Inicio Blog Página 51

La Corte impulsa renovación de la magistratura con énfasis en capacidad técnica y conducta ética

La Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al aprobar durante su última sesión plenaria la incorporación de nuevos magistrados, una decisión que forma parte de la política impulsada por la máxima instancia judicial para elevar los estándares de calidad, transparencia y eficiencia en la administración de justicia.

La determinación refleja la visión de la Corte de consolidar un sistema judicial integrado por profesionales con sólida formación académica, capacidad técnica comprobada y una conducta ética acorde con las responsabilidades que exige el ejercicio de la magistratura. Al mismo tiempo, la institución mantiene una línea de evaluación permanente sobre el desempeño de jueces y magistrados, con el objetivo de no ratificar a quienes no respondan plenamente a las exigencias propias de una función de tan alta sensibilidad para la ciudadanía.

En ese contexto, la Corte ha venido promoviendo la incorporación de nuevas figuras provenientes de distintos ámbitos del sistema de justicia, entre ellos fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales que han demostrado trayectoria, preparación y compromiso con el servicio público. Esta apertura busca nutrir a la magistratura de perfiles con experiencia práctica y conocimientos especializados, fortaleciendo así la calidad de las decisiones judiciales.

Antes de asumir sus nuevas funciones, los profesionales seleccionados mantuvieron reuniones y entrevistas con las máximas autoridades judiciales, ocasión en la que fueron interiorizados sobre los estándares que la Corte espera de quienes integran el Poder Judicial. Entre los principales aspectos abordados se destacó la necesidad de combinar excelencia técnica con una conducta ética irreprochable, entendiendo que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de la correcta aplicación de las normas, sino también de la integridad de quienes tienen la responsabilidad de impartirlas.

Como parte de las designaciones aprobadas, fueron incorporados a la magistratura Osvaldo Ariel Prates Grassi, como Juez Penal de Primera Instancia de la Capital; Sonia Elizabeth Torres Ibarrola, como Juez de Paz de La Encarnación; Marcelo Francisco Saldívar Bellassai, como Juez de Etapa Preparatoria; y Eduardo Javier Velázquez Cardozo, como Juez de Etapa Intermedia, todos correspondientes a la Circunscripción Judicial de la Capital.

Junto a ellos, otros profesionales recibieron la confianza institucional para asumir la delicada y trascendente tarea de administrar justicia, en una etapa en la que la Corte Suprema reafirma su compromiso con la renovación, la profesionalización y el fortalecimiento de la credibilidad del sistema judicial.

Desde la máxima instancia judicial sostienen que la construcción de una justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía requiere de magistrados que no solo posean conocimientos jurídicos sólidos, sino que también encarnen valores de independencia, responsabilidad y probidad, pilares fundamentales para responder a las demandas de la sociedad y fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Amparos judiciales ya cuestan más de G. 11.000 millones al IPS

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, mantuvo una reunión con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, para abordar una problemática que genera creciente preocupación en la previsional: el elevado costo de los amparos judiciales que obligan a la institución a cubrir prestaciones no previstas en su presupuesto.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron las consecuencias financieras que estos procesos judiciales tienen sobre las arcas del IPS, cuya erogación por este concepto ya supera los G. 11.000 millones. Según explicó Fretes, una parte importante de estas obligaciones corresponde a servicios y tratamientos que no forman parte de la planificación presupuestaria de la institución, comprometiendo seriamente su sostenibilidad.

El titular de la previsional señaló que la reunión permitió iniciar un trabajo coordinado con el Poder Judicial para encontrar alternativas que garanticen el derecho a la salud de los ciudadanos, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del IPS.

Como resultado del encuentro, se planteó la conformación de una mesa técnica multidisciplinaria integrada por representantes de la Corte Suprema, el IPS, el Ministerio de Salud Pública y universidades con hospitales universitarios. El objetivo será evaluar el alcance de los amparos judiciales y proponer mecanismos que permitan responder a las necesidades de los pacientes dentro de un marco legal y financiero sostenible.

