La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún enfrentará juicio oral y público por presunto prevaricato a partir de este 22 de julio, en una causa que su defensa considera jurídicamente infundada y que, según sostiene, representa un peligroso precedente para la independencia de los magistrados y el funcionamiento del Poder Judicial.
El abogado Gustavo González Planás, defensor de la exmagistrada, manifestó su preocupación por las implicancias institucionales del proceso, al señalar que su cliente será juzgada por una resolución que, a su criterio, fue y es legal y además fue confirmada por instancias superiores.
“Es grave para el Poder Judicial, grave para la libertad de los magistrados, la libertad intelectual hablo. Realmente estamos un poco preocupados. Jurídicamente estamos tranquilos, pero extrajurídicamente estamos con un poco de temor por la forma en que se está llevando este proceso”, afirmó.
Según el profesional, la acusación impulsada por la fiscal adjunta Soledad Machuca desnaturaliza la figura penal del prevaricato al sostener que la decisión judicial cuestionada habría puesto en peligro una situación jurídica, cuando según argumenta el tipo penal exige un resultado concreto y una contradicción expresa con la ley.
“Se criminaliza el resultado de una resolución judicial legal. Esa es la parte grave, porque el prevaricato existe y tiene que ser contra el texto expreso, violando la ley, y no habiendo puesto en peligro una situación”, sostuvo.
González Planás insistió en que la acusación no podrá probar el dolo, la intención de la magistrada para torcer la ley porque no hubo tal situación. Agregó que, la acusación se basa en una interpretación equivocada de la norma penal. “Ahí está el gran error, lo que desnaturaliza y que convierte en ilegal la acusación de la fiscal Machuca, ella dice que se puso en peligro. Vuelvo a repetir, el prevaricato es un delito de resultado. Es el que dicta una resolución en contra de la ley, el verbo rector. Entonces, estamos en una situación absurda, un escándalo jurídico, por llamarlo por su nombre”, expresó.
La causa tiene origen en una resolución dictada por Irún en el marco de un litigio sobre inmuebles ubicados en zona de seguridad fronteriza. La Fiscalía sostiene que la entonces jueza resolvió en contravención a la Ley N.º 2532 de Seguridad Fronteriza, que establece restricciones para la adquisición de inmuebles situados dentro de los 50 kilómetros de la línea fronteriza por parte de ciudadanos de países limítrofes.
Sin embargo, la defensa sostiene que la decisión cuestionada fue adoptada dentro de los parámetros legales y que el proceso penal nunca debió avanzar hasta esta instancia. Para González Planás, el caso debió haber concluido con un sobreseimiento definitivo.
El abogado también hizo referencia a las consecuencias personales y profesionales que el proceso ha tenido para su representada. Aseguró que los perjuicios sufridos por Irún son incalculables, considerando que perdió su cargo y enfrenta un juicio penal injusto por una resolución que, según remarcó, actualmente continúa produciendo efectos jurídicos.
A un día de inicio del juicio oral, la defensa insiste en que el debate excede la situación particular de la exjueza y plantea una discusión de fondo sobre los límites de la responsabilidad penal de los magistrados por las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.
