El Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de Central confirmó la sentencia que obliga a un padre a pagar la prestación alimentaria para sus hijas. La defensora pública María Viviana Villalba impulsó la demanda y logró sostener el monto frente al intento del progenitor de reducirlo a G. 1.500.000.
El fiscal Silvio Corbeta resaltó datos sobre el RUC y las declaraciones juradas de las firmas Tía Chela y Danielito, vinculadas a la provisión de kits de alimentos durante la pandemia. La defensa pidió incorporar publicaciones de páginas oficiales y aguarda una solución técnica para reproducir pruebas comunes en el juicio oral.
Resoluciones del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso dejaron sin efecto tres causas ejecutivas por irregularidades procesales y dispusieron la devolución de dinero a un funcionario de Salud Pública y dos docentes. La defensa pública invocó la Ley N.º 7614/25 y cuestionó notificaciones defectuosas y expedientes que no figuraban registrados.
Miguel Tadeo Fernández afirma que, pese a haber ganado un juicio de usucapión en todas las instancias, sigue sin obtener una resolución sobre sus honorarios profesionales. Cuestiona el recorrido de su expediente por distintas sedes judiciales, denuncia presuntas irregularidades y asegura que incluso solicitó una auditoría.
Con el lema “Usá tus días para vivir”, el Poder Judicial busca concienciar sobre la importancia de la detección precoz y difundir la legislación que permite a las trabajadoras acceder a estudios de papanicolau y mamografía.
La construcción de una imagen de respeto e integridad en la magistratura no depende únicamente de la investidura del cargo, sino también de las convicciones personales, la preparación profesional y la capacidad de actuar con independencia frente a las presiones externas. Así lo sostuvo el juez penal especializado Rodrigo Estigarribia, durante una entrevista con Judiciales Net, en la que reflexionó sobre los principios que deben orientar el ejercicio de la función judicial en la actualidad.
La defensa del exsenador Hernán Rivas, a cargo de la abogada Alba Zaracho, recurrió ante la Cámara de Apelaciones la condena de ocho años de prisión que recibió por el uso de un título falso de abogado para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La representación legal sostiene que la causa prescribió y solicita la absolución de su cliente.
La experta en derechos humanos y género sostiene que la multiplicidad de instancias para denunciar, la sobrecarga de los juzgados de Paz y la falta de mecanismos efectivos de control sobre los agresores dificultan la protección de las víctimas. Plantea la necesidad de crear juzgados especializados y fortalecer las medidas de seguridad.
José Fernández Zacur, defensor del expresidente del IPS Jorge Brítez, cuestionó las consecuencias sociales y patrimoniales que afrontan las personas sometidas a un proceso penal. Señaló que su cliente está inhibido de disponer de sus bienes registrables y calificó la situación como una “muerte civil”.
El colegiado concluyó que el acusado reaccionó ante una agresión inminente, luego de ser perseguido en un vehículo y confrontado por dos hombres. Los jueces sostuvieron que no estaba obligado a huir ni a esperar que lo golpearan para defenderse.
