El Ministerio Público dio este jueves el primer paso formal en la investigación del escándalo vinculado a la presunta expedición irregular de títulos de posgrado para estudiantes extranjeros, al presentar la primera imputación en la causa abierta tras una denuncia promovida por el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
La medida fue adoptada por el fiscal Aldo Cantero, quien imputó a un ciudadano de nacionalidad brasileña Ismael Fenner por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documento no auténtico y estafa, luego de un allanamiento realizado en el marco de las pesquisas.
La causa busca esclarecer un presunto esquema de captación de estudiantes extranjeros mediante el ofrecimiento de programas de maestría y doctorado que, según la investigación, no contaban con habilitación ni reconocimiento oficial en Paraguay, pese a ser promocionados como válidos para generar efectos académicos y profesionales en Brasil.
De acuerdo con la imputación, el ciudadano brasileño habría integrado una estructura organizada junto con otras personas cuya identidad aún está siendo determinada por los investigadores. El grupo presumiblemente se dedicaba a promocionar, comercializar y desarrollar programas de posgrado al margen de las exigencias legales del sistema educativo paraguayo.
Los antecedentes del caso señalan que para ejecutar el esquema se habría utilizado indebidamente el nombre, la imagen institucional y el prestigio de entidades académicas legalmente constituidas, entre ellas el Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), además de otras instituciones de educación superior reconocidas en el país, sin contar con autorización para ello.
La investigación sostiene que el ahora imputado captaba principalmente a ciudadanos brasileños interesados en cursar programas de maestría y doctorado, a quienes se les ofrecían estudios supuestamente reconocidos por las autoridades educativas paraguayas. Bajo esa premisa, los alumnos abonaban sumas de dinero en concepto de matrículas, inscripciones y aranceles académicos.
Uno de los aspectos centrales de la imputación se refiere a la presunta elaboración y utilización de documentación que buscaba otorgar apariencia de legalidad a las actividades desarrolladas. Según la Fiscalía, el investigado habría confeccionado o puesto en circulación documentos que aparentaban haber sido emitidos por instituciones educativas habilitadas y organismos oficiales del Estado paraguayo.
Entre los documentos cuestionados figuran resoluciones administrativas, certificados, diplomas, constancias académicas, programas de estudio y legalizaciones que, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, presentarían indicios de falta de autenticidad.
La imputación representa la primera acción penal concreta derivada de la investigación impulsada a partir de la denuncia formulada por el Ministerio de Educación y Ciencias, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para identificar a otros posibles integrantes de la estructura y determinar el alcance total del presunto esquema.