Por su parte, el director Jurídico del IPS, Pablo Morínigo, sostuvo que la institución cumple con sus responsabilidades hacia los asegurados, aunque consideró necesario definir criterios más precisos sobre la participación de otras entidades estatales en los casos judicializados, especialmente cuando se trata de personas cuya condición de asegurado requiere una verificación adicional.

Martínez Simón expresó su respaldo a la creación de este espacio de trabajo interinstitucional, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la viabilidad de los servicios de salud.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre los distintos organismos del Estado será fundamental para garantizar respuestas oportunas a los pacientes y evitar que los amparos continúen generando un impacto que comprometa los recursos destinados a la atención de los asegurados.

Corte designa juez a Eduardo Velázquez en reconocimiento a su sólida carrera profesional

La Corte Suprema de Justicia designó por unanimidad al abogado Eduardo Velázquez como nuevo juez penal de etapa intermedia, en una decisión adoptada por los ministros de la máxima instancia judicial durante una sesión plenaria.

La propuesta fue presentada por la ministra Carolina Llanes, quien destacó la sólida formación académica del profesional, así como su extensa trayectoria dentro del Ministerio de la Defensa Pública, donde se desempeñó como defensor público especializado en el ámbito penal.

Durante su exposición, Llanes resaltó el perfil técnico y humano de Velázquez, haciendo énfasis en su permanente capacitación en el fuero penal y en el reconocimiento que ha cosechado a lo largo de los años entre sus colegas y operadores del sistema de justicia.

“Es una persona reconocida en el Ministerio de la Defensa Pública, respetado por los tribunales de sentencia por su correcta conducta como parte interviniente en los juicios orales. Realmente va a ser una incorporación valiosa para el Poder Judicial”, expresó Llanes al fundamentar su propuesta.

La designación fue acompañada por el voto unánime de los ministros de la Corte, lo que refleja el consenso alcanzado en torno a la idoneidad del abogado para integrar la magistratura.

Con este nombramiento, Velázquez pasa de ejercer funciones jurisdiccionales como juez penal de garantías, una instancia clave dentro del sistema penal, encargada de velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales durante las etapas iniciales del proceso.

La incorporación de Velázquez se produce en un contexto en el que la formación especializada, la experiencia práctica y la trayectoria ética constituyen aspectos especialmente valorados para el fortalecimiento de la administración de justicia.

Destacan el papel de la querella en el impulso de causas

El abogado penalista José Carlos Martínez destacó la importancia de la participación de la querella en las causas de acción penal pública, al considerar que su intervención puede contribuir al avance de las investigaciones y evitar que los procesos queden paralizados ante la elevada carga de trabajo que enfrenta el Ministerio Público.

Durante sus declaraciones, el profesional explicó que la figura de la querella cumple una función relevante en el acompañamiento de las investigaciones, especialmente en aquellos casos donde las víctimas buscan una participación más activa dentro del proceso penal.

Según Martínez, la intervención de la querella permite impulsar diligencias y realizar un seguimiento constante de las actuaciones desde las primeras etapas de la causa. “La querella es fundamental en estos tiempos, porque la querella colabora o ayuda a que el caso no quede estancado”, afirmó.

El abogado señaló que una de las principales dificultades que enfrenta el sistema penal es la sobrecarga de expedientes que deben atender los agentes fiscales, situación que, a su criterio, puede incidir en el ritmo de las investigaciones. En ese contexto, sostuvo que la participación de la querella puede representar un apoyo para que las causas continúen avanzando.

“Impulsa el caso desde el día uno, proponiendo diligencias, haciendo que el caso avance en la dirección correcta, porque lo que ocurre muchas veces con la sobrecarga de trabajo que tiene el Ministerio Público, estos casos quedan estancados”, expresó.

Martínez recordó además que el plazo ordinario de investigación establecido en el proceso penal es de seis meses, periodo que, si bien puede parecer extenso, suele resultar limitado para el desarrollo de determinadas pesquisas. En ese sentido, advirtió que la falta de actividad investigativa dentro de ese lapso puede generar consecuencias procesales.

