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Fiscalía reporta 14 víctimas de feminicidio en lo que va del año

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El Ministerio Público informó que 14 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y julio de este año, según los registros del Programa de Datos Abiertos sobre Violencia contra la Mujer. Los casos dejaron además 26 hijos e hijas en situación de orfandad, de los cuales 19 son menores de edad, evidenciando el impacto que este crimen genera en las familias.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, las 14 víctimas corresponden a 13 causas penales, debido a que en una de ellas se investiga la muerte de dos mujeres.

Además de los feminicidios consumados, el organismo registra 24 casos de tentativa de feminicidio, así como tres investigaciones por tentativa de homicidio contra víctimas colaterales entre ellas un niño y seis casos de agresiones graves perpetradas por exparejas.

Central concentra la mayor cantidad de casos

El departamento Central encabeza las estadísticas con nueve víctimas de feminicidio, seguido por Concepción con dos casos. Asunción, Canindeyú y Alto Paraná registran un caso cada uno.

Los datos también muestran que los hechos ocurrieron principalmente durante el primer trimestre del año. En enero se reportaron seis feminicidios, cuatro en marzo, uno en abril, dos en mayo y uno en julio.

La mayoría de los crímenes ocurrió en viviendas

El informe revela que 11 de los 14 feminicidios fueron cometidos dentro de viviendas, mientras que los otros tres ocurrieron en la vía pública.

Respecto al tipo de arma utilizada, en nueve casos se emplearon armas blancas, dos víctimas fueron asesinadas con arma de fuego, una falleció por asfixia y dos por traumatismos ocasionados por golpes.

En cuanto al vínculo con el agresor, la Fiscalía señala que en cinco casos el autor era la pareja de la víctima y en otros cinco, la expareja. También se registran un padrastro, un hijo y dos conocidos como presuntos responsables.

Cuatro agresores se suicidaron

Del total de casos, nueve presuntos responsables fueron imputados, mientras que cuatro se quitaron la vida tras cometer el crimen. Otro de los sospechosos, que contaba con orden de captura internacional, fue detenido en Brasil, donde será sometido a proceso judicial.

Asimismo, en una de las causas la investigación también abarca presuntos hechos de maltrato infantil y un caso de tentativa de abuso sexual.

Víctimas de entre 12 y 80 años

Las víctimas tenían entre 12 y 80 años de edad, siendo una niña de 12 años la más joven. En tanto, los presuntos agresores tenían edades comprendidas entre los 18 y 80 años.

La Fiscalía también informó que 10 de las víctimas eran madres, dejando un total de 26 hijos e hijas. De ellos, 19 aún son menores de edad. En cuanto a la nacionalidad, 13 de las mujeres eran paraguayas y una brasileña; además, dos pertenecían a comunidades indígenas.

El Ministerio Público recordó que la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos e instó a denunciar cualquier hecho de violencia para prevenir nuevas víctimas.

Exigen que el crimen de Santiago Leguizamón impulse políticas de protección a periodistas

Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado paraguayo por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, su hijo, Dante Leguizamón, afirmó que el legado de su padre debe trascender el ámbito judicial y convertirse en políticas públicas orientadas a garantizar la protección de periodistas y el respeto de los derechos humanos.

El pronunciamiento se dio en el marco del acto público realizado en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso «Leguizamón Zaván y Otros vs. Paraguay», que ordenó al Estado adoptar medidas de reparación por el crimen ocurrido en 1991.

Visiblemente conmovido, Dante Leguizamón recordó a su padre como un hombre comprometido con la verdad, la democracia y la justicia, cuya labor fue mucho más allá del periodismo.

«Santiago fue periodista, locutor, docente, escritor, actor de teatro, un gran defensor de la naturaleza y de la democracia. No quería morir; estaba lleno de energía, de ilusiones y del deseo de transformar la realidad a través del periodismo, sin dimensionar el poder del monstruo al que se enfrentaba», expresó.

