La Justicia resolvió unificar las condenas que pesan sobre el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, y dispuso el inicio del proceso de reinserción social previsto en el régimen de ejecución penal, como paso previo a una eventual concesión de salidas transitorias y, posteriormente, de la libertad condicional.
Alvarenga cumple actualmente dos sentencias firmes, una por enriquecimiento ilícito y otra por estafa, ambas derivadas de hechos cometidos durante su desempeño en la institución policial.
De acuerdo con el cómputo realizado por el juzgado de ejecución, el exjefe policial extinguirá la totalidad de su pena el 9 de marzo de 2030. No obstante, podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional a partir del 9 de enero de 2027, siempre que reúna los requisitos legales y cumpla con el plan de tratamiento establecido por las autoridades judiciales.
Como parte del procedimiento, el juzgado libró oficios a distintas instituciones para avanzar en las evaluaciones necesarias. Entre las medidas adoptadas figuran entrevistas telemáticas con la psicóloga forense y la trabajadora social del juzgado, además del requerimiento a la Agrupación Especializada para que remita un informe criminológico sobre la evolución del interno durante el cumplimiento de su condena.
Asimismo, se ordenó la realización de un estudio toxicológico en el Centro Nacional de Adicciones, fijado para el 3 de agosto, y se solicitó al Departamento de Identificaciones los antecedentes civiles y policiales actualizados del condenado.
El proceso también contempla un seguimiento psicológico y la participación en programas orientados a la reinserción social. Según los lineamientos establecidos por la Justicia, uno de los objetivos es verificar que el condenado comprenda el perjuicio patrimonial ocasionado por los delitos por los cuales fue sentenciado y que reúna las condiciones para una futura reincorporación a la sociedad.
El caso de Francisco Alvarenga es considerado uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con hechos de corrupción en los altos mandos de la Policía Nacional, al haber derivado en condenas por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública y por estafa.
