El ejercicio de la abogacía no solo implica el conocimiento de las leyes, sino también una enorme responsabilidad social: representar, defender y proteger los derechos de las personas en momentos muchas veces decisivos de sus vidas. Bajo esa premisa, el ministro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, resaltó la necesidad de que quienes accedan a la profesión jurídica cuenten con la preparación, las competencias y la idoneidad necesarias para asumir esa tarea.
Para el magistrado, resulta fundamental que los futuros abogados atraviesen los filtros académicos y profesionales correspondientes antes de ejercer la representación de terceros, considerando que sus actuaciones pueden tener consecuencias directas sobre bienes esenciales de la ciudadanía, como la libertad, el patrimonio y otros derechos fundamentales.
Ríos sostiene que la formación jurídica debe ser entendida como un asunto de interés público, debido al impacto que tiene el desempeño de los abogados en la vida de las personas y en el funcionamiento del sistema de justicia.
“Es fundamental que los profesionales del derecho sean personas que pasen los filtros necesarios para que finalmente ejerzan el derecho de terceros, teniendo en cuenta la sensible y compleja situación de representar y proteger la libertad y el patrimonio de la ciudadanía”, expresó el ministro.
Una carrera con responsabilidad pública
El integrante de la Sala Constitucional agregó, que la carrera de Derecho posee características particulares debido al rol que cumplen sus egresados dentro de la sociedad.
“La carrera de derecho es una de las carreras universitarias reguladas especialmente por el Estado por su gran importancia para la vida y el patrimonio, tanto material como simbólico de las personas”, manifestó.
En ese sentido, explicó que la regulación estatal responde a la necesidad de garantizar que quienes obtienen el título de abogado cuenten con las herramientas necesarias para ejercer adecuadamente la profesión.
“Por eso la ley de ANEAES prescribe la obligatoriedad de la evaluación de la calidad de la misma. Es decir, el Estado, por ley, se compromete a garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas que los abogados que egresen de las Facultades de Derecho, tanto de gestión pública como privada, poseerán las competencias necesarias para proteger sus derechos”, agregó.
Garantizar mejores profesionales para la sociedad
La postura del ministro pone nuevamente en debate la importancia de fortalecer los mecanismos de evaluación y calidad dentro de la enseñanza jurídica. La abogacía, por su naturaleza, requiere profesionales capaces de interpretar normas, actuar con responsabilidad ética y asumir la defensa de intereses ajenos con solvencia técnica.
Desde esta perspectiva, la formación universitaria y los controles de calidad no representan únicamente una exigencia académica, sino una garantía para la ciudadanía que deposita en los abogados la defensa de sus derechos más sensibles.
Como parte de la agenda de socialización de la propuesta de Examen de Competencias Básicas para egresados de la carrera de Derecho, representantes de la ANEAES mantuvieron una reunión de trabajo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia.
