El Ministerio Público dio este jueves el primer paso formal en la investigación del escándalo vinculado a la presunta expedición irregular de títulos de posgrado para estudiantes extranjeros, al presentar la primera imputación en la causa abierta tras una denuncia promovida por el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La medida fue adoptada por el fiscal Aldo Cantero, quien imputó a un ciudadano de nacionalidad brasileña Ismael Fenner por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documento no auténtico y estafa, luego de un allanamiento realizado en el marco de las pesquisas.

La causa busca esclarecer un presunto esquema de captación de estudiantes extranjeros mediante el ofrecimiento de programas de maestría y doctorado que, según la investigación, no contaban con habilitación ni reconocimiento oficial en Paraguay, pese a ser promocionados como válidos para generar efectos académicos y profesionales en Brasil.

De acuerdo con la imputación, el ciudadano brasileño habría integrado una estructura organizada junto con otras personas cuya identidad aún está siendo determinada por los investigadores. El grupo presumiblemente se dedicaba a promocionar, comercializar y desarrollar programas de posgrado al margen de las exigencias legales del sistema educativo paraguayo.

Los antecedentes del caso señalan que para ejecutar el esquema se habría utilizado indebidamente el nombre, la imagen institucional y el prestigio de entidades académicas legalmente constituidas, entre ellas el Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), además de otras instituciones de educación superior reconocidas en el país, sin contar con autorización para ello.

La investigación sostiene que el ahora imputado captaba principalmente a ciudadanos brasileños interesados en cursar programas de maestría y doctorado, a quienes se les ofrecían estudios supuestamente reconocidos por las autoridades educativas paraguayas. Bajo esa premisa, los alumnos abonaban sumas de dinero en concepto de matrículas, inscripciones y aranceles académicos.

Uno de los aspectos centrales de la imputación se refiere a la presunta elaboración y utilización de documentación que buscaba otorgar apariencia de legalidad a las actividades desarrolladas. Según la Fiscalía, el investigado habría confeccionado o puesto en circulación documentos que aparentaban haber sido emitidos por instituciones educativas habilitadas y organismos oficiales del Estado paraguayo.

Entre los documentos cuestionados figuran resoluciones administrativas, certificados, diplomas, constancias académicas, programas de estudio y legalizaciones que, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, presentarían indicios de falta de autenticidad.

La imputación representa la primera acción penal concreta derivada de la investigación impulsada a partir de la denuncia formulada por el Ministerio de Educación y Ciencias, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para identificar a otros posibles integrantes de la estructura y determinar el alcance total del presunto esquema.

Un Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de prisión a un ciudadano argentino de 63 años tras hallarlo culpable de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación e incesto, en una causa que reveló un prolongado esquema de violencia sexual intrafamiliar ejercido durante décadas contra varias de sus hijas.

La condena fue obtenida por el fiscal Alberto Torres Flores, quien durante el juicio presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron acreditar tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la acusación sostenida por el Ministerio Público, los abusos se remontan a 1994, cuando la primera víctima tenía apenas 11 años. La investigación concluyó que las agresiones sexuales se prolongaron durante años en un contexto de dominación, amenazas y dependencia económica que impedía a las víctimas denunciar los hechos.

Uno de los aspectos más graves expuestos durante el juicio fue que las agresiones no se limitaron a una sola víctima. Con el paso de los años, el condenado dirigió los abusos hacia otras integrantes de su propio núcleo familiar, reproduciendo un patrón criminal que, según la Fiscalía, se mantuvo durante décadas y afectó a varias niñas y adolescentes bajo su autoridad y cuidado.

La causa también permitió establecer que el ahora condenado registraba antecedentes de denuncias por hechos similares, mientras que las evaluaciones realizadas por especialistas forenses y profesionales del Centro de Atención a Víctimas corroboraron los testimonios de las afectadas.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Edgar Lezcano, Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, resolvió imponer la pena máxima solicitada por el Ministerio Público, considerando la extrema gravedad de los hechos, la prolongación de las conductas delictivas y la condición de vulnerabilidad de las víctimas.

