Los agentes fiscales Nathalia Silva y Giovanni Grisetti, integrantes del equipo asignado a la investigación de la causa Metrobús, manifestaron su preocupación por la prolongada demora en la resolución de un incidente procesal que permanece pendiente en segunda instancia desde hace aproximadamente cuatro meses.
Ante esta situación, los representantes del Ministerio Público presentaron un urgimiento ante la Cámara de Apelaciones Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, solicitando que, una vez integrada nuevamente la sala competente, se dicte resolución sobre el recurso de apelación en subsidio promovido por la defensa del imputado Arnoldo Wiens.
El planteamiento de la defensa cuestiona la providencia por la cual el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos tuvo por admitida la imputación formulada por la Fiscalía. Tras el rechazo del recurso de reposición presentado contra dicha decisión, los antecedentes fueron elevados al Tribunal de Alzada para el estudio de la apelación, trámite que hasta la fecha continúa sin definición.
Según expusieron los fiscales, el tratamiento de la cuestión quedó paralizado debido a las recusaciones promovidas contra los camaristas que debían intervenir en el caso, situación que obligó a la conformación de una nueva integración para el análisis del expediente. En ese sentido, solicitaron que, superados esos obstáculos procesales, el recurso sea resuelto a la mayor brevedad posible.
El Ministerio Público advirtió que la falta de una decisión sobre este incidente genera incertidumbre dentro de la causa y podría afectar el avance regular de la investigación. Además, recordó que el juzgado Penal de Garantías fijó para el 16 de agosto de 2026 el vencimiento del plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, por lo que considera necesario que el Tribunal de Apelación se expida cuanto antes para evitar nuevas dilaciones y asegurar la continuidad del proceso.
De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido alcanza G. 14.955 millones. El monto incluye pagos realizados para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), que posteriormente fueron demolidas, así como desembolsos vinculados a trabajos acordados con la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción S.A.
La causa Metrobus, uno de los casos más emblemáticos vinculados a la fallida ejecución del proyecto de transporte, continúa así en una etapa de revisión clave que podría marcar el rumbo del proceso, que se encuentra a cargo del juez especializado Humberto Otazú.