“El plazo de investigación es de seis meses, un tiempo que parece largo, pero realmente es corto, y la inactividad fiscal muchas veces lleva a un resultado favorable para el procesado y desfavorable para la víctima”, manifestó.

Finalmente, consideró que la actuación de la querella permite complementar el trabajo de la Fiscalía mediante la promoción de diligencias y el seguimiento permanente de la causa, con el objetivo de que los hechos investigados puedan ser esclarecidos y, eventualmente, sometidos a juzgamiento cuando corresponda.

“Con una querella, uno trata de paliar ciertas deficiencias del Ministerio Público y trata de impulsar el caso para llegar a una instancia de juzgamiento, en caso de que sea necesario”, concluyó.

Auditoría revela ejecución del 63% de audiencias preliminares en una semana

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio a conocer su nuevo reporte de seguimiento correspondiente a las audiencias preliminares desarrolladas entre el 25 y el 29 de mayo de 2026, en el que se detalla el nivel de diligenciamiento de las distintas sedes jurisdiccionales de la Capital.

Durante el periodo evaluado, se registró la realización de 77 audiencias efectivamente diligenciadas, lo que representa el 63% del total programado, evidenciando un volumen significativo de actividad jurisdiccional. En contraste, 46 audiencias no pudieron llevarse a cabo, equivalente al 37% restante, al haber sido suspendidas por diversas causas procesales y operativas.

Entre los motivos de suspensión relevados, se destacan 30 casos a solicitud de parte, seguidos por 10 incomparecencias, además de 3 planteamientos procesales y 3 renuncias de la defensa técnica, configurando el principal factor de alteración del cronograma previsto.

El informe abarca las audiencias preliminares programadas en los Juzgados Penales de Garantías de la Capital, los Juzgados de Delitos Económicos, los Juzgados Penales de la Adolescencia (Primer y Segundo Turno), así como los tribunales especializados en Crimen Organizado (Primer, Segundo y Tercer Turno), reflejando el comportamiento general de la actividad judicial en estas dependencias durante la semana analizada.

Avanza la digitalización de servicios judiciales en San Pedro

Los Juzgados de Paz de San Estanislao, Santa Rosa del Aguaray y Choré incorporaron oficialmente la Mesa de Entrada en Línea y el sistema de Trámite Judicial Electrónico, en el marco del proceso de modernización tecnológica que impulsa la Corte Suprema de Justicia para fortalecer la administración de justicia en todo el país.

La implementación de estas plataformas digitales permitirá agilizar la gestión de expedientes, optimizar los procedimientos administrativos y brindar a los usuarios un acceso más rápido y eficiente a los servicios judiciales.

La habilitación de ambos sistemas se concretó el pasado 2 de junio en los Juzgados de Paz de San Estanislao, Santa Rosa del Aguaray en sus turnos primero y segundo y Choré, dependientes de la Circunscripción Judicial de San Pedro.

Para hacer posible la puesta en marcha de estas herramientas, técnicos de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), junto con personal de la Oficina de Informática de la Circunscripción Judicial de San Pedro, desarrollaron los ajustes tecnológicos necesarios y llevaron adelante jornadas de capacitación dirigidas a magistrados, funcionarios y usuarios del sistema judicial.

El acto de presentación de las nuevas plataformas se realizó en el Juzgado de Paz de San Estanislao y contó con la presencia de integrantes del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San Pedro, entre ellos los magistrados Alexi Alberto Barreto Iglesias y Fernando Benítez Franco.

Desde la máxima instancia judicial destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a incorporar soluciones tecnológicas que contribuyan a una justicia más transparente, moderna y cercana a la ciudadanía.

Además de mejorar la eficiencia operativa, la digitalización de los trámites favorece la reducción del uso de papel y otros materiales impresos, promoviendo prácticas sostenibles y un manejo más responsable de los recursos institucionales.

Mafia de pagarés: Analía Cibils queda fuera de la magistratura

La Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles no confirmar en la magistratura a la jueza Analia Cibils, en el marco del análisis de su continuidad dentro del Poder Judicial, en un contexto en el que su nombre había sido mencionado en investigaciones vinculadas al caso conocido como la “mafia de los pagarés”.