Los datos de identidad de las personas involucradas permanecen bajo reserva en cumplimiento de las normas de protección de niños y adolescentes.

Los casos de abuso sexual en niños siguen creciendo en el país y lo agravante es que quienes deben mantener seguros a los pequeños son quienes terminan agrediéndolos y sometiéndolos a situaciones doloras que difícilmente puedan superarlo a lo largo de sus vidas.

Los primeros resultados del operativo de asistencia masiva impulsado por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) para atender a víctimas de la denominada “mafia de los pagarés” revelan la magnitud del esquema denunciado. En apenas dos jornadas de atención, 78 personas reportaron descuentos y afectaciones patrimoniales que, en conjunto, alcanzan casi G. 5.000 millones.

Según datos procesados por la Dirección de Estadística del MDP, entre el 13 y el 14 de julio fueron atendidas 102 personas que acudieron en busca de orientación jurídica y asistencia para enfrentar procesos judiciales relacionados con cobros compulsivos y descuentos presuntamente irregulares.

Del total de afectados relevados, 78 lograron cuantificar el daño económico sufrido, que asciende a G. 4.857.485.753. Otras 24 personas señalaron que desconocen el monto exacto de los perjuicios que les fueron ocasionados, lo que evidencia las dificultades que enfrentan muchas víctimas para conocer el alcance real de los procesos promovidos en su contra.

Múltiples juicios y desconocimiento de las causas

Uno de los aspectos que más preocupa a la Defensa Pública es la dispersión de los expedientes judiciales. Durante las entrevistas, las víctimas identificaron al menos 128 juzgados o sedes donde se tramitan las demandas relacionadas con descuentos salariales. Sin embargo, las autoridades advierten que la cifra podría ser mucho mayor, ya que numerosos afectados desconocen la totalidad de los procesos iniciados en su contra.

Incluso se detectaron casos de personas que enfrentan simultáneamente varios juicios ejecutivos promovidos en distintas jurisdicciones, situación que dificulta el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y el seguimiento de las causas.

Entre los lugares más mencionados aparecen juzgados de Asunción, La Encarnación, La Catedral, Lambaré, San Lorenzo, San Roque y Villa Elisa, además de otras ciudades del interior del país. A esto se suma un dato llamativo: 17 personas afirmaron no saber siquiera en qué juzgado se tramita su expediente.

Mayoría de las víctimas son mujeres

El relevamiento también permitió identificar características de las personas afectadas. De los 102 usuarios asistidos, 69 son mujeres y 33 hombres, lo que representa una marcada predominancia femenina entre quienes denunciaron haber sido perjudicados por el esquema investigado.

Asimismo, el informe revela que casi el 66% de los asistentes acudió por primera vez al Ministerio de la Defensa Pública, lo que refleja el creciente interés de las víctimas en buscar apoyo institucional para esclarecer su situación judicial y patrimonial.

Presencia de comunidades indígenas entre los afectados

Otro dato relevante es que 23 de las personas atendidas pertenecen a pueblos indígenas, equivalente al 22,5% del total. La cifra pone de manifiesto el impacto que este tipo de procesos también habría tenido sobre sectores especialmente vulnerables de la población.

Asistencia continúa en todo el país

Desde el Ministerio de la Defensa Pública informaron que las tareas de asesoramiento, orientación jurídica y designación de defensores públicos continúan de manera ininterrumpida en las 57 sedes de la institución distribuidas en todo el territorio nacional.

Las cifras obtenidas durante estas primeras jornadas ofrecen una radiografía preliminar de una problemática que sigue siendo objeto de investigación y que podría involucrar perjuicios económicos de gran magnitud para cientos de personas afectadas por procesos judiciales que actualmente son revisados por las autoridades.

La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún enfrentará juicio oral y público por presunto prevaricato a partir del próximo 22 de julio, en un proceso que su defensa considera carente de fundamentos jurídicos y que, según sostiene, debió concluir hace tiempo con un sobreseimiento definitivo.

