes, los abogados Juan Berni y María Muñoz, las supuestas irregularidades se habrían registrado en distintas etapas de los procesos de convocatoria y adjudicación de al menos cinco licitaciones públicas, lo que motivó el inicio de las pesquisas por parte del Ministerio Público.

Tres estadounidenses imputados por narcotráfico en Paraguay

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El Ministerio Público imputó a tres ciudadanos estadounidenses por su presunta participación en el ingreso de 261 kilos de marihuana de alta calidad al país, en el marco de una investigación por tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con los datos oficiales, la carga fue transportada en un jet privado que aterrizó en Asunción, donde fue interceptado en un operativo coordinado entre la Fiscalía y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, con apoyo de organismos de seguridad aeronáutica.

Las autoridades sostienen que la droga incautada estaría valuada en aproximadamente 2 millones de dólares, mientras que el costo operativo del traslado desde Estados Unidos hasta Paraguay se estima en unos 120 mil dólares.

Durante el procedimiento también fueron incautados teléfonos celulares, equipos de comunicación satelital y dispositivos informáticos, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos con el objetivo de reconstruir la posible red de contactos y la logística utilizada para el traslado de la sustancia ilícita.

En el marco de la investigación, un cuarto tripulante fue liberado, mientras que el piloto, de nacionalidad estonia, abandonó el país en un vuelo comercial. No obstante, las autoridades lo mantienen como requerido para prestar declaración en la causa.

La Fiscalía continúa con el análisis de las evidencias recolectadas, en un proceso que busca determinar la estructura de la operación y las eventuales responsabilidades de cada uno de los involucrados en el hecho investigado.

Inspeccionan funcionamiento de cárceles y régimen de condenas

Con el objetivo de supervisar el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y evaluar las condiciones en que se ejecutan las condenas, la jueza Penal de Ejecución de Ñeembucú, Mirna Nisselli Vera Ortiz, realizó una serie de visitas a centros de reclusión ubicados en distintos puntos del país.

La magistrada estuvo acompañada por la actuaria judicial interina, Lía Rocío Montiel, y el funcionario judicial Robert Ozuna, en el marco de las tareas de seguimiento que corresponden a los juzgados de ejecución penal respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales y la situación de las personas privadas de libertad.

La agenda comenzó en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, en Coronel Oviedo, donde se efectuó una revisión de documentación relacionada con las internas, incluyendo expedientes, registros laborales y estados procesales. Además, la comitiva recorrió las instalaciones para observar las condiciones de alojamiento y el funcionamiento general del establecimiento.

Durante esta visita, las autoridades judiciales fueron acompañadas por la directora del centro, Irma Ortiz, y la responsable del área judicial, Fátima Dávalos.

Posteriormente, la jueza se trasladó a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, donde pudo interiorizarse sobre el modelo de gestión implementado actualmente en el recinto. El sistema contempla programas enfocados en educación, capacitación laboral y reinserción social de las personas privadas de libertad, además de mejoras orientadas al fortalecimiento de la infraestructura y la administración penitenciaria.

El recorrido concluyó en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), ubicado en Emboscada y habilitado exclusivamente para mujeres. En el lugar fueron verificadas las áreas destinadas a alojamiento, atención sanitaria, formación académica, capacitación para el trabajo y espacios destinados al vínculo familiar.

Las inspecciones permitieron a la magistrada conocer de primera mano la realidad operativa de los distintos centros penitenciarios, así como las condiciones en las que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas. Estas acciones forman parte de las atribuciones de control y supervisión judicial destinadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el adecuado cumplimiento del régimen de ejecución penal.

Autorizan análisis de dispositivos electrónicos incautados a Dalia López

El Juzgado Penal de Garantías autorizó la extracción y análisis de información contenida en 16 dispositivos electrónicos incautados durante el procedimiento que culminó con la detención de la empresaria Dalia López, quien permaneció prófuga de la Justicia durante varios años.