En ese contexto, sostuvo que el asesinato de Santiago Leguizamón debe convertirse en un punto de inflexión para el país y traducirse en acciones concretas de protección para quienes ejercen el periodismo, especialmente en zonas donde operan estructuras del crimen organizado.

«Entendimos que la vida, la lucha y la muerte de Santiago trascienden y deben trascender en la sociedad paraguaya. El impacto de su asesinato debe convertirse en políticas públicas de protección de periodistas; por eso esta sentencia es importante, porque va más allá de la búsqueda de justicia de una familia», afirmó.

Dante Leguizamón también rindió homenaje a los comunicadores que continúan desempeñando su labor en el departamento de Amambay, una de las regiones más afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado.

«Hoy Santiago está presente, física y éticamente, en cada periodista que trabaja en una zona manejada por la mafia. Mi respeto y gratitud a los periodistas de Amambay, que han impedido que se acallen su voz y su espíritu», manifestó.

Cuestionamientos al Estado

Durante su intervención, el hijo del periodista cuestionó la falta de avances del Estado en materia de derechos humanos y de protección a la libertad de prensa.

Sostuvo que las autoridades siguen sin impulsar una agenda efectiva en esta materia y, por el contrario, denunció que persisten ataques contra periodistas, mientras no se implementan mecanismos que garanticen su seguridad.

Asimismo, señaló que el Estado aún no ha cumplido con una de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana, consistente en conformar un grupo de trabajo encargado de investigar no solo el asesinato de Santiago Leguizamón, sino también el de otros 22 periodistas víctimas de la violencia.

Acto de reconocimiento

El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional fue organizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), presidida por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

La ceremonia forma parte de las medidas de reparación dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los familiares de Santiago Leguizamón Zaván, como consecuencia de la responsabilidad internacional atribuida al Estado paraguayo por la falta de investigación y sanción efectiva del crimen del periodista.

Estos son los locales de votación para la elección de abogados

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La Corte Suprema de Justicia dio a conocer la nómina de locales habilitados para la elección de los representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura, prevista para el sábado 28 de noviembre de 2026. La jornada electoral se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00, en sedes distribuidas en las distintas circunscripciones judiciales del país.

En Asunción fueron habilitados dos puntos de votación. Los profesionales podrán sufragar en la sede central de la Justicia Electoral, ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala N.° 2759, esquina Santacruz de la Sierra, así como en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, situada sobre la avenida Santísima Trinidad y Congreso de Colombia.

En la ciudad de Concepción, el local de votación será el Palacio de Justicia, ubicado en la intersección de la avenida Heriberto Colombino y Capitán Lezcano.

Los abogados habilitados en San Pedro del Ykuamandyju deberán acudir al Palacio de Justicia, localizado sobre Coronel Antonio Ortigoza casi Urunde’y.

En Caacupé, la votación tendrá lugar en el Palacio de Justicia, situado sobre Diosa Astrea, entre las calles Dr. Óscar Paciello y Prof. Herminia Machado de Isnardi.

Para la ciudad de Villarrica, fue habilitado el Palacio de Justicia, ubicado sobre Mariscal Estigarribia, entre Ismael Gómez y Azara.

En Coronel Oviedo, el sufragio se realizará en el Palacio de Justicia, localizado en la esquina de Tuyutí y Serafina Dávalos.

Los abogados de Caazapá votarán en el Palacio de Justicia, ubicado sobre Padre Dejesús Aguirre y Pedro Nicolás Ciancio.

En Encarnación, el punto de votación será el Palacio de Justicia, emplazado sobre las calles Dr. Luis María Argaña y Jóvenes por la Democracia.

En San Juan Bautista, departamento de Misiones, el Palacio de Justicia funcionará como sede electoral y se encuentra sobre la Ruta PY01, kilómetro 196, entre Yegros y Dr. Cecilio Báez.