En su reemplazo, el pleno designó a la abogada Sonia Elizabeth Torres como nueva magistrada en el juzgado de La Encarnación, a propuesta de la ministra Carolina Llanes.

Durante la sesión plenaria, la ministra Llanes fundamentó su postulación destacando la trayectoria profesional de la profesional seleccionada, subrayando su formación académica y su extensa carrera dentro del sistema de justicia. En ese sentido, resaltó que Torres es egresada de la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura y posee una maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad Columbia, obtenida con calificación sobresaliente.

Asimismo, se mencionó su formación complementaria a través de diversos diplomados en áreas como derecho civil y procesal civil, métodos alternativos de resolución de conflictos, argumentación jurídica, derecho constitucional y procesal constitucional, así como especializaciones en ejecución penal, arbitraje y derecho internacional, entre otras instancias de actualización académica.

En cuanto a su trayectoria funcional, se destacó su paso por distintas dependencias del sistema judicial, iniciando su carrera como notificador y posteriormente como asistente jurisdiccional entre los años 2005 y 2010. Actualmente, se desempeña como actuaria judicial en un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del segundo turno de Luque, cargo que ocupa desde hace 16 años, acumulando en total dos décadas de servicio en la función pública.

La ministra Llanes también señaló que la designada no registra sanciones administrativas y que esta constituye su tercera postulación en terna para acceder a la magistratura.

Con esta decisión, la Corte redefine la integración del juzgado civil y comercial, en una resolución adoptada en sesión plenaria y en el marco de los mecanismos institucionales de selección y confirmación de magistrados.

La Corte no confirma al juez Mirko Valinotti y designa a su reemplazante

La Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles, en sesión plenaria, no confirmar en el cargo al juez penal de garantías Mirko Valinotti, y en su reemplazo designó al agente fiscal Marcelo Francisco Saldivar Bellassai como nuevo magistrado, tras una propuesta presentada por la ministra Carolina Llanes.

Durante el tratamiento del punto, la ministra Llanes fundamentó su postulación destacando la trayectoria profesional y académica de Saldivar Bellassai, a quien atribuyó un desempeño reconocido dentro del ámbito jurídico, además de subrayar que cuenta con el respeto de sus pares y de la comunidad jurídica. Asimismo, señaló que el profesional no registra denuncias de ningún tipo, elemento que, según su planteamiento, respaldaba su idoneidad para ocupar un cargo en la magistratura.

Con esta decisión, el agente fiscal designado pasará a ocupar el cargo en reemplazo de Valinotti, quien no obtuvo la confirmación para continuar en funciones como juez penal de garantías.

En la plenaria, los ministros Gustavo Santander, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos se pronunciaron a favor de la confirmación de Valinotti, mientras que el ministro César Garay optó por la abstención.

La resolución deja sin efecto la continuidad de Valinotti en la magistratura, mientras que se abre una nueva etapa para Saldivar Bellassai en el ámbito judicial de la Capital, donde tendrá la responsabilidad de seguir ejerciendo sus funciones con ética y compromiso características que posee según lo confirmado por la ministra Carolina Llanes.

Inicia investigación por posible desvío de fondos públicos en «campaña sucia»

0

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una causa penal para investigar denuncias relacionadas con una supuesta contratación y difusión de contenidos comunicacionales mediante campañas digitales que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado.

La decisión fue adoptada a través de la Resolución N.º 1937, mediante la cual también se conformó un equipo especial de agentes fiscales que tendrá a su cargo las diligencias investigativas del caso.

De acuerdo con los antecedentes consignados en la resolución, la investigación se origina a partir de una presentación realizada por los diputados nacionales Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo. Los legisladores solicitaron la intervención del Ministerio Público ante la presunta contratación y difusión de contenidos comunicacionales considerados ajenos al interés público mediante campañas digitales en plataformas de publicidad.

