La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún enfrentará juicio oral y público por presunto prevaricato a partir del próximo 22 de julio, en un proceso que su defensa considera carente de fundamentos jurídicos y que, según sostiene, debió concluir hace tiempo con un sobreseimiento definitivo.
El abogado Gustavo González Planás, representante legal de la exmagistrada, cuestionó duramente la acusación y afirmó que no existe argumento legal válido para mantener procesada a su defendida, teniendo en cuenta que la resolución judicial que motivó la causa fue ratificada en todas las instancias y actualmente se encuentra en plena etapa de ejecución.
Irún fue acusada por una resolución dictada en el marco de un litigio sobre inmuebles ubicados en zona de seguridad fronteriza. La Fiscalía sostiene que la entonces jueza resolvió en contravención a la Ley N.º 2532 de Seguridad Fronteriza, que establece restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados dentro de los 50 kilómetros de la línea fronteriza por parte de ciudadanos de países limítrofes.
Sin embargo, González Planás afirmó que las sociedades beneficiadas con la decisión judicial no estaban integradas por ciudadanos de países vecinos, sino por empresas constituidas en Chipre e Islas Vírgenes Británicas, cuyo único accionista es un ciudadano de origen coreano.
“El único accionista es un coreano, no existe participación de ciudadanos de países limítrofes y toda esa documentación fue incorporada al expediente. Están los estatutos, las traducciones, los documentos societarios y hasta el pasaporte del accionista”, explicó el abogado.
La defensa también remarcó que las acciones de dichas sociedades no son libremente transferibles, ya que cualquier cesión requiere la aprobación de órganos internos de gobierno corporativo, circunstancia que, según argumenta, elimina cualquier riesgo de que las propiedades terminen en manos de personas alcanzadas por las restricciones previstas en la legislación fronteriza.
Cuestionamientos a la acusación
González Planás recordó que la fiscal que inicialmente tuvo a su cargo la investigación solicitó el sobreseimiento definitivo de Irún tras concluir que no existían elementos para sostener una acusación en juicio oral.
Según relató, tras la oposición planteada al requerimiento conclusivo, la causa pasó a conocimiento de la Fiscalía Adjunta, que finalmente decidió acusar a la exjueza.
El abogado cuestionó particularmente el argumento utilizado para sostener la acusación, señalando que se pretendió atribuir a Irún la obligación de realizar investigaciones que, por ley, corresponden exclusivamente al Ministerio Público.
“La Fiscalía utilizó mecanismos internacionales, embajadas, gestiones diplomáticas y una serie de diligencias complejas para reunir información. Sin embargo, se sostiene que la jueza debió haber realizado esa misma investigación antes de resolver. Eso implicaría exigirle que abandone su deber de imparcialidad y asuma funciones investigativas que no le corresponden”, afirmó.
Para la defensa, la acusación desconoce además el contenido de la propia Ley de Seguridad Fronteriza, que establece como consecuencia jurídica de una eventual infracción la nulidad del acto, sin prever responsabilidad penal para el magistrado que dicte una resolución posteriormente cuestionada.
“La sentencia está siendo ejecutada”
Uno de los principales argumentos expuestos por González Planás es que la resolución atribuida a Irún superó todas las instancias de revisión judicial y mantiene plena vigencia legal.
“La sentencia fue confirmada hasta por la Corte Suprema de Justicia y hoy se encuentra en ejecución. Las transferencias de las propiedades se están realizando actualmente por disposición del juez que reemplazó a Tania Irún. Si la resolución fuera nula o ilegal, no podría estar siendo ejecutada”, sostuvo.
En ese contexto, calificó el proceso como un “absurdo jurídico” y reiteró que la exmagistrada nunca debió llegar a la etapa de juicio oral.
El juzgamiento estará a cargo de un Tribunal de Sentencia integrado por las magistradas Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, junto con el juez Juan Francisco Ortiz, quienes tendrán a su cargo el análisis de las pruebas y los argumentos planteados por las partes durante las audiencias previstas para el inicio del juicio.
