Tribunal de Cuentas anuló una multa impuesta a un funcionario judicial por llegadas tardías al concluir que el sumario administrativo y la resolución sancionatoria incumplieron los plazos reglamentarios. La decisión, adoptada por mayoría, podría sentar un precedente para otros procedimientos disciplinarios con demoras similares. La Corte Suprema deberá afrontar las costas del juicio, salvo que la decisión sea modificada en una eventual apelación.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia defendió los encuentros con magistrados y sostuvo que es necesario establecer pautas claras sobre las prácticas judiciales. Advirtió que la apertura de sumarios puede generar estigmatización, incluso antes de que exista una sanción.
El listado incluye a 87 magistrados, 37 fiscales, 23 defensores públicos y un agente síndico. La máxima instancia judicial recibió los antecedentes y revisa la documentación antes de adoptar una decisión en sesión plenaria.
Por cuatro votos contra tres, la Corte Suprema de Justicia resolvió avanzar con un concurso interno para cubrir cargos de actuarios y jefes de oficina en Alto Paraná. El ministro Manuel Ramírez Candia cuestionó que la convocatoria no esté abierta a toda la ciudadanía y abandonó la sesión al advertir que su postura no reuniría respaldo.
Un proyecto de ley plantea reemplazar el receso judicial de 30 días consecutivos en enero por dos periodos de 15 días, distribuidos entre enero y julio. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados pidió opinión a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados antes de emitir dictamen.
Un total de 52 audiencias preliminares fueron suspendidas entre el 12 y el 16 de octubre, según el reporte semanal de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. La incomparecencia y los pedidos de suspensión figuran entre los principales motivos.
El fiscal Julio Ortiz atribuye a Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez supuestas irregularidades en registros académicos entre 2009 y 2015 y la presunta ocultación de esa situación durante la venta de la institución. La Fiscalía también investiga la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Representantes de un gremio se reunieron con el ministro Eugenio Jiménez Rolón para exponer inquietudes sobre la gestión judicial y los tiempos de respuesta en la zona. El encuentro se realizó en Asunción.
La región Latinoamérica y el Caribe de la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas (WASLI) respaldó el amparo constitucional contra la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL). También lo hicieron asociaciones de intérpretes de Panamá y República Dominicana. El amparo cuestiona el proceso de acreditación de intérpretes de Lengua de Señas Paraguaya (LSPy). Los tres pronunciamientos están fechados el 19 de octubre y coinciden con el núcleo del planteo judicial: una evaluación limitada a documentos y avales no alcanza para verificar competencias profesionales.