En la ciudad de Paraguarí, los comicios se desarrollarán en el Palacio de Justicia, ubicado en Mariscal Estigarribia y Teniente Herreros.

Los abogados de Ciudad del Este emitirán su voto en el Palacio de Justicia, situado sobre la avenida Rafael Barret y Diane Eveline Duarte Mereles, kilómetro 8 Monday.

En Pilar, el local habilitado será el Palacio de Justicia, ubicado sobre la avenida Pilade Valoriani, entre Zampiropolos y República de Taiwán.

Para Pedro Juan Caballero, la sede establecida es el Palacio de Justicia, en la intersección de Alejo García y Cerro León.

En Saltos del Guairá, el proceso electoral tendrá lugar en el Palacio de Justicia, ubicado sobre Carlos Méndez Gonçalves, entre Carlos A. López y Bernardino Caballero.

Los abogados de Villa Hayes votarán en el Polideportivo de la Gobernación, situado en Rudecindo Meza, esquina Sargento Primero Pascottini.

Finalmente, en Filadelfia, el Palacio de Justicia será el local habilitado para la votación. El edificio se encuentra sobre la calle Unruh, entre Miller y Presidente Gondra.

La convocatoria a estas elecciones fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia durante una sesión plenaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley N.° 296/94. En estos comicios serán elegidos dos representantes titulares y dos suplentes del gremio de abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura.

Crean la primera Asociación de Personas Pospenadas del Paraguay

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Paraguay dio un paso sin precedentes en materia de reinserción social con la conformación de la primera Asociación de Personas Pospenadas del país. La organización, denominada «Nuevo Horizonte» – Red de Apoyo Integral, nace con el propósito de brindar oportunidades laborales a quienes ya cumplieron sus condenas, facilitando su regreso a la sociedad y reduciendo el riesgo de que vuelvan a delinquir.

La iniciativa busca demostrar que el acceso a un empleo digno y al acompañamiento institucional son factores fundamentales para que las personas pospenadas puedan reconstruir sus proyectos de vida y romper el ciclo de exclusión que, en muchos casos, dificulta su reinserción.

Como primer paso, la asociación formalizó su constitución mediante escritura pública, documento que permitirá avanzar en el proceso para obtener la personería jurídica. El acto fue realizado ante el escribano público Miguel A. Cano y promovido por Emiliano Sanabria Benítez.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de la Defensa Pública, que acompaña la iniciativa en el marco de sus acciones para garantizar el acceso a derechos, fortalecer la inclusión social y promover una justicia con enfoque restaurativo.

Entre los principales objetivos de la asociación figura la creación de oportunidades de capacitación y empleo a través de emprendimientos en rubros como carpintería, gastronomía, artesanía, reciclaje, limpieza profesional y lavandería. La meta es que las personas que recuperaron su libertad puedan generar ingresos de manera sostenible y desarrollar una vida independiente.

Además de promover la inserción laboral, la organización pretende consolidar alianzas con instituciones públicas y privadas para ampliar las oportunidades de formación y empleo, entendiendo que el acceso al trabajo constituye una de las herramientas más efectivas para disminuir la reincidencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Como parte de su agenda, la asociación también impulsará el reconocimiento del 24 de septiembre como el Día de la Reinserción Social, con el objetivo de instalar en la sociedad el mensaje de que quienes han cumplido su condena pueden acceder a una segunda oportunidad cuando existen condiciones reales de apoyo, confianza e inclusión.

Lorena Segovia invita al mayor congreso laboral iberoamericano

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Lorena Segovia presidenta del Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), invita a profesionales de distintas disciplinas para participar del XXIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social «Guillermo Cabanellas», considerado uno de los encuentros académicos más importantes de la región en materia laboral y previsional.

El evento se desarrollará del 19 al 21 de agosto, en el Hotel Guaraní de Asunción, y reunirá a reconocidos expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los principales desafíos que enfrentan el derecho del trabajo y la seguridad social en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la digitalización y las nuevas formas de empleo.

