El abogado penalista José Carlos Martínez planteó una reflexión sobre el funcionamiento de la audiencia preliminar dentro del sistema penal, señalando que esta etapa procesal no está cumpliendo plenamente su función de control y depuración de las causas antes de su elevación a juicio oral.
Según explicó, la audiencia preliminar constituye la última instancia de control jurisdiccional sobre las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público, por lo que reviste una importancia fundamental dentro del proceso penal.
«La audiencia preliminar no es un mero trámite, es la última etapa en la cual se hace el control jurisdiccional de todo lo actuado por el Ministerio Público», sostuvo el profesional.
Martínez consideró que, en la práctica, los procesos penales suelen avanzar de manera automática a través de sus distintas etapas, desde la imputación hasta el juicio oral, sin que exista un análisis suficientemente, técnico y riguroso de los requerimientos fiscales durante la etapa intermedia.
«En nuestro sistema penal parece ser que los procesos avanzan por inercia: imputación, acusación y juicio oral, y la audiencia preliminar no cumple su rol de filtro jurídico para el sistema», afirmó.
A criterio del abogado, el objetivo de esta fase debería ser detectar y corregir eventuales deficiencias de las investigaciones o de las acusaciones antes de que los casos lleguen a debate oral. En ese sentido, sostuvo que la falta de una revisión técnica exhaustiva contribuye a que lleguen a juicio causas que podrían presentar falencias importantes.
Martínez atribuyó esta situación, entre otros factores, a la necesidad de fortalecer la preparación técnica de los operadores del sistema de justicia. Asimismo, advirtió que la sobrecarga de los tribunales de juicio oral podría reducirse si en la audiencia preliminar se realizara un examen más estricto de los elementos que sustentan las acusaciones.
«Lo ideal es que en esta etapa se atajen las impurezas y se evite que avancen procesos que no van a soportar el debate», expresó.
El penalista también manifestó preocupación por la existencia de acusaciones que, según su visión, carecen de la precisión necesaria para garantizar plenamente el derecho a la defensa.
«Muchas veces los abogados tenemos que adivinar los hechos», señaló al referirse a requerimientos que considera insuficientemente individualizados o desarrollados.
Respecto al trabajo de la defensa técnica, Martínez indicó que los recursos y planteamientos promovidos por los abogados buscan corregir errores procesales y contribuir a una decisión ajustada a derecho, aunque en ocasiones estas actuaciones sean interpretadas como intentos de dilatar u obstaculizar los procesos.
«Nosotros como abogados defensores recurrimos estas decisiones intentando reencausar estos procesos y son vistos como actos que buscan obstaculizarlos, pero lo que tratamos es llegar a la verdad real», afirmó.
Finalmente, sostuvo que el papel de la defensa consiste en analizar exhaustivamente los requerimientos fiscales y promover las correcciones necesarias para garantizar que el proceso penal se desarrolle conforme a los principios de legalidad, debido proceso y búsqueda de la verdad.
«Es fundamental que los administradores de justicia hagan que la audiencia preliminar sea efectivamente un filtro para el sistema», concluyó.
