El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo el juicio oral de la causa A Ultranza Py confirmó la permanencia del pastor José Insfrán en un sector de máxima seguridad, al rechazar un recurso promovido por su defensa, que pretendía el traslado del acusado a otro pabellón penitenciario.

La solicitud fue presentada por el abogado Nelson López, quien requirió que su representado sea reubicado en el Módulo 4 de la Penitenciaría Regional de Emboscada “Martín Mendoza”. Sin embargo, el colegiado desestimó el planteamiento y mantuvo las condiciones actuales de reclusión.

En su resolución, el Tribunal sostuvo que la decisión adoptada previamente no fue arbitraria y que se encuentra debidamente fundamentada en razones de seguridad. Los jueces señalaron que la medida busca resguardar tanto la integridad física del procesado como el normal desarrollo del proceso judicial.

Según el fallo, la permanencia de Insfrán en un área de máxima seguridad responde a la necesidad de minimizar riesgos dentro del sistema penitenciario, considerando las características del caso y el contexto en el que se encuentra acusado.

“Se busca evitar riesgos dentro de una población penal que pudiera verse influenciada por prebendas económicas provenientes de la delincuencia organizada”, señala la resolución judicial al fundamentar el rechazo del recurso de reposición con apelación en subsidio presentado por la defensa.

Acusado en el caso A Ultranza Py

José Insfrán es uno de los principales procesados en el operativo A Ultranza Py, considerado el mayor procedimiento contra el crimen organizado y el narcotráfico realizado en Paraguay. Para el Ministerio Público, el acusado ocupaba una posición relevante dentro de la estructura criminal atribuida al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La investigación sostiene que la organización habría operado una compleja red de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero con ramificaciones en varios países de la región.

Con esta decisión, el Tribunal mantiene sin modificaciones las condiciones de reclusión del procesado mientras continúa el desarrollo del juicio oral, uno de los procesos penales de mayor trascendencia vinculados al crimen organizado en Paraguay.

Las audiencias preliminares continúan mostrando dificultades para alcanzar niveles más altos de concreción en los juzgados de la Capital. De acuerdo con el más reciente informe elaborado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a la semana del 6 al 10 de julio de 2026, apenas el 58% de las diligencias previstas pudieron llevarse a cabo.

Los datos reflejan que de las 143 audiencias preliminares agendadas durante ese período, solamente 83 fueron efectivamente realizadas, mientras que 60 quedaron suspendidas, lo que equivale al 42% del total programado.

Las cifras evidencian que el sistema aún no logra romper la barrera del 60% de cumplimiento semanal, una situación que continúa impactando en el avance de los procesos penales y en los tiempos de respuesta de la administración de justicia.

Entre las principales causas de suspensión figuran los pedidos formulados por las partes, que representaron más de la mitad de los casos frustrados. El reporte señala que 35 audiencias fueron postergadas por solicitudes de suspensión, mientras que otras 17 no pudieron desarrollarse debido a la incomparecencia de alguna de las partes convocadas.

Asimismo, se registraron dos suspensiones por falta de traslado de personas privadas de libertad desde centros penitenciarios, cinco por incidentes o planteamientos procesales y una a raíz de la renuncia de la defensa técnica.

El seguimiento realizado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional abarca a los Juzgados Penales de Garantías de Capital, los especializados en Delitos Económicos, los Juzgados Penales de la Adolescencia de Primer y Segundo Turno, así como los juzgados especializados en Crimen Organizado de Primer, Segundo y Tercer Turno.

Los resultados vuelven a poner en evidencia los obstáculos que enfrenta el sistema judicial para garantizar la realización efectiva de las audiencias preliminares, una etapa clave dentro del proceso penal que permite definir si una causa avanza o no a juicio oral. Mientras persistan los elevados niveles de suspensión, el índice de concreción seguirá lejos de alcanzar niveles óptimos de eficiencia.

El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Gregorio Paciello Cantero fijó para los días 14, 17 y 18 de agosto próximo, a partir de las 08:30, la realización del juicio oral y público en la causa conocida como la “mafia de pagarés”, en la que están acusadas la abogada Zully Ortiz y los propietarios de la firma Vanessa y Asociados. Las partes ya fueron notificadas de la nueva convocatoria.

Además de Ortiz, enfrentarán juicio Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, abogada y propietarios de la mencionada empresa. La primera audiencia prevista para el juzgamiento no pudo concretarse debido a la falta de traslado de dos de los acusados, situación que obligó a su suspensión.

La nueva fecha fue establecida luego de que la abogada querellante Noelia Núñez, representante de la víctima Ángela Mabel Zárate, solicitara al Tribunal la pronta reprogramación del juicio, atendiendo la relevancia del caso y el impacto que genera para las presuntas víctimas de este esquema.

El colegiado encargado del juzgamiento está integrado por Gregorio Paciello Cantero como presidente y por los jueces Antonia Corina Sanabria y José Eugenio Jacquet como miembros titulares. Como magistrado suplente fue designado Christian González.

Antecedentes del caso

La investigación guarda relación con presuntas maniobras destinadas a impulsar ejecuciones judiciales mediante pagarés cuestionados, una modalidad que en los últimos años dio origen a numerosas denuncias y procesos penales.