Segovia destacó que el congreso constituye una oportunidad única para acceder en Paraguay a un espacio de formación e intercambio de experiencias con especialistas de amplia trayectoria, sin la necesidad de trasladarse al exterior.

«Muchas veces buscamos capacitarnos y hacerlo fuera del país implica un costo importante. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a referentes internacionales, reflexionar y compartir conocimientos aquí, en Asunción», expresó.

La profesional resaltó que el encuentro no está dirigido únicamente a abogados, sino también a todos los actores vinculados al mundo laboral y a la protección social.

«La seguridad social involucra a profesionales de diferentes áreas, como la medicina, la psicología y todas aquellas disciplinas relacionadas con la protección de las personas frente a las contingencias de la vida. Por eso queremos que participen todos los interesados», señaló.

Durante las tres jornadas se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y mesas de debate sobre derecho laboral, seguridad social, inteligencia artificial, digitalización del empleo, nuevas modalidades de contratación, protección de los trabajadores y los desafíos regulatorios que plantea la transformación del mercado laboral.

La actividad es organizada por la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay (AAL) y el Instituto Paraguayo de la Seguridad Social (IPSS), y está dirigida a abogados, magistrados, docentes, investigadores, estudiantes, profesionales de recursos humanos, sindicalistas y especialistas vinculados a la seguridad social.

Los organizadores informaron que los socios al día de las instituciones organizadoras podrán acceder a una inscripción preferencial de Gs. 500.000.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del WhatsApp +595 971 514 503.

Santander Dans reporta más de 4.000 expedientes gestionados

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El Gabinete del presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ministro Gustavo Santander Dans, presentó su informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2026, con los principales resultados de la labor jurisdiccional desarrollada entre el 2 de febrero y el 29 de junio del presente año.

El reporte elaborado por el equipo del ministro Santander Dans reúne datos estadísticos sobre el movimiento de expedientes y las actuaciones realizadas en el marco de las funciones de la Sala Constitucional, como parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública.

Durante el periodo evaluado, fueron asignados 3.036 expedientes en etapa de admisibilidad, de los cuales 2.907 fueron procesados y devueltos con la firma del ministro, mientras que 129 quedaron pendientes al cierre del semestre.

En cuanto a los expedientes en estado de fondo, el informe registra 1.177 casos asignados, con 1.115 expedientes concluidos con la firma correspondiente y 62 pendientes de tramitación.

En total, la gestión reportada por el Gabinete del ministro Santander Dans refleja el tratamiento de 4.213 expedientes asignados, con 4.022 casos procesados, evidenciando el volumen de trabajo desarrollado por la Sala Constitucional durante los primeros meses del año.

Asimismo, el informe destaca la emisión de 777 providencias, distribuidas en 560 actuaciones de trámite y 217 autos, sin registrarse pendientes en este apartado al cierre del periodo informado.

La presentación de estos resultados forma parte del compromiso del Gabinete del presidente de la Sala Constitucional con la rendición de cuentas y la difusión de información sobre el desempeño jurisdiccional, permitiendo a la ciudadanía conocer el avance y la productividad del máximo órgano en materia constitucional.

La sociedad necesita abogados competentes para defender sus derechos

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El ejercicio de la abogacía no solo implica el conocimiento de las leyes, sino también una enorme responsabilidad social: representar, defender y proteger los derechos de las personas en momentos muchas veces decisivos de sus vidas. Bajo esa premisa, el ministro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, resaltó la necesidad de que quienes accedan a la profesión jurídica cuenten con la preparación, las competencias y la idoneidad necesarias para asumir esa tarea.

Para el magistrado, resulta fundamental que los futuros abogados atraviesen los filtros académicos y profesionales correspondientes antes de ejercer la representación de terceros, considerando que sus actuaciones pueden tener consecuencias directas sobre bienes esenciales de la ciudadanía, como la libertad, el patrimonio y otros derechos fundamentales.

