El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, formuló duras críticas contra el fiscal Leonardi Guerrero, a quien acusó de actuar de manera arbitraria en el tratamiento de una magistrada recientemente imputada, que según denunció se enteró de la medida a través de los medios de comunicación y aún no ha podido acceder formalmente a los fundamentos de su causa.
Las declaraciones fueron realizadas durante una sesión de la máxima instancia judicial, donde Ríos expresó su preocupación por lo que considera prácticas que afectan garantías básicas del debido proceso y el respeto entre instituciones del sistema de justicia.
Según relató el ministro, la magistrada involucrada habría conocido la existencia de la imputación mediante publicaciones periodísticas y, una semana después, todavía no habría recibido formalmente el documento fiscal ni tenido acceso a la carpeta investigativa.
“Hace una semana recibió la información de su imputación a través de los medios de comunicación y hasta hoy el agente fiscal no se digna en presentarle la imputación”, afirmó Ríos. Añadió que la situación resulta aún más preocupante porque la afectada forma parte del propio sistema judicial y necesita conocer los hechos que se le atribuyen para ejercer adecuadamente su defensa.
El integrante de la Corte también cuestionó la conducta atribuida al fiscal en una reunión solicitada por la jueza. Según expuso, la magistrada habría acudido a la sede fiscal para intentar dialogar con el agente del Ministerio Público, permaneciendo varias horas en espera sin ser recibida.
“Nos estaba comentando que vino a pretender conversar con el agente fiscal; la hizo esperar desde la mañana hasta las 15:00 y nunca la recibió”, manifestó.
A partir de ese episodio, Ríos planteó interrogantes sobre la forma en que algunos representantes del Ministerio Público se relacionan con los ciudadanos. “Si ese es el trato que dan a una magistrada, uno se imagina cómo es el trato a los ciudadanos comunes y corrientes”, expresó, aclarando que sus críticas no estaban dirigidas a la totalidad de los fiscales sino a determinadas actuaciones que considera irregulares.
Reclamo por el debido proceso
Otro de los puntos señalados por el ministro fue la práctica de difundir públicamente imputaciones antes de notificar formalmente a las personas afectadas.
“Primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después, cuando se les antoja, comunican la imputación a la persona afectada”, sostuvo, cuestionando los estándares utilizados en algunos casos para la comunicación de actuaciones procesales.
Durante su intervención, Ríos apeló incluso a una conocida referencia histórica vinculada al respeto de la justicia y el control del poder estatal, para advertir sobre la necesidad de preservar los contrapesos institucionales y evitar actuaciones que puedan interpretarse como abusivas.
Asimismo, dirigió un mensaje al fiscal general del Estado solicitando una reflexión sobre la relación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Necesitamos un mínimo trato de reciprocidad hacia quienes integran el Poder Judicial. Sin eso no hay Estado de Derecho posible, no hay República posible”, afirmó.
Otros ministros acompañaron la preocupación
Las expresiones de Ríos encontraron respaldo en otros miembros de la Corte. Los ministros Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia manifestaron su adhesión a la preocupación planteada durante la sesión.
Según se informó, ambos magistrados solicitaron que las denuncias y observaciones formuladas queden incorporadas en los antecedentes correspondientes, de manera que puedan ser consideradas en futuros procesos de evaluación y confirmación de los agentes involucrados.
