El defensor general Javier Esquivel advirtió sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en el sistema judicial paraguayo y sostuvo que, en la práctica, muchos jueces optan por ordenar el encarcelamiento de una persona antes que otorgarle la libertad, debido a las presiones institucionales y sociales que rodean a los procesos penales.
En una entrevista concedida a nuestro medio, Esquivel afirmó que la prisión preventiva, concebida legalmente como una medida excepcional, terminó convirtiéndose en una regla dentro del sistema penal.
“Acá la excepción se convirtió en regla”, expresó el titular del Ministerio de la Defensa Pública al analizar la elevada cantidad de personas privadas de libertad sin una condena firme.
Según señaló, uno de los factores que alimenta esta realidad es el temor de los magistrados a quedar expuestos a cuestionamientos públicos o a procesos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuando adoptan resoluciones que favorecen la libertad de los procesados.
“Es más fácil prisionizar que dar libertad”, afirmó. “Cuando vamos a hablar de modificaciones o de procesos legislativos también hay que involucrar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es el órgano al que el juez tiene un respeto especial. Muchas veces, para evitar controversias, el juez prefiere prisionizar”, agregó.
Esquivel sostuvo que existe una percepción entre algunos magistrados de que una resolución que concede la libertad puede generar más cuestionamientos que una que ordena la prisión preventiva, incluso cuando los presupuestos legales para encarcelar a una persona no están plenamente justificados.
En ese contexto, criticó que en ocasiones determinadas decisiones judiciales terminan siendo evaluadas más por el impacto mediático que por el análisis jurídico de cada caso.
“Muchas veces el juez, aunque no sea enjuiciado, ya tiene que responder informes o enviar explicaciones. Eso termina afectando la tranquilidad con la que debería resolver los expedientes”, manifestó.
La presión social detrás de las rejas
El defensor general también apuntó a un componente cultural que, a su criterio, contribuye a la alta tasa de encarcelamiento preventivo.
Indicó que una parte importante de la sociedad paraguaya asocia directamente la comisión de un delito con la necesidad de que una persona sea enviada a prisión, incluso antes de que exista una sentencia definitiva.
“La sociedad paraguaya muchas veces entiende que quien no está privado de libertad no cometió un delito. La comisión de un delito se equipara con la cárcel”, sostuvo.
Para Esquivel, esta visión genera un escenario en el que la prisión preventiva es percibida por amplios sectores como una forma de castigo anticipado, pese a que jurídicamente su finalidad es asegurar el desarrollo del proceso y no sancionar al imputado.
“Pareciera ser que solamente la prisionización importa en la sanción penal”, afirmó.
El desafío de la reinserción
El defensor general señaló además que el problema no termina cuando una persona recupera su libertad. Según explicó, quienes egresan del sistema penitenciario enfrentan enormes dificultades para reinsertarse socialmente debido al estigma asociado a los antecedentes penales.
“Tenemos un componente social muy fuerte. La sociedad tiene que estar en condiciones de recibir al que sale de prisión y hoy muchas veces se niega a hacerlo”, expresó.
Indicó que numerosos exreclusos encuentran cerradas las puertas del mercado laboral y, en algunos casos, incluso enfrentan el rechazo de sus propias familias.
“Muchas veces ni los familiares los quieren recibir. Conseguir trabajo con antecedentes es extremadamente difícil”, lamentó.
En ese sentido, recordó que desde la Defensa Pública impulsan una propuesta legislativa orientada a modificar el tratamiento de los antecedentes penales para quienes ya cumplieron íntegramente sus condenas.
La iniciativa plantea que los antecedentes continúen existiendo para fines estadísticos, criminológicos y policiales, pero que no se conviertan en un obstáculo permanente para acceder a oportunidades laborales una vez cumplida la pena.
Una discusión pendiente
Las declaraciones de Esquivel vuelven a instalar el debate sobre el uso de la prisión preventiva en Paraguay, un mecanismo que organismos nacionales e internacionales han señalado reiteradamente como una medida excepcional y no como una sanción anticipada.
Para el defensor general, el desafío no solo pasa por revisar las prácticas judiciales, sino también por transformar la percepción social que equipara justicia con encarcelamiento inmediato.
Mientras tanto, sostiene que miles de personas continúan enfrentando procesos penales desde la cárcel, en un sistema donde, muchas veces, ordenar la prisión resulta una decisión menos riesgosa para los magistrados que conceder la libertad.
