La Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles no confirmar en la magistratura a la jueza Analia Cibils, en el marco del análisis de su continuidad dentro del Poder Judicial, en un contexto en el que su nombre había sido mencionado en investigaciones vinculadas al caso conocido como la “mafia de los pagarés”.
En su reemplazo, el pleno designó a la abogada Sonia Elizabeth Torres como nueva magistrada en el juzgado de La Encarnación, a propuesta de la ministra Carolina Llanes.
Durante la sesión plenaria, la ministra Llanes fundamentó su postulación destacando la trayectoria profesional de la profesional seleccionada, subrayando su formación académica y su extensa carrera dentro del sistema de justicia. En ese sentido, resaltó que Torres es egresada de la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura y posee una maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad Columbia, obtenida con calificación sobresaliente.
Asimismo, se mencionó su formación complementaria a través de diversos diplomados en áreas como derecho civil y procesal civil, métodos alternativos de resolución de conflictos, argumentación jurídica, derecho constitucional y procesal constitucional, así como especializaciones en ejecución penal, arbitraje y derecho internacional, entre otras instancias de actualización académica.
En cuanto a su trayectoria funcional, se destacó su paso por distintas dependencias del sistema judicial, iniciando su carrera como notificador y posteriormente como asistente jurisdiccional entre los años 2005 y 2010. Actualmente, se desempeña como actuaria judicial en un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del segundo turno de Luque, cargo que ocupa desde hace 16 años, acumulando en total dos décadas de servicio en la función pública.
La ministra Llanes también señaló que la designada no registra sanciones administrativas y que esta constituye su tercera postulación en terna para acceder a la magistratura.
Con esta decisión, la Corte redefine la integración del juzgado civil y comercial, en una resolución adoptada en sesión plenaria y en el marco de los mecanismos institucionales de selección y confirmación de magistrados.
