La abogada Noelia Núñez solicitó al Tribunal de Sentencia que establezca con urgencia una nueva fecha para la realización del juicio oral y público contra la abogada Zully Ortiz, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, abogada y propietarios de la firma Vanessa y Asociados, luego de que la primera convocatoria fuera suspendida por la falta de traslado de dos de los acusados privados de libertad.

La profesional presentó un escrito ante el colegiado en el que reclama la pronta reprogramación de la audiencia, atendiendo la relevancia del proceso y el interés de las víctimas que aguardan el avance de una de las causas más emblemáticas vinculadas al esquema conocido como “mafia de pagarés”.

El juicio había sido fijado inicialmente para los días 8, 9 y 10 de julio de 2026. Sin embargo, la audiencia no pudo iniciarse debido a la incomparecencia de dos de los procesados que debían ser trasladados desde centros penitenciarios hasta la sede judicial.

Según expuso Núñez en su presentación, la suspensión no obedeció a una conducta rebelde de los acusados, sino a problemas operativos atribuidos a las autoridades penitenciarias, que alegaron falta de medios logísticos y de transporte para concretar el traslado.

“La audiencia plenaria no pudo materializarse debido a la flagrante incomparecencia de los acusados”, sostiene el escrito, agregando que la situación fue atribuida a deficiencias institucionales de los organismos encargados de la custodia de los internos.

Reclaman medidas para evitar nuevas dilaciones

La abogada argumentó que las limitaciones presupuestarias o logísticas del sistema penitenciario no pueden convertirse en una justificación para paralizar el proceso penal ni para postergar indefinidamente el inicio del juicio.

En ese sentido, recordó que el Código Procesal Penal otorga a los tribunales facultades suficientes para garantizar la presencia de los acusados mediante medidas coercitivas y órdenes de conducción compulsiva.

Núñez sostuvo que corresponde al Tribunal adoptar todas las acciones necesarias para asegurar que, una vez fijada una nueva fecha, los acusados sean trasladados oportunamente al Palacio de Justicia.

Asimismo, solicitó que se libre un mandato expreso a las direcciones de los establecimientos penitenciarios involucrados, con el objetivo de evitar que se repitan las circunstancias que derivaron en la suspensión de la audiencia.

La profesional también señaló que el debido proceso exige una justicia oportuna y sin dilaciones indebidas, especialmente en una causa de alto impacto social que lleva años de investigación.

“Representa a miles de víctimas”

Por otra parte, Núñez destacó además la situación de su representada, Ángela Mabel Zárate, a quien identifica como una de las víctimas del esquema investigado.

Según manifestó, el caso trasciende el interés individual de una sola persona y simboliza el reclamo de miles de ciudadanos que aseguran haber sido afectados por mecanismos irregulares de cobro judicial.

“La situación de mi representada no está aislada y su caso representa a miles de víctimas que no tuvieron acceso a la justicia y que hoy, a través de ella, claman una condena ejemplar para los acusados”, expresó.

La abogada remarcó que la realización de este juicio reviste una importancia especial debido a que se trata del primer debate oral derivado de las investigaciones relacionadas con la denominada “mafia de pagarés”, un esquema que generó numerosas denuncias por presuntas irregularidades en procesos ejecutivos y embargos.

Tribunal deberá resolver nueva convocatoria

La causa se encuentra a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Gregorio Paciello Cantero e integrado además por los jueces Antonia Corina Sanabria y José Eugenio Jacquet como miembros titulares. Christian González fue designado como magistrado suplente.

Ahora, el colegiado deberá analizar la situación y definir una nueva fecha para el inicio del juicio oral, que no pudo desarrollarse en la convocatoria anterior debido a la ausencia de dos de los acusados por problemas en su traslado desde los centros de reclusión.

La expectativa de las víctimas y de las partes intervinientes se centra en que el proceso pueda finalmente avanzar y convertirse en el primer juicio oral que examine a profundidad las responsabilidades penales dentro del esquema conocido como “mafia de pagarés”.

El defensor general Javier Esquivel advirtió sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en el sistema judicial paraguayo y sostuvo que, en la práctica, muchos jueces optan por ordenar el encarcelamiento de una persona antes que otorgarle la libertad, debido a las presiones institucionales y sociales que rodean a los procesos penales.

