La abogada Noelia Núñez solicitó al Tribunal de Sentencia que establezca con urgencia una nueva fecha para la realización del juicio oral y público contra la abogada Zully Ortiz, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, abogada y propietarios de la firma Vanessa y Asociados, luego de que la primera convocatoria fuera suspendida por la falta de traslado de dos de los acusados privados de libertad.
La profesional presentó un escrito ante el colegiado en el que reclama la pronta reprogramación de la audiencia, atendiendo la relevancia del proceso y el interés de las víctimas que aguardan el avance de una de las causas más emblemáticas vinculadas al esquema conocido como “mafia de pagarés”.
El juicio había sido fijado inicialmente para los días 8, 9 y 10 de julio de 2026. Sin embargo, la audiencia no pudo iniciarse debido a la incomparecencia de dos de los procesados que debían ser trasladados desde centros penitenciarios hasta la sede judicial.
Según expuso Núñez en su presentación, la suspensión no obedeció a una conducta rebelde de los acusados, sino a problemas operativos atribuidos a las autoridades penitenciarias, que alegaron falta de medios logísticos y de transporte para concretar el traslado.
“La audiencia plenaria no pudo materializarse debido a la flagrante incomparecencia de los acusados”, sostiene el escrito, agregando que la situación fue atribuida a deficiencias institucionales de los organismos encargados de la custodia de los internos.
Reclaman medidas para evitar nuevas dilaciones
La abogada argumentó que las limitaciones presupuestarias o logísticas del sistema penitenciario no pueden convertirse en una justificación para paralizar el proceso penal ni para postergar indefinidamente el inicio del juicio.
En ese sentido, recordó que el Código Procesal Penal otorga a los tribunales facultades suficientes para garantizar la presencia de los acusados mediante medidas coercitivas y órdenes de conducción compulsiva.
Núñez sostuvo que corresponde al Tribunal adoptar todas las acciones necesarias para asegurar que, una vez fijada una nueva fecha, los acusados sean trasladados oportunamente al Palacio de Justicia.
Asimismo, solicitó que se libre un mandato expreso a las direcciones de los establecimientos penitenciarios involucrados, con el objetivo de evitar que se repitan las circunstancias que derivaron en la suspensión de la audiencia.
La profesional también señaló que el debido proceso exige una justicia oportuna y sin dilaciones indebidas, especialmente en una causa de alto impacto social que lleva años de investigación.
“Representa a miles de víctimas”
Por otra parte, Núñez destacó además la situación de su representada, Ángela Mabel Zárate, a quien identifica como una de las víctimas del esquema investigado.
Según manifestó, el caso trasciende el interés individual de una sola persona y simboliza el reclamo de miles de ciudadanos que aseguran haber sido afectados por mecanismos irregulares de cobro judicial.
“La situación de mi representada no está aislada y su caso representa a miles de víctimas que no tuvieron acceso a la justicia y que hoy, a través de ella, claman una condena ejemplar para los acusados”, expresó.
La abogada remarcó que la realización de este juicio reviste una importancia especial debido a que se trata del primer debate oral derivado de las investigaciones relacionadas con la denominada “mafia de pagarés”, un esquema que generó numerosas denuncias por presuntas irregularidades en procesos ejecutivos y embargos.
Tribunal deberá resolver nueva convocatoria
La causa se encuentra a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Gregorio Paciello Cantero e integrado además por los jueces Antonia Corina Sanabria y José Eugenio Jacquet como miembros titulares. Christian González fue designado como magistrado suplente.
Ahora, el colegiado deberá analizar la situación y definir una nueva fecha para el inicio del juicio oral, que no pudo desarrollarse en la convocatoria anterior debido a la ausencia de dos de los acusados por problemas en su traslado desde los centros de reclusión.
La expectativa de las víctimas y de las partes intervinientes se centra en que el proceso pueda finalmente avanzar y convertirse en el primer juicio oral que examine a profundidad las responsabilidades penales dentro del esquema conocido como “mafia de pagarés”.
