El juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas fue suspendido este lunes tras la incorporación de una nueva defensa técnica, que solicitó tiempo para interiorizarse del expediente y ejercer plenamente la representación del acusado durante el proceso.
La abogada Alba Zaracho asumió la defensa de Rivas y planteó al Tribunal de Sentencia la necesidad de postergar el inicio del debate oral hasta contar con las actuaciones y preparar adecuadamente la estrategia jurídica del caso.
Ante el pedido, la fiscal Patricia Sánchez se allanó a la solicitud, aunque requirió que la suspensión no excediera los 11 días, considerando que ese plazo sería suficiente para que la defensa pueda analizar los antecedentes y elaborar sus alegatos.
Tras escuchar a las partes, la presidenta del Tribunal de Sentencia, María Fernanda García de Zúñiga, junto con los jueces Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, resolvió diferir el inicio del juicio hasta el próximo 10 de agosto a las 08:30.
La magistrada señaló que el plazo concedido permitirá garantizar el derecho a la defensa y preparar adecuadamente la estrategia procesal, aclarando que la prórroga es otorgada de manera excepcional y por única vez.
Acusación fiscal
Hernán Rivas enfrentará juicio por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso, en una causa relacionada con supuestas irregularidades en los documentos que acreditaban su formación académica en la carrera de Derecho.
Según la acusación del Ministerio Público, no existirían registros académicos suficientes que demuestren que el entonces legislador cursó y aprobó la carrera entre 2010 y 2015, período en el que habría obtenido los certificados posteriormente cuestionados.
La Fiscalía sostiene que esos documentos fueron utilizados en trámites de relevancia institucional, entre ellos la obtención de la matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020 y su posterior designación como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La hipótesis fiscal señala que, si bien Rivas no habría confeccionado directamente los documentos, habría promovido o inducido su emisión con información que presuntamente no se correspondería con su trayectoria académica.
Con la incorporación de la nueva defensa, el proceso queda reprogramado para agosto, fecha en la que el Tribunal deberá dar inicio al juzgamiento público y analizar las pruebas ofrecidas por las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.