El abogado Gustavo González Planás, representante legal de la exmagistrada, cuestionó duramente la acusación y afirmó que no existe argumento legal válido para mantener procesada a su defendida, teniendo en cuenta que la resolución judicial que motivó la causa fue ratificada en todas las instancias y actualmente se encuentra en plena etapa de ejecución.

Irún fue acusada por una resolución dictada en el marco de un litigio sobre inmuebles ubicados en zona de seguridad fronteriza. La Fiscalía sostiene que la entonces jueza resolvió en contravención a la Ley N.º 2532 de Seguridad Fronteriza, que establece restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados dentro de los 50 kilómetros de la línea fronteriza por parte de ciudadanos de países limítrofes.

Sin embargo, González Planás afirmó que las sociedades beneficiadas con la decisión judicial no estaban integradas por ciudadanos de países vecinos, sino por empresas constituidas en Chipre e Islas Vírgenes Británicas, cuyo único accionista es un ciudadano de origen coreano.

“El único accionista es un coreano, no existe participación de ciudadanos de países limítrofes y toda esa documentación fue incorporada al expediente. Están los estatutos, las traducciones, los documentos societarios y hasta el pasaporte del accionista”, explicó el abogado.

La defensa también remarcó que las acciones de dichas sociedades no son libremente transferibles, ya que cualquier cesión requiere la aprobación de órganos internos de gobierno corporativo, circunstancia que, según argumenta, elimina cualquier riesgo de que las propiedades terminen en manos de personas alcanzadas por las restricciones previstas en la legislación fronteriza.

Cuestionamientos a la acusación

González Planás recordó que la fiscal que inicialmente tuvo a su cargo la investigación solicitó el sobreseimiento definitivo de Irún tras concluir que no existían elementos para sostener una acusación en juicio oral.

Según relató, tras la oposición planteada al requerimiento conclusivo, la causa pasó a conocimiento de la Fiscalía Adjunta, que finalmente decidió acusar a la exjueza.

El abogado cuestionó particularmente el argumento utilizado para sostener la acusación, señalando que se pretendió atribuir a Irún la obligación de realizar investigaciones que, por ley, corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

“La Fiscalía utilizó mecanismos internacionales, embajadas, gestiones diplomáticas y una serie de diligencias complejas para reunir información. Sin embargo, se sostiene que la jueza debió haber realizado esa misma investigación antes de resolver. Eso implicaría exigirle que abandone su deber de imparcialidad y asuma funciones investigativas que no le corresponden”, afirmó.

Para la defensa, la acusación desconoce además el contenido de la propia Ley de Seguridad Fronteriza, que establece como consecuencia jurídica de una eventual infracción la nulidad del acto, sin prever responsabilidad penal para el magistrado que dicte una resolución posteriormente cuestionada.

“La sentencia está siendo ejecutada”

Uno de los principales argumentos expuestos por González Planás es que la resolución atribuida a Irún superó todas las instancias de revisión judicial y mantiene plena vigencia legal.

“La sentencia fue confirmada hasta por la Corte Suprema de Justicia y hoy se encuentra en ejecución. Las transferencias de las propiedades se están realizando actualmente por disposición del juez que reemplazó a Tania Irún. Si la resolución fuera nula o ilegal, no podría estar siendo ejecutada”, sostuvo.

En ese contexto, calificó el proceso como un “absurdo jurídico” y reiteró que la exmagistrada nunca debió llegar a la etapa de juicio oral.

El juzgamiento estará a cargo de un Tribunal de Sentencia integrado por las magistradas Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, junto con el juez Juan Francisco Ortiz, quienes tendrán a su cargo el análisis de las pruebas y los argumentos planteados por las partes durante las audiencias previstas para el inicio del juicio.

A pocos días del inicio del juicio oral y público previsto para el exsenador Hernán Rivas, el abogado Martín Muñoz presentó un pedido formal para asumir su defensa en el proceso que investiga la presunta utilización de documentos académicos falsos para acreditar su condición de abogado.

