El incumplimiento de la obligación alimentaria continúa siendo una problemática creciente en Paraguay. Datos oficiales de la Corte Suprema de Justicia revelan que actualmente 2.382 personas se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), evidenciando la persistencia de los casos vinculados al incumplimiento de una de las obligaciones legales más sensibles: la asistencia económica a hijos e hijas.
El informe fue dado a conocer por el Centro de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependencia encargada de administrar y sistematizar los datos relacionados con este registro, creado como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de las resoluciones judiciales en materia alimentaria.
Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los deudores registrados son hombres. Del total de inscriptos, 2.347 corresponden al sexo masculino, mientras que 35 son mujeres.
Durante el primer semestre de 2026 también se registró un importante movimiento de consultas y verificaciones vinculadas al sistema. Entre enero y junio fueron expedidos 399.391 certificados del Redam, una cifra que refleja la creciente utilización de este mecanismo en distintos trámites administrativos, laborales y judiciales.
Los datos oficiales muestran además que las exclusiones del registro continúan siendo mínimas en comparación con la cantidad de personas incorporadas. En los primeros seis meses del año solamente cinco personas lograron salir del sistema tras regularizar su situación: dos en Asunción, dos en Alto Paraná y una en Itapúa.
Un registro con creciente incidencia
En los últimos años, el Redam se ha convertido en una herramienta esencial para el control del cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La inscripción en el registro puede generar restricciones para la realización de determinados trámites y constituye una medida orientada a incentivar el pago de las cuotas alimentarias fijadas judicialmente.
Desde distintos sectores vinculados al sistema de protección de la niñez se ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento, atendiendo que detrás de cada caso existe un impacto directo en niños, niñas y adolescentes que dependen de esos recursos para su alimentación, educación, salud y bienestar.
Las cifras difundidas por la Corte Suprema de Justicia vuelven a poner en evidencia una realidad que preocupa a operadores judiciales y organismos de protección: el incumplimiento de la asistencia alimentaria sigue siendo una problemática de significativa magnitud y con efectos directos sobre miles de familias paraguayas.
