La abogada Alejandra Peralta Merlo solicitó al Ministerio Público la desestimación de la causa abierta contra su cliente, un adulto mayor de 70 años, investigado por un supuesto hecho de violencia familiar. La petición se fundamenta en resoluciones judiciales y elementos probatorios que, según la defensa, desacreditan las acusaciones formuladas en su contra.
De acuerdo con la presentación realizada ante la Fiscalía, la defensa sostiene que la jueza Lourdes Piñeiro resolvió rechazar la denuncia promovida por la expareja casual del septuagenario, al considerar que la misma carecía de sustento y presentaba características de una actuación temeraria. Asimismo, la magistrada dispuso el levantamiento de todas las medidas de protección que habían sido dictadas contra el denunciado y ordenó la restitución de la posesión de su inmueble.
Según Peralta Merlo, su representado permaneció alejado de su propiedad durante aproximadamente tres meses como consecuencia de las medidas adoptadas a partir de la denuncia, situación que calificó como una grave afectación a los derechos de una persona de la tercera edad.
En el escrito presentado, la profesional señala que la jueza de Paz concluyó que la denunciante habría recurrido reiteradamente a la presentación de denuncias y solicitudes de medidas de protección superpuestas, una conducta que, según la resolución judicial citada por la defensa, resultaría contraria a la ley y configuraría un ejercicio abusivo de derechos.
«La juzgadora rechazó la denuncia por considerarla temeraria y levantó todas las medidas de protección. Además, entendió que la utilización de denuncias reiteradas tenía como finalidad obtener beneficios económicos y que este tipo de controversias no pueden ser canalizadas mediante el sistema penal», sostiene la presentación legal.
La defensa también argumenta que existen antecedentes judiciales que demostrarían incumplimientos de órdenes emanadas por el Juzgado de Paz. Entre ellos, menciona que la denunciante habría permanecido en un inmueble ajeno pese a intimaciones judiciales y que finalmente fue desalojada mediante intervención de la fuerza pública en cumplimiento de una resolución judicial.
La abogada afirmó que los elementos reunidos durante la investigación evidencian una conducta «temeraria, dilatoria y abusiva», orientada según su postura a obtener ventajas patrimoniales mediante el uso indebido de mecanismos previstos para la protección de víctimas de violencia.
A estos argumentos, agregó la existencia de informes periciales que, de acuerdo con la defensa, descartarían un vínculo causal entre los daños alegados y la conducta atribuida al denunciado.
«La prueba pericial demuestra claramente que no existe un nexo causal entre el supuesto daño y la persona denunciada. Esto fortalece la hipótesis de que se estaría utilizando indebidamente la normativa de protección para perseguir objetivos patrimoniales», expresó la abogada.
La representante legal sostuvo además que los conflictos relacionados con la posesión o propiedad de bienes deben ser resueltos en la jurisdicción civil y no mediante denuncias de violencia familiar. En ese contexto, cuestionó lo que considera una utilización incorrecta de la Ley N.º 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia para obtener ventajas en disputas patrimoniales.
Finalmente, la defensa solicitó al Ministerio Público que, a la luz de las resoluciones judiciales existentes, los informes técnicos incorporados al expediente y la decisión de la jueza Lourdes Piñeiro de rechazar la denuncia y levantar las medidas de protección, se disponga la desestimación definitiva de la investigación penal contra el adulto mayor.