Muñoz confirmó a nuestro medio que se encuentra en proceso de acceder a la documentación requerida para ejercer formalmente la defensa del exlegislador sospechado de tener el título falso de abogado.

Según los antecedentes del caso, el profesional solicitó intervenir como defensor del acusado y actualmente realiza las gestiones necesarias para acceder al expediente judicial, con el objetivo de ejercer la representación legal de Rivas durante las siguientes etapas del proceso.

La causa se encuentra en etapa de juicio oral y público, cuya apertura fue fijada para el próximo 21 de julio por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas María Fernanda García de Zúñiga, quien preside el colegiado, Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate.

Acusación fiscal

El Ministerio Público sostiene que Hernán Rivas habría utilizado documentos académicos cuya autenticidad es cuestionada, entre ellos un certificado de estudios y un título de abogado supuestamente emitidos por la Universidad Sudamericana.

De acuerdo con la acusación, no existirían registros académicos suficientes que acrediten que el entonces legislador cursó y aprobó la carrera de Derecho entre los años 2010 y 2015, período en el que habría obtenido los documentos cuestionados.

Los fiscales afirman que dichos certificados fueron posteriormente utilizados para trámites de relevancia institucional. Entre ellos figura la solicitud de matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia, presentada en junio de 2020, así como su posterior designación como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Juicio oral en puerta

La Fiscalía atribuye al exsenador la presunta comisión del hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La hipótesis acusatoria señala que, aunque Rivas no habría elaborado directamente los documentos, habría promovido o inducido su emisión con información que no se ajustaría a su trayectoria académica real.

Con el pedido de intervención presentado por Martín Muñoz, la defensa del exparlamentario busca quedar formalmente constituida antes del inicio del juicio, instancia en la que se debatirán las pruebas ofrecidas por las partes y se determinará la eventual responsabilidad penal del acusado.

La insistencia del Ministerio Público permitió que el Tribunal de Sentencia, reconsidere la fecha inicialmente establecida para el inicio del juicio oral y público en la causa que investiga el asesinato de Melania, la niña de 11 años que fue hallada sin vida en la ciudad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, el 21 de julio de 2025.

Tras los planteamientos realizados por los fiscales Laury Vázquez y Carlos Ramírez, el presidente del Tribunal, Mario Miranda, resolvió adelantar la audiencia de juzgamiento para el próximo 20 de julio de 2026, a las 08:00 horas, en el Palacio de Justicia de Caazapá. La nueva fecha cobra especial relevancia al coincidir prácticamente con el primer aniversario del crimen que conmocionó al país.

La representación fiscal argumentó la necesidad de acelerar el inicio del proceso luego de haber agotado los mecanismos legales disponibles para evitar que el avance de los plazos procesales genere consecuencias que puedan afectar el desarrollo de la causa. Entre las preocupaciones expuestas por los investigadores se encuentra el hecho de que el adolescente acusado se encuentra próximo a compurgar la pena mínima prevista en el régimen penal adolescente, situación que hacía urgente la realización del juicio.

Inicialmente, el juzgamiento estaba previsto para junio pasado; sin embargo, una providencia del Tribunal de Sentencia Colegiado de Caazapá dispuso su postergación hasta el 6 de agosto de 2026. Ante esa decisión, el Ministerio Público promovió un recurso de reposición con apelación en subsidio, insistiendo en la necesidad de una pronta definición judicial.

Los fiscales sostuvieron que el adelantamiento de la audiencia constituye una medida necesaria para resguardar el derecho que asiste a la familia de la víctima, además de garantizar una respuesta oportuna del sistema de justicia en un caso de alto impacto social.

El adolescente enfrenta acusación por los presuntos hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio, en relación con la muerte de Melania, cuyo asesinato generó una profunda conmoción en la comunidad de Fulgencio Yegros y en todo el país. Con la nueva determinación judicial, el proceso ingresará finalmente a la etapa de juicio oral un día antes de cumplirse un año de uno de los casos más sensibles registrados en Caazapá durante los últimos años.