Con el objetivo de supervisar el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y evaluar las condiciones en que se ejecutan las condenas, la jueza Penal de Ejecución de Ñeembucú, Mirna Nisselli Vera Ortiz, realizó una serie de visitas a centros de reclusión ubicados en distintos puntos del país.
La magistrada estuvo acompañada por la actuaria judicial interina, Lía Rocío Montiel, y el funcionario judicial Robert Ozuna, en el marco de las tareas de seguimiento que corresponden a los juzgados de ejecución penal respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales y la situación de las personas privadas de libertad.
La agenda comenzó en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”, en Coronel Oviedo, donde se efectuó una revisión de documentación relacionada con las internas, incluyendo expedientes, registros laborales y estados procesales. Además, la comitiva recorrió las instalaciones para observar las condiciones de alojamiento y el funcionamiento general del establecimiento.
Durante esta visita, las autoridades judiciales fueron acompañadas por la directora del centro, Irma Ortiz, y la responsable del área judicial, Fátima Dávalos.
Posteriormente, la jueza se trasladó a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, donde pudo interiorizarse sobre el modelo de gestión implementado actualmente en el recinto. El sistema contempla programas enfocados en educación, capacitación laboral y reinserción social de las personas privadas de libertad, además de mejoras orientadas al fortalecimiento de la infraestructura y la administración penitenciaria.
El recorrido concluyó en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), ubicado en Emboscada y habilitado exclusivamente para mujeres. En el lugar fueron verificadas las áreas destinadas a alojamiento, atención sanitaria, formación académica, capacitación para el trabajo y espacios destinados al vínculo familiar.
Las inspecciones permitieron a la magistrada conocer de primera mano la realidad operativa de los distintos centros penitenciarios, así como las condiciones en las que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas. Estas acciones forman parte de las atribuciones de control y supervisión judicial destinadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el adecuado cumplimiento del régimen de ejecución penal.
