La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación planteados por las defensas y dejó firme la condena de 10 años de prisión impuesta al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, y a su exjefe de gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra, por el desvío de fondos públicos destinados a la reactivación económica durante la pandemia.
Con esta decisión de la máxima instancia judicial, quedan confirmadas las sentencias dictadas en primera instancia contra los principales responsables del esquema que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central.
La Sala Penal estuvo integrada por los ministros Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes resolvieron rechazar los recursos extraordinarios presentados por los condenados.
Según la acusación fiscal, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles conformaron una estructura destinada a desviar recursos públicos mediante la utilización de documentos falsos y mecanismos irregulares de rendición de cuentas. Los fondos estaban destinados originalmente a proyectos de reactivación económica en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
La investigación reveló que los involucrados recurrieron a facturas falsas emitidas por contribuyentes de distintas zonas del país e incluso por funcionarios habilitados para facturar a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Mediante este esquema, justificaron desembolsos irregulares y obtuvieron beneficios económicos de manera ilícita.
Por estos hechos, el Tribunal de Sentencia condenó a Hugo Javier González y a Miguel Ángel Robles a 10 años de prisión por los delitos de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, en calidad de autores.
Además, fueron condenados otros exfuncionarios de la Gobernación de Central. Javier Marcelo Rojas, quien se desempeñaba en el área de Finanzas, recibió una pena de dos años de prisión. En tanto, el extesorero Luis Eduardo Allende Araújo, la exsecretaria general Lourdes Lezcano Decoud y la exdirectora de Asesoría Jurídica Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, aunque con suspensión de la ejecución.
Durante la lectura de la sentencia de primera instancia, la jueza Karina Cáceres sostuvo que los recursos públicos fueron utilizados de manera irregular y cuestionó la falta de documentación que respaldara los millonarios desembolsos.
“La plata del pueblo paraguayo fue utilizada de forma irregular: desembolsaron G. 5.105 millones sin respaldo documental, y ni siquiera se presentó el convenio para explicar las 14 obras existentes”, afirmó la magistrada.
El tribunal concluyó que entre 2020 y 2021 Miguel Ángel Robles lideró el esquema junto con funcionarios públicos, constructores y representantes de la Fundación CIAP para apropiarse de fondos pertenecientes a la Gobernación de Central.
La Fiscalía logró acreditar el desvío irregular de G. 5.105 millones mediante documentos, pericias técnicas y declaraciones testificales. De acuerdo con la acusación, los recursos fueron destinados a supuestas obras que nunca llegaron a ejecutarse.
Con la decisión de la Corte Suprema, el caso queda prácticamente cerrado en el ámbito penal y las condenas impuestas adquieren firmeza, consolidando uno de los fallos más relevantes en materia de corrupción pública vinculada a la administración de fondos de emergencia durante la pandemia.
