La Justicia resolvió unificar las condenas que pesan sobre el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, y dispuso el inicio del proceso de reinserción social previsto en el régimen de ejecución penal, como paso previo a una eventual concesión de salidas transitorias y, posteriormente, de la libertad condicional.

Alvarenga cumple actualmente dos sentencias firmes, una por enriquecimiento ilícito y otra por estafa, ambas derivadas de hechos cometidos durante su desempeño en la institución policial.

De acuerdo con el cómputo realizado por el juzgado de ejecución, el exjefe policial extinguirá la totalidad de su pena el 9 de marzo de 2030. No obstante, podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional a partir del 9 de enero de 2027, siempre que reúna los requisitos legales y cumpla con el plan de tratamiento establecido por las autoridades judiciales.

Como parte del procedimiento, el juzgado libró oficios a distintas instituciones para avanzar en las evaluaciones necesarias. Entre las medidas adoptadas figuran entrevistas telemáticas con la psicóloga forense y la trabajadora social del juzgado, además del requerimiento a la Agrupación Especializada para que remita un informe criminológico sobre la evolución del interno durante el cumplimiento de su condena.

Asimismo, se ordenó la realización de un estudio toxicológico en el Centro Nacional de Adicciones, fijado para el 3 de agosto, y se solicitó al Departamento de Identificaciones los antecedentes civiles y policiales actualizados del condenado.

El proceso también contempla un seguimiento psicológico y la participación en programas orientados a la reinserción social. Según los lineamientos establecidos por la Justicia, uno de los objetivos es verificar que el condenado comprenda el perjuicio patrimonial ocasionado por los delitos por los cuales fue sentenciado y que reúna las condiciones para una futura reincorporación a la sociedad.

El caso de Francisco Alvarenga es considerado uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con hechos de corrupción en los altos mandos de la Policía Nacional, al haber derivado en condenas por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública y por estafa.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, alertó sobre el creciente impacto que tienen las acciones de amparo contra el Ministerio de Salud Pública, al señalar que la institución recibe entre 2.000 y 3.000 recursos judiciales por mes, una situación que, según afirmó, compromete la planificación y el uso eficiente de los recursos destinados a la atención sanitaria.

En declaraciones a la 1020 AM, la secretaria de Estado reconoció que el amparo constituye un derecho constitucional de los ciudadanos, aunque sostuvo que su utilización se ha vuelto excesiva.

«El amparo debe ser la excepción, no la regla», expresó Barán, al tiempo de afirmar que, en la práctica, este mecanismo «se transformó en un negocio y una herramienta» utilizada con mucha frecuencia para solicitar medicamentos y tratamientos.

La ministra explicó que las resoluciones judiciales obligan en muchos casos a redireccionar partidas presupuestarias previstas para programas de alcance masivo, como la compra de insulina para pacientes con diabetes, con el fin de adquirir fármacos de altísimo costo destinados a casos particulares.

«Eso pone en riesgo el funcionamiento normal del Ministerio de Salud», sostuvo, al advertir que el desafío consiste en garantizar la atención individual sin desatender las necesidades del conjunto de la población.

Barán también cuestionó la actuación de algunos profesionales de la salud al momento de indicar tratamientos de última generación. Según manifestó, existen médicos que recomiendan directamente medicamentos innovadores y de elevado costo sin seguir las alternativas terapéuticas establecidas en los protocolos clínicos.

En ese contexto, señaló que la cartera sanitaria impulsó la elaboración de nueve protocolos para los tipos de cáncer más frecuentes en el país, con el objetivo de establecer un orden en las opciones de tratamiento y racionalizar el uso de medicamentos de alto costo.

Asimismo, explicó que el Ministerio conformó equipos multidisciplinarios de especialistas para evaluar técnicamente las solicitudes relacionadas con medicamentos oncológicos, reumatológicos, dermatológicos y otros tratamientos complejos antes de autorizar su provisión.

Finalmente, la titular de Salud afirmó que también existe un componente ético que debe ser fortalecido dentro del sistema sanitario. Indicó que algunos profesionales prescriben directamente los medicamentos más costosos, lo que posteriormente deriva en acciones judiciales promovidas por los pacientes, quienes buscan acceder al tratamiento recomendado por sus médicos.

Barán recordó que existen terapias cuyo costo puede alcanzar entre 2.000 y 5.000 millones de guaraníes por paciente, por lo que insistió en la necesidad de equilibrar el acceso a tratamientos innovadores con una administración responsable y ético de los recursos públicos.

El juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas fue suspendido este lunes tras la incorporación de una nueva defensa técnica, que solicitó tiempo para interiorizarse del expediente y ejercer plenamente la representación del acusado durante el proceso.

La abogada Alba Zaracho asumió la defensa de Rivas y planteó al Tribunal de Sentencia la necesidad de postergar el inicio del debate oral hasta contar con las actuaciones y preparar adecuadamente la estrategia jurídica del caso.

Ante el pedido, la fiscal Patricia Sánchez se allanó a la solicitud, aunque requirió que la suspensión no excediera los 11 días, considerando que ese plazo sería suficiente para que la defensa pueda analizar los antecedentes y elaborar sus alegatos.

Tras escuchar a las partes, la presidenta del Tribunal de Sentencia, María Fernanda García de Zúñiga, junto con los jueces Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, resolvió diferir el inicio del juicio hasta el próximo 10 de agosto a las 08:30.

La magistrada señaló que el plazo concedido permitirá garantizar el derecho a la defensa y preparar adecuadamente la estrategia procesal, aclarando que la prórroga es otorgada de manera excepcional y por única vez.

Acusación fiscal

Hernán Rivas enfrentará juicio por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso, en una causa relacionada con supuestas irregularidades en los documentos que acreditaban su formación académica en la carrera de Derecho.

Según la acusación del Ministerio Público, no existirían registros académicos suficientes que demuestren que el entonces legislador cursó y aprobó la carrera entre 2010 y 2015, período en el que habría obtenido los certificados posteriormente cuestionados.

La Fiscalía sostiene que esos documentos fueron utilizados en trámites de relevancia institucional, entre ellos la obtención de la matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020 y su posterior designación como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La hipótesis fiscal señala que, si bien Rivas no habría confeccionado directamente los documentos, habría promovido o inducido su emisión con información que presuntamente no se correspondería con su trayectoria académica.

Con la incorporación de la nueva defensa, el proceso queda reprogramado para agosto, fecha en la que el Tribunal deberá dar inicio al juzgamiento público y analizar las pruebas ofrecidas por las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.