Asimismo, la resolución hace referencia a otra presentación formulada por el ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa, con patrocinio de los abogados Cecilia Pérez Rivas y Ezequiel Santagada. En dicho escrito se señala que recursos públicos destinados a programas de asistencia social habrían sido desviados mediante mecanismos de triangulación presupuestaria hacia una agencia de publicidad con sede en Colombia, con el supuesto objetivo de financiar campañas de hostigamiento digital dirigidas contra periodistas y figuras públicas.

Ante estos antecedentes, el Ministerio Público resolvió iniciar una investigación penal con el propósito de determinar la existencia o no de hechos punibles y esclarecer las circunstancias denunciadas. La institución recordó que, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, le corresponde impulsar la acción penal pública y reunir los elementos de convicción necesarios para el eventual ejercicio de las acciones judiciales correspondientes.

Para llevar adelante la investigación fue conformado un equipo integrado por las agentes fiscales Marlene Concepción González, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Laura Giacummo Fernández, de la misma especialidad; y Ruth, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos. La coordinación de los trabajos estará a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

La resolución también dispone la remisión de los antecedentes a los fiscales designados para la realización de las actuaciones correspondientes y la comunicación formal ante las dependencias competentes.

Con esta medida, el Ministerio Público da inicio a una etapa investigativa destinada a verificar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir del análisis de las evidencias y actuaciones que sean incorporadas al proceso.

Fiscalía despliega cobertura nacional para garantizar legalidad de las internas

0

Con el objetivo de garantizar la legalidad y la transparencia del proceso electoral, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la designación de agentes fiscales que tendrán competencia para intervenir en causas relacionadas con delitos electorales durante las elecciones internas simultáneas de los partidos, movimientos políticos y concertaciones electorales previstas para el próximo 7 de junio de 2026.

La medida establece una amplia cobertura institucional en las 19 áreas territoriales del Ministerio Público, con presencia en Asunción, Central y los distintos departamentos del país, permitiendo una respuesta inmediata ante eventuales hechos punibles que pudieran registrarse durante la jornada electoral.

Según la disposición, los agentes fiscales designados permanecerán al llamado durante el horario habilitado para las elecciones, atendiendo denuncias y requerimientos vinculados al desarrollo de los comicios. Asimismo, la resolución prevé la posibilidad de convocar a otros representantes del Ministerio Público en caso de que las circunstancias lo requieran.

En el Área III Central fueron asignados fiscales para las distintas sedes de la región. En la Fiscalía de Luque, con cobertura también para Areguá, fueron designados Sophia Galeano y Jorge Escobar. En Limpio fue nombrado Víctor Villaverde; en Mariano Roque Alonso, Gladys Teresita Paredes; en Capiatá, Benjamín Maricevich; en J. Augusto Saldívar, Rossana Martínez; en Itá, Eduardo Román; y en Itauguá, Juan Manuel Ledesma.

Igualmente, la nómina incluye a María Genoveva Figueredo para San Lorenzo, Fernando Melgarejo para Villeta, Amelia Bernal para Lambaré, Richard Acosta para San Antonio, Fani Aguilera para Villa Elisa, Mirian Santos de Mercado para Ñemby y Carlos Acuña para Fernando de la Mora.

En Asunción, la coordinación general estará a cargo de Sandra Ledesma, titular de la Unidad Especializada, acompañada por fiscales designados para los distritos de la Recoleta, San Roque, Catedral, Encarnación y Santísima Trinidad y Zeballos Cué, con el propósito de asegurar la cobertura integral de la capital durante las elecciones.

La resolución se fundamenta en las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Ministerio Público para promover acciones en defensa de los derechos electorales e intervenir en investigaciones relacionadas con posibles transgresiones a la normativa vigente.

La vigencia de la disposición fue establecida desde el 5 hasta el 8 de junio de 2026, periodo durante el cual los agentes fiscales deberán permanecer disponibles para atender cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo de los comicios.

Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso institucional de velar por el respeto de la voluntad popular, la protección de los derechos ciudadanos y la transparencia del proceso electoral, mediante una presencia activa y coordinada en todo el territorio nacional.

Stay connected

21,981FansMe gusta
3,912SeguidoresSeguir
22,900SuscriptoresSuscribirte