En una entrevista concedida a nuestro medio, Esquivel afirmó que la prisión preventiva, concebida legalmente como una medida excepcional, terminó convirtiéndose en una regla dentro del sistema penal.

“Acá la excepción se convirtió en regla”, expresó el titular del Ministerio de la Defensa Pública al analizar la elevada cantidad de personas privadas de libertad sin una condena firme.

Según señaló, uno de los factores que alimenta esta realidad es el temor de los magistrados a quedar expuestos a cuestionamientos públicos o a procesos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuando adoptan resoluciones que favorecen la libertad de los procesados.

“Es más fácil prisionizar que dar libertad”, afirmó. “Cuando vamos a hablar de modificaciones o de procesos legislativos también hay que involucrar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es el órgano al que el juez tiene un respeto especial. Muchas veces, para evitar controversias, el juez prefiere prisionizar”, agregó.

Esquivel sostuvo que existe una percepción entre algunos magistrados de que una resolución que concede la libertad puede generar más cuestionamientos que una que ordena la prisión preventiva, incluso cuando los presupuestos legales para encarcelar a una persona no están plenamente justificados.

En ese contexto, criticó que en ocasiones determinadas decisiones judiciales terminan siendo evaluadas más por el impacto mediático que por el análisis jurídico de cada caso.

“Muchas veces el juez, aunque no sea enjuiciado, ya tiene que responder informes o enviar explicaciones. Eso termina afectando la tranquilidad con la que debería resolver los expedientes”, manifestó.

La presión social detrás de las rejas

El defensor general también apuntó a un componente cultural que, a su criterio, contribuye a la alta tasa de encarcelamiento preventivo.

Indicó que una parte importante de la sociedad paraguaya asocia directamente la comisión de un delito con la necesidad de que una persona sea enviada a prisión, incluso antes de que exista una sentencia definitiva.

“La sociedad paraguaya muchas veces entiende que quien no está privado de libertad no cometió un delito. La comisión de un delito se equipara con la cárcel”, sostuvo.

Para Esquivel, esta visión genera un escenario en el que la prisión preventiva es percibida por amplios sectores como una forma de castigo anticipado, pese a que jurídicamente su finalidad es asegurar el desarrollo del proceso y no sancionar al imputado.

“Pareciera ser que solamente la prisionización importa en la sanción penal”, afirmó.

El desafío de la reinserción

El defensor general señaló además que el problema no termina cuando una persona recupera su libertad. Según explicó, quienes egresan del sistema penitenciario enfrentan enormes dificultades para reinsertarse socialmente debido al estigma asociado a los antecedentes penales.

“Tenemos un componente social muy fuerte. La sociedad tiene que estar en condiciones de recibir al que sale de prisión y hoy muchas veces se niega a hacerlo”, expresó.

Indicó que numerosos exreclusos encuentran cerradas las puertas del mercado laboral y, en algunos casos, incluso enfrentan el rechazo de sus propias familias.

“Muchas veces ni los familiares los quieren recibir. Conseguir trabajo con antecedentes es extremadamente difícil”, lamentó.

En ese sentido, recordó que desde la Defensa Pública impulsan una propuesta legislativa orientada a modificar el tratamiento de los antecedentes penales para quienes ya cumplieron íntegramente sus condenas.

La iniciativa plantea que los antecedentes continúen existiendo para fines estadísticos, criminológicos y policiales, pero que no se conviertan en un obstáculo permanente para acceder a oportunidades laborales una vez cumplida la pena.

Una discusión pendiente

Las declaraciones de Esquivel vuelven a instalar el debate sobre el uso de la prisión preventiva en Paraguay, un mecanismo que organismos nacionales e internacionales han señalado reiteradamente como una medida excepcional y no como una sanción anticipada.

Para el defensor general, el desafío no solo pasa por revisar las prácticas judiciales, sino también por transformar la percepción social que equipara justicia con encarcelamiento inmediato.

Mientras tanto, sostiene que miles de personas continúan enfrentando procesos penales desde la cárcel, en un sistema donde, muchas veces, ordenar la prisión resulta una decisión menos riesgosa para los magistrados que conceder la libertad.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación planteados por las defensas y dejó firme la condena de 10 años de prisión impuesta al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, y a su exjefe de gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra, por el desvío de fondos públicos destinados a la reactivación económica durante la pandemia.