La medida fue dispuesta por el juez Francisco Acevedo a solicitud del Ministerio Público, en el marco de la investigación que continúa abierta. Los elementos a ser peritados incluyen 12 teléfonos celulares y cuatro computadoras, considerados por la Fiscalía como potenciales fuentes de información relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Con la autorización judicial, los investigadores podrán acceder a datos almacenados en los equipos, entre ellos mensajes de texto, audios, conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, registros de contactos, fotografías y otros archivos digitales que eventualmente puedan aportar elementos a la causa.

La diligencia forma parte de los actos investigativos impulsados por el Ministerio Público dentro del plazo de investigación cuyo vencimiento está previsto para el próximo 2 de octubre.

Los dispositivos fueron incautados durante el allanamiento realizado en una vivienda donde fue localizada López, luego de permanecer varios años evadiendo la acción de la Justicia. En el mismo procedimiento también fueron hallados documentos y una importante suma de dinero en efectivo, consistente en 440 millones de guaraníes y 220.000 dólares, elementos que igualmente se encuentran bajo evaluación fiscal.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble situado sobre la calle Moisés Bertoni, en una zona cercana a una dependencia policial y a una sede del Ministerio Público.

Antecedentes del caso

Dalia López Troche, de 55 años, es investigada en una causa vinculada a la presunta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso. La empresaria fue identificada por los investigadores como una de las personas presuntamente involucradas en la estructura que facilitó la obtención de documentos irregulares que derivaron en el conocido caso relacionado con el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, su hermano y miembros de su entorno.

La causa se remonta a marzo de 2020 y, desde entonces, varias personas procesadas en el mismo expediente fueron condenadas a penas privativas de libertad que oscilan entre dos y cinco años de prisión.

Con el avance de las pericias sobre los dispositivos electrónicos, la Fiscalía busca determinar si existen nuevos elementos que permitan profundizar las investigaciones y establecer eventuales responsabilidades dentro del proceso penal en curso.

Avanzan mejoras en áreas destinadas a policías que prestan servicio en el Poder Judicial

Las instalaciones utilizadas por agentes policiales dentro del Palacio de Justicia de Asunción están siendo sometidas a un proceso de reestructuración y modernización con el objetivo de brindar mejores condiciones para el desarrollo de sus funciones y su permanencia en la sede judicial.

En el marco de estas tareas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, junto con el vicepresidente primero, doctor Luis María Benítez Riera, realizaron una inspección de las obras ejecutadas en los espacios ubicados en el subsuelo del edificio, donde habitualmente permanecen los efectivos asignados a tareas de seguridad y apoyo institucional.

Durante la visita, las autoridades verificaron los avances de las mejoras implementadas en las dependencias, que buscan convertir estos ambientes en espacios más cómodos, seguros y funcionales para el personal policial que cumple servicio en el recinto judicial.

Las intervenciones alcanzan a cinco habitaciones utilizadas de manera rotativa por cerca de 40 uniformados. Los trabajos contemplaron una renovación integral de la infraestructura, incluyendo pintura general, modernización de la iluminación mediante paneles LED, instalación de cielo raso, incorporación de equipos de climatización, mejoras en los sanitarios y dotación de mobiliario para optimizar las condiciones de habitabilidad.

Desde la máxima instancia judicial destacaron que estas acciones forman parte de una política orientada al fortalecimiento de la infraestructura institucional y al bienestar de quienes desempeñan funciones esenciales dentro del Palacio de Justicia. En ese sentido, remarcaron la importancia de ofrecer espacios adecuados que favorezcan el descanso, la organización y el cumplimiento eficiente de las labores asignadas.

Asimismo, se anunció la continuidad del proyecto mediante una segunda etapa de trabajos, que incluirá la incorporación de nuevos equipamientos y el seguimiento de las adecuaciones previstas, con el propósito de completar el proceso de modernización de las dependencias destinadas al personal policial.

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