Según los antecedentes de la causa, Ángela Mabel Zárate obtuvo en octubre de 2013 dos préstamos otorgados por Vanessa y Asociados por montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000. De acuerdo con la acusación, las cuotas correspondientes fueron descontadas mediante débito automático y las obligaciones habrían sido canceladas en su totalidad.

No obstante, la Fiscalía sostiene que, pese a la extinción de las deudas, los representantes de la firma habrían entregado posteriormente los pagarés a la abogada Zully Ortiz. Con esos documentos, la profesional habría promovido en 2020 una acción preparatoria de juicio ejecutivo y posteriormente un juicio por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.

El juicio oral previsto para agosto será el primero en llegar a esta etapa dentro de las causas vinculadas al denominado esquema de la “mafia de pagarés”, considerado uno de los casos de mayor repercusión en el ámbito judicial por la cantidad de denuncias relacionadas con supuestas ejecuciones basadas en documentos ya cancelados o cuya validez es cuestionada.

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García, Adriana Planás, y el juez Matías Garcete, condenó este lunes al exsenador argentino Edgardo Kueider y a su exsecretaria Iara Guinsel por tentativa de contrabando, al considerar probado que intentaron ingresar al Paraguay una importante suma de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante las autoridades aduaneras.

Kueider fue sentenciado a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena, mientras que Guinsel recibió una pena de un año y diez meses, también con suspensión de la ejecución.

Durante la lectura de la resolución, el colegiado concluyó que en el juicio quedó acreditado que ambos procesados intentaron ingresar al territorio paraguayo la suma de 211.000 dólares estadounidenses sin declarar, conducta que configuró el hecho punible de tentativa de contrabando.

Asimismo, el Tribunal resolvió mantener la medida de arresto domiciliario que pesa sobre ambos condenados. Kueider y Guinsel permanecen privados de libertad bajo esta modalidad desde diciembre de 2024, cuando fueron detenidos en el marco de la investigación.

La causa se originó tras un procedimiento de control en el que las autoridades detectaron el dinero que era transportado sin la documentación ni las declaraciones exigidas por las normativas vigentes para el ingreso de divisas al país.

Con esta sentencia, el proceso judicial alcanza una de sus etapas más relevantes, aunque las partes aún cuentan con la posibilidad de recurrir el fallo ante instancias superiores.

La causa impulsada por el empresario Christian Chena contra los responsables de la página “Despierta Paraguay” dio un nuevo paso con la presentación de una acusación por calumnia, mediante la cual la querella solicita que el proceso sea elevado a juicio oral y público.

La acción fue promovida por la abogada Alejandra Peralta Merlo, representante legal de Chena, quien sostuvo que la investigación no debe agotarse en la identificación de una sola persona, sino que debe permitir llegar a quienes habrían ideado y operado la estructura detrás de la cuenta digital señalada por la difusión de contenidos presuntamente difamatorios.

En ese contexto, la profesional manifestó su expectativa ante la declaración de Yecika Bracho Atacho, ciudadana venezolana vinculada a la investigación. Según indicó, la querella considera que su participación podría aportar elementos clave para esclarecer quiénes se encuentran realmente detrás de la plataforma.

“Esperamos que su testimonio permita aclarar cuál fue su grado de participación, por qué facilitó su identidad o su número telefónico y bajo qué circunstancias lo hizo. Creemos que puede aportar información relevante para seguir avanzando y determinar si existen otros responsables”, expresó Peralta.

La abogada señaló que, de surgir nuevos elementos durante el proceso, la querella solicitará la ampliación de la investigación hacia otras personas eventualmente involucradas. Asimismo, recordó que los plazos procesales podrían extenderse respecto de quienes resulten identificados a partir de nuevas evidencias.

Más allá del caso concreto, Peralta advirtió sobre los desafíos que enfrenta la justicia y los organismos de investigación ante la proliferación de campañas digitales de desinformación. Sostuvo que la utilización de redes sociales, internet e inteligencia artificial está dando lugar a modalidades cada vez más sofisticadas para la generación y difusión de contenidos falsos o manipulados.

Según afirmó, “Despierta Paraguay” habría sido creada con el propósito de desacreditar a personas críticas al Gobierno, incluyendo referentes políticos, ciudadanos y representantes del periodismo independiente. En ese sentido, consideró que el caso refleja una problemática que trasciende a los involucrados y plantea nuevos desafíos para el sistema judicial.

La representante legal de Chena sostuvo que las autoridades deben estar preparadas para investigar hechos que se desarrollan en entornos digitales complejos, donde resulta difícil identificar a los verdaderos autores de publicaciones realizadas a través de cuentas anónimas o utilizando herramientas tecnológicas avanzadas.

La causa tiene su origen en una querella innominada promovida por el empresario paraguayo con el objetivo de identificar a las personas que operaban las cuentas asociadas a “Despierta Paraguay”, a las que atribuye la difusión de publicaciones consideradas calumniosas.

Con la acusación presentada, la querella busca que el expediente avance a la etapa de juicio oral, mientras continúa insistiendo en que la investigación permita determinar la responsabilidad de todos los involucrados en la creación y administración de la página denunciada.