Con esta decisión de la máxima instancia judicial, quedan confirmadas las sentencias dictadas en primera instancia contra los principales responsables del esquema que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central.

La Sala Penal estuvo integrada por los ministros Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes resolvieron rechazar los recursos extraordinarios presentados por los condenados.

Según la acusación fiscal, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles conformaron una estructura destinada a desviar recursos públicos mediante la utilización de documentos falsos y mecanismos irregulares de rendición de cuentas. Los fondos estaban destinados originalmente a proyectos de reactivación económica en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

La investigación reveló que los involucrados recurrieron a facturas falsas emitidas por contribuyentes de distintas zonas del país e incluso por funcionarios habilitados para facturar a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Mediante este esquema, justificaron desembolsos irregulares y obtuvieron beneficios económicos de manera ilícita.

Por estos hechos, el Tribunal de Sentencia condenó a Hugo Javier González y a Miguel Ángel Robles a 10 años de prisión por los delitos de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, en calidad de autores.

Además, fueron condenados otros exfuncionarios de la Gobernación de Central. Javier Marcelo Rojas, quien se desempeñaba en el área de Finanzas, recibió una pena de dos años de prisión. En tanto, el extesorero Luis Eduardo Allende Araújo, la exsecretaria general Lourdes Lezcano Decoud y la exdirectora de Asesoría Jurídica Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, aunque con suspensión de la ejecución.

Durante la lectura de la sentencia de primera instancia, la jueza Karina Cáceres sostuvo que los recursos públicos fueron utilizados de manera irregular y cuestionó la falta de documentación que respaldara los millonarios desembolsos.

“La plata del pueblo paraguayo fue utilizada de forma irregular: desembolsaron G. 5.105 millones sin respaldo documental, y ni siquiera se presentó el convenio para explicar las 14 obras existentes”, afirmó la magistrada.

El tribunal concluyó que entre 2020 y 2021 Miguel Ángel Robles lideró el esquema junto con funcionarios públicos, constructores y representantes de la Fundación CIAP para apropiarse de fondos pertenecientes a la Gobernación de Central.

La Fiscalía logró acreditar el desvío irregular de G. 5.105 millones mediante documentos, pericias técnicas y declaraciones testificales. De acuerdo con la acusación, los recursos fueron destinados a supuestas obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Con la decisión de la Corte Suprema, el caso queda prácticamente cerrado en el ámbito penal y las condenas impuestas adquieren firmeza, consolidando uno de los fallos más relevantes en materia de corrupción pública vinculada a la administración de fondos de emergencia durante la pandemia.

La etapa final del juicio por presunta frustración de la persecución y ejecución penal contra exautoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) llega a su etapa final con el pedido de condena formulado por el Ministerio Público contra el exministro Óscar Boidanich.

Durante la presentación de sus alegatos finales, el agente fiscal Francisco Cabrera solicitó al Tribunal de Sentencia la aplicación de una pena de dos años y seis meses de privación de libertad para Boidanich, acusado junto con Melissa Parodi y Raquel Cuevas por supuestamente haber omitido el tratamiento y la comunicación de reportes de operaciones sospechosas vinculados al cambista brasileño Darío Messer, considerado durante años uno de los principales operadores financieros de la región.

El representante del Ministerio Público argumentó que, al momento de plantear la sanción requerida, fueron considerados diversos elementos atenuantes. Entre ellos mencionó que finalmente no se produjo una afectación concreta al comiso de bienes relacionados con la causa, debido a que existe una resolución judicial que ordenó la confiscación de los activos involucrados.

Asimismo, destacó que Boidanich no registra antecedentes penales y que su condición profesional fue tenida en cuenta al momento de establecer una pena que, según sostuvo, permita una adecuada reinserción social. Cabrera también valoró la conducta procesal de los acusados y de sus defensores, señalando que durante el desarrollo del juicio no promovieron maniobras dilatorias ni obstaculizaron el avance del proceso.

