Una mesa interinstitucional analizó una iniciativa legislativa que busca establecer en Paraguay un régimen de trabajo penitenciario autogestionado. La propuesta permitiría que las personas privadas de libertad accedan voluntariamente a empleos remunerados y que una parte de sus ingresos sea destinada a cubrir parcialmente los costos de alimentación y permanencia en prisión. El desafío será compatibilizar la sostenibilidad económica del sistema con los derechos laborales y la finalidad de reinserción social.
El sistema penitenciario paraguayo podría incorporar un nuevo modelo de trabajo para las personas privadas de libertad: empleos remunerados, desarrollados con participación del sector privado, cuyos ingresos podrían destinarse parcialmente a solventar los gastos que genera la permanencia de los reos en prisión.
La propuesta forma parte del proyecto de ley “Que establece un régimen de trabajo penitenciario autogestionado en Paraguay”, analizado esta semana en una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la diputada nacional Alexandra Zena, con participación del Ministerio de Justicia y representantes de diversas instituciones públicas.
El punto central de la iniciativa es significativo: el trabajo penitenciario dejaría de ser abordado exclusivamente como una herramienta ocupacional o de capacitación para incorporar un componente económico concreto. Las personas privadas de libertad que accedan voluntariamente a actividades laborales remuneradas podrían generar ingresos y destinar una parte de ello a contribuir con los costos de su propia permanencia en el sistema penitenciario, conforme a los mecanismos que finalmente establezca la ley.
Del encierro improductivo al trabajo remunerado
La iniciativa apunta a impulsar un régimen de trabajo penitenciario con mayor vinculación con el sector productivo privado.
Para ello, el proyecto contempla la posibilidad de establecer convenios con empresas e industrias para el desarrollo de actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios. La propuesta permitiría la instalación de talleres, la habilitación de espacios de producción y, eventualmente, la contratación de mano de obra penitenciaria.
El objetivo trasciende la generación de recursos. La incorporación de personas privadas de libertad a circuitos reales de trabajo también plantea una herramienta de preparación para la salida del sistema penitenciario, mediante la adquisición de experiencia, formación laboral y hábitos vinculados al empleo formal.
Sin embargo, el proyecto introduce un elemento adicional que puede generar uno de los principales debates durante su tratamiento legislativo: qué porcentaje de los ingresos podrá ser destinado a cubrir los gastos de alimentación y permanencia del trabajador en prisión y bajo qué condiciones se aplicará ese mecanismo.
Que el trabajo también contribuya a financiar el encierro
La propuesta plantea que parte de los ingresos obtenidos por las personas privadas de libertad pueda ser destinada a cubrir parcialmente los gastos derivados de su permanencia en prisión.
El planteamiento supone un cambio relevante en la discusión sobre el trabajo penitenciario. El Estado continuaría siendo responsable de la custodia y administración del sistema carcelario, pero se buscaría que quienes voluntariamente generen ingresos mediante actividades productivas puedan contribuir parcialmente al costo de su estadía.
La reglamentación y el debate legislativo deberán definir aspectos centrales del futuro régimen, como las condiciones de acceso al trabajo, la remuneración, el destino de los ingresos y los mecanismos para evitar que el sistema se convierta en una forma de explotación laboral.
Precisamente, el carácter voluntario y remunerado del trabajo será uno de los aspectos determinantes para evaluar el alcance de la iniciativa.
La participación del sector privado, una pieza esencial
Otro de los puntos centrales del proyecto es la participación de empresas e industrias dentro del modelo penitenciario.
La instalación de talleres y espacios de producción podría permitir que las actividades laborales desarrolladas en las penitenciarías tengan una conexión directa con las necesidades del mercado, en lugar de limitarse a emprendimientos aislados o actividades sin continuidad una vez que la persona recupera su libertad.
El desafío será diseñar un sistema que resulte atractivo para el sector privado sin que ello implique precarización de las condiciones laborales de las personas privadas de libertad.
La discusión también deberá determinar qué incentivos y garantías tendrán las empresas que participen del sistema y qué controles establecerá el Estado sobre las condiciones en las que se desarrollarán las actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios.
