El inicio del primer juicio oral vinculado al denominado esquema de la “mafia de pagarés” quedó suspendido este miércoles debido a la falta de traslado de dos de los acusados hasta la sede judicial de Villa Hayes, situación que generó fuertes cuestionamientos por parte de la querella.
La abogada Noelia Núñez lamentó que la diligencia no haya podido desarrollarse pese a que la víctima realizó un importante esfuerzo para estar presente en la audiencia, afrontando gastos de traslado, la ausencia en su lugar de trabajo y una fuerte carga emocional.
“Es penoso que tenga que pasar por esta situación. Además del perjuicio económico y laboral, el desgaste emocional fue tan grande que incluso sufrió una descompensación”, manifestó la profesional.
Núñez sostuvo que la suspensión se produjo debido a la falta de traslado de los acusados Zully Ortiz y Julio Paiva, lo que impidió el inicio del debate oral previsto para esta semana. Asimismo, cuestionó que no se hayan adoptado mecanismos alternativos, como la participación telemática de los procesados, para evitar la suspensión de una audiencia considerada fundamental dentro de una de las primeras causas que llegan a juicio oral relacionadas con el caso.
“La víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad y no se puede relegar su derecho a un segundo plano. No se puede dejar de lado y último rango el derecho y la posición de la víctima”, expresó.
La suspensión también encendió la preocupación de la querella, que teme que este episodio marque el inicio de nuevas dilaciones en un proceso que ya enfrentó diversos obstáculos durante su tramitación.
Juicio fijado para tres jornadas
El Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes había establecido los días 8, 9 y 10 de julio de 2026 para la realización del juicio oral y público contra Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanessa y Asociados, además de la abogada Zully Ortiz.
La convocatoria fue dispuesta por el presidente del colegiado, Gregorio Paciello Cantero. El tribunal está integrado además por los magistrados Antonia Corina Sanabria y José Eugenio Jacquet como miembros titulares, mientras que Christian González fue designado como suplente.
El origen de la causa
La investigación se relaciona con denuncias sobre presuntas maniobras para impulsar ejecuciones judiciales mediante pagarés cuestionados, un esquema que en los últimos años derivó en numerosas denuncias y procesos penales.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, la denunciante Ángela Zárate accedió en octubre de 2013 a dos préstamos otorgados por Vanessa y Asociados por montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000. Según la acusación, las cuotas fueron descontadas mediante débito automático y las obligaciones habrían sido canceladas en su totalidad.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, pese a la cancelación de las deudas, los representantes de la firma habrían entregado posteriormente los pagarés a la abogada Zully Ortiz, quien en 2020 promovió una acción preparatoria de juicio ejecutivo y posteriormente un juicio por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.
Como resultado de ese proceso, se dispuso el embargo ejecutivo de la cuenta bancaria de la afectada y se ejecutó el cobro de la suma reclamada junto con las costas judiciales. El expediente fue dado por concluido en octubre de 2021, tras concretarse el pago total exigido en la demanda.
La causa es considerada una de las primeras que llega a la etapa de juicio oral dentro de las investigaciones abiertas por el denominado esquema de la “mafia de pagarés”, por lo que la suspensión del inicio del debate genera expectativa y preocupación tanto en las víctimas como en la querella.