La investigación sostiene que las entonces autoridades de la Seprelad habrían ignorado reportes de operaciones sospechosas remitidos por entidades financieras, entre ellas los relacionados con movimientos atribuidos a la firma CHAI S.A., empresa que, según la Fiscalía, mantenía vínculos con Darío Messer.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía la falta de análisis y comunicación de estos reportes habría dificultado el avance oportuno de investigaciones penales y comprometido las acciones destinadas a identificar y asegurar bienes que podrían estar relacionados con hechos ilícitos.

La acusación señala que esta conducta derivó en una supuesta frustración de la persecución penal, figura por la cual enfrentan juicio Boidanich, Parodi y Cuevas.

A la espera de la sentencia

Tras la conclusión de los alegatos de las partes, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos, deberá analizar los argumentos expuestos durante el juicio antes de emitir su fallo.

La causa se encuentra entre los procesos derivados de las investigaciones que involucraron a Darío Messer, quien fue señalado por autoridades de Paraguay y Brasil por integrar estructuras financieras dedicados al lavado de activos.

El inicio del primer juicio oral vinculado al denominado esquema de la “mafia de pagarés” quedó suspendido este miércoles debido a la falta de traslado de dos de los acusados hasta la sede judicial de Villa Hayes, situación que generó fuertes cuestionamientos por parte de la querella.

La abogada Noelia Núñez lamentó que la diligencia no haya podido desarrollarse pese a que la víctima realizó un importante esfuerzo para estar presente en la audiencia, afrontando gastos de traslado, la ausencia en su lugar de trabajo y una fuerte carga emocional.

“Es penoso que tenga que pasar por esta situación. Además del perjuicio económico y laboral, el desgaste emocional fue tan grande que incluso sufrió una descompensación”, manifestó la profesional.

Núñez sostuvo que la suspensión se produjo debido a la falta de traslado de los acusados Zully Ortiz y Julio Paiva, lo que impidió el inicio del debate oral previsto para esta semana. Asimismo, cuestionó que no se hayan adoptado mecanismos alternativos, como la participación telemática de los procesados, para evitar la suspensión de una audiencia considerada fundamental dentro de una de las primeras causas que llegan a juicio oral relacionadas con el caso.

“La víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad y no se puede relegar su derecho a un segundo plano. No se puede dejar de lado y último rango el derecho y la posición de la víctima”, expresó.

La suspensión también encendió la preocupación de la querella, que teme que este episodio marque el inicio de nuevas dilaciones en un proceso que ya enfrentó diversos obstáculos durante su tramitación.

Juicio fijado para tres jornadas

El Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes había establecido los días 8, 9 y 10 de julio de 2026 para la realización del juicio oral y público contra Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanessa y Asociados, además de la abogada Zully Ortiz.

La convocatoria fue dispuesta por el presidente del colegiado, Gregorio Paciello Cantero. El tribunal está integrado además por los magistrados Antonia Corina Sanabria y José Eugenio Jacquet como miembros titulares, mientras que Christian González fue designado como suplente.

El origen de la causa

La investigación se relaciona con denuncias sobre presuntas maniobras para impulsar ejecuciones judiciales mediante pagarés cuestionados, un esquema que en los últimos años derivó en numerosas denuncias y procesos penales.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, la denunciante Ángela Zárate accedió en octubre de 2013 a dos préstamos otorgados por Vanessa y Asociados por montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000. Según la acusación, las cuotas fueron descontadas mediante débito automático y las obligaciones habrían sido canceladas en su totalidad.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, pese a la cancelación de las deudas, los representantes de la firma habrían entregado posteriormente los pagarés a la abogada Zully Ortiz, quien en 2020 promovió una acción preparatoria de juicio ejecutivo y posteriormente un juicio por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.

Como resultado de ese proceso, se dispuso el embargo ejecutivo de la cuenta bancaria de la afectada y se ejecutó el cobro de la suma reclamada junto con las costas judiciales. El expediente fue dado por concluido en octubre de 2021, tras concretarse el pago total exigido en la demanda.

La causa es considerada una de las primeras que llega a la etapa de juicio oral dentro de las investigaciones abiertas por el denominado esquema de la “mafia de pagarés”, por lo que la suspensión del inicio del debate genera expectativa y preocupación tanto en las víctimas como en la querella.