Ríos sostiene que la formación jurídica debe ser entendida como un asunto de interés público, debido al impacto que tiene el desempeño de los abogados en la vida de las personas y en el funcionamiento del sistema de justicia.

“Es fundamental que los profesionales del derecho sean personas que pasen los filtros necesarios para que finalmente ejerzan el derecho de terceros, teniendo en cuenta la sensible y compleja situación de representar y proteger la libertad y el patrimonio de la ciudadanía”, expresó el ministro.

Una carrera con responsabilidad pública

El integrante de la Sala Constitucional agregó, que la carrera de Derecho posee características particulares debido al rol que cumplen sus egresados dentro de la sociedad.

“La carrera de derecho es una de las carreras universitarias reguladas especialmente por el Estado por su gran importancia para la vida y el patrimonio, tanto material como simbólico de las personas”, manifestó.

En ese sentido, explicó que la regulación estatal responde a la necesidad de garantizar que quienes obtienen el título de abogado cuenten con las herramientas necesarias para ejercer adecuadamente la profesión.

“Por eso la ley de ANEAES prescribe la obligatoriedad de la evaluación de la calidad de la misma. Es decir, el Estado, por ley, se compromete a garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas que los abogados que egresen de las Facultades de Derecho, tanto de gestión pública como privada, poseerán las competencias necesarias para proteger sus derechos”, agregó.

Garantizar mejores profesionales para la sociedad

La postura del ministro pone nuevamente en debate la importancia de fortalecer los mecanismos de evaluación y calidad dentro de la enseñanza jurídica. La abogacía, por su naturaleza, requiere profesionales capaces de interpretar normas, actuar con responsabilidad ética y asumir la defensa de intereses ajenos con solvencia técnica.

Desde esta perspectiva, la formación universitaria y los controles de calidad no representan únicamente una exigencia académica, sino una garantía para la ciudadanía que deposita en los abogados la defensa de sus derechos más sensibles.

Como parte de la agenda de socialización de la propuesta de Examen de Competencias Básicas para egresados de la carrera de Derecho, representantes de la ANEAES mantuvieron una reunión de trabajo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia.

Juez inspecciona el régimen de semilibertad de Emboscada

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El juez de Ejecución Penal especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Carlos Luis Mendoza, realizó una visita de control a la Granja Penitenciaria Ita Porã, ubicada en Emboscada, con el objetivo de supervisar las condiciones de las personas privadas de libertad que cumplen condena bajo el régimen de semilibertad.

Durante la inspección, el magistrado dialogó de manera individual con los internos sujetos a su jurisdicción, analizando el estado de cada expediente, el comportamiento observado durante el cumplimiento de la pena y las solicitudes de beneficios penitenciarios presentadas, entre ellas permisos de salida transitoria y pedidos de libertad condicional.

Según datos proporcionados por el Juzgado, los datos obtenidos en esta diligencia servirán de base para el estudio y eventual resolución de los casos que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Las visitas judiciales a los establecimientos penitenciarios forman parte de las acciones de seguimiento desarrolladas en coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

Estas inspecciones permiten verificar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, supervisar las condiciones de reclusión y acompañar los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad, garantizando el respeto de sus derechos conforme a la legislación nacional.

La Corte destaca el nuevo aporte académico del juez Matías Garcete

Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia fue presentada la obra «Doctrina y Perspectivas en Delitos Económicos: Nuevas dimensiones en la justicia penal», del magistrado Matías Garcete, un material académico que reúne más de 50 artículos especializados sobre derecho penal económico y aborda los desafíos actuales de esta rama del derecho.

La presentación estuvo a cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, quien destacó el aporte de la publicación al ámbito jurídico nacional. Señaló que la obra compila más de medio centenar de trabajos dedicados al análisis de temas contemporáneos vinculados al derecho penal económico, constituyéndose en una herramienta de consulta para jueces, fiscales, abogados, docentes y estudiantes.

Jiménez Rolón resaltó además que la comunidad jurídica contará con un nuevo material de referencia para el estudio y análisis de los delitos económicos, atendiendo la evolución de esta materia y los nuevos desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal.

Durante la presentación también intervino el ministro Luis María Benítez Riera, quien realizó una breve reseña de la publicación y felicitó al autor por el trabajo desarrollado. En su exposición, destacó la profundidad de los temas abordados, entre ellos figuras como la estafa, la usura y los denominados «delitos de cuello azul», además de otros ilícitos relacionados con el ámbito económico.

Benítez Riera señaló que la obra ofrece una mirada actualizada sobre las distintas modalidades delictivas que impactan en el sistema económico y financiero, aportando elementos doctrinarios y de análisis para fortalecer la interpretación y aplicación del derecho penal.

Con esta nueva publicación, el magistrado Matías Garcete amplía su producción académica y pone a disposición de la comunidad jurídica un material orientado al estudio de las nuevas dimensiones de los delitos económicos y su tratamiento dentro de la justicia penal.

Una llamada al 147 llevó a condena ejemplar por abuso infantil

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Una denuncia realizada a través del servicio Fono Ayuda 147, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, fue el primer paso para poner en marcha una investigación que terminó con la condena de 25 años de prisión para un hombre hallado responsable del abuso sexual de sus dos hijas menores de edad.

El caso evidencia la importancia de los canales de protección y denuncia disponibles para niños, niñas y adolescentes, ya que la comunicación realizada el 29 de diciembre de 2024 permitió alertar a las autoridades, activar los mecanismos de intervención y dar inicio a un proceso que culminó con la sanción penal del agresor.

La condena fue dictada por un Tribunal de Sentencia integrado por el juez Edgar Lezcano, como presidente, y los magistrados Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel. La acusación estuvo a cargo de la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes N.º 1 de Ciudad del Este.

La denuncia que rompió el silencio

Según los antecedentes expuestos durante el juicio oral, los hechos ocurrieron de manera sistemática entre 2023 y diciembre de 2024, en una vivienda ubicada en Minga Guazú. El condenado, de 57 años, aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con sus hijas para cometer los abusos.

La investigación determinó que el hombre ejercía además un entorno de sometimiento dentro del núcleo familiar, utilizando mecanismos de control y violencia contra otros integrantes de la familia. La madre de las víctimas y el hermano de las niñas también habrían sido víctimas de agresiones cuando intentaban enfrentar la situación.

La intervención se inició luego de la alerta recibida mediante el 147 Fono Ayuda, un servicio que cumple un rol clave en la recepción de denuncias y en la articulación de respuestas ante situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes.

Pruebas permitieron sostener la acusación

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios que permitieron demostrar la existencia de los hechos y la responsabilidad del acusado. Entre las evidencias documentales se incluyeron la denuncia realizada a través del servicio Fono Ayuda 147, informes policiales, documentos del Registro Civil, antecedentes penales y el registro de la entrevista realizada mediante Cámara Gesell, incorporada como anticipo jurisdiccional de prueba.

También fueron presentados informes médicos forenses, evaluaciones psicológicas elaboradas por el Centro de Atención a Víctimas y un estudio socioambiental, además de testimonios de vecinos, del hermano de las víctimas y de agentes policiales que intervinieron en el procedimiento.

El Ministerio Público destacó que la articulación entre la denuncia ciudadana, los servicios de protección y los órganos de investigación permitió avanzar en la búsqueda de justicia para las víctimas y reafirmó la importancia de recurrir a los mecanismos de ayuda ante cualquier sospecha de violencia o abuso contra niños y adolescentes.

El servicio Fono Ayuda 147 constituye una herramienta fundamental para recibir denuncias, brindar orientación y activar intervenciones de protección cuando existen situaciones que ponen en riesgo la integridad de menores de edad.

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