Preocupa a operadores del sistema la idea que surge desde el Congreso de reducir de cuatro a tres años el plazo de duración máxima del proceso, debido a la saturación del sistema penal y las causas de alta complejidad como las del crimen organizado o delitos económicos que podrían quedar impunes si se resuelve que el tiempo de duración del proceso se reduzca a tres años.

La camarista especializada y coordinadora de la Oficina Técnica Penal OTP, Silvana Luraghi, señaló que no es conveniente tocar en este momento el plazo de ley para conclusión de los casos, ya que nuestro país está siendo evaluado por organismos internacionales como Gafilat y el fuero ordinario por el cúmulo de trabajo.

Comentó, que este tipo de iniciativas debe ser muy bien analizada desde el punto de vista de los plazos que requieren indefectiblemente de más tiempo como los casos complejos y en el fuero ordinario por la cantidad de trabajo de casos.

“Toda la justicia penal está sobrecargada, está trabajando siempre contra reloj, en ese sentido considero que de darse esa modificación perjudicaría al sistema penal en este momento. Por la gran cantidad de causas que maneja el fuero penal ordinario con causas importantísimas quizás no sean tan complejas, pero son muy importantes como los casos de feminicidio, hechos punibles contra menores que también necesitan de que los plazos de investigación sean cuidados y detallados”, comentó la doctora Silvana Luraghi.

La magistrada de hecho propuso incluso que los plazos de investigación para los casos complejos sufran una modificación, pero, para ser ampliados ya que en la actualidad las investigaciones por robo y hurto, tienen el mismo tiempo de investigación que los casos por narcotráfico o hechos de corrupción.

Subrayó que es necesario revisar estos plazos y someterlos a un periodo más largo de investigación a los casos de alta complejidad para que el Ministerio Público pueda realizar un buen trabajo investigativo y más completo para llegar a buen puerto. Que, los seis meses de investigación establecido no es suficiente para concluir una investigación que requiere de peritajes, contrastes o el análisis de los hechos perpetrados por grupos criminales.

Acotó, que es necesario modificar el plazo que los pedidos de prórroga ordinaria o extraordinaria que plantean los fiscales deje de resentir el sistema penal que ya se encuentra de por sí sobrecargado de trabajo.

Para la camarista Silvana Raquel Luraghi del fuero especializado y coordinadora de la Oficina Técnica Penal (OTP), el plazo de investigación otorgado al Ministerio Público es insuficiente y debe ser modificado ya que resulta corto para los casos considerados crímenes o de alta complejidad.

Señaló, que es insostenible que los casos de alta complejidad sigan teniendo el mismo tiempo de investigación que los procesos ordinarios, que esto debe sufrir una modificación ya que para tener éxito en la conclusión de un caso en necesario una buena investigación que será solo posible si es que el Ministerio Público tiene más tiempo para las pesquisas.

Comentó que esta problemática es evidente y que se debe buscar la solución modificando el plazo legal de investigación para el fuero especializado, ya que actualmente los juzgados de garantían se llenan de pedidos fiscales que desean ampliar su plazo ordinario de investigación o bien los tribunales de alzada donde se requiere el periodo extraordinario de investigación.

“Resiente mucho el trabajo del Poder Judicial los requerimientos por parte del órgano investigador, donde constantemente venos que se están pidiendo prórrogas ordinarias, esto implica que, se debe convocar a una audiencia para analizar este aspecto para luego resolver el pedido, todo lo que implica la realización de audiencias en los juzgados especializados e igualmente en los tribunales especializados, lleva tiempo. Eso nos lleva a la conclusión de que el plazo de investigación tiene que ser modificado. Seis meses no es suficiente y quizás tampoco un año para poder enfrentar investigaciones muy complejas como los casos relacionados a grupos criminales, al crimen organizado y a hechos punibles muy técnicos como son los hechos punibles de corrupción, de delitos económicos que requieren de mucho análisis y pericias que son muy complejas y seis meses está visto que es insuficiente. En algún momento creo que este plazo de investigación tiene que ser modificado”, sentenció la camarista Silvana Luraghi coordinadora de la OTP.

Subrayó que en la actualidad un hecho punible de hurto tiene el mismo plazo de investigación que un hecho punible por narcotráfico o un hecho punible de corrupción pública por lo que no se puede seguir sosteniendo el mismo plazo de investigación de seis meses.

Por último, señaló que se podría mirar modelos de otros países que tienen un determinado plazo de investigación para los delitos y un plazo distinto para los crímenes o hechos punibles más graves que tienen otro plazo de investigación.

El tribunal especializado contra el crimen organizado y delitos económicos declaró inadmisible la apelación especial presentada por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto por la defensa de Darío Messer y su hijo.

La defensa buscó dejar sin efecto la sentencia definitiva dictada por los jueces Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, que ordena el comiso de los bienes de Darío Messer y que pasen al Estado paraguayo para a su vez sea distribuido a los entes que combaten el crimen organizado en nuestro país.

En su deposición ante las autoridades brasileñas, en el marco de los acuerdos de delación premiada a los que arribó, Darío Messer expresó que invirtió en el Paraguay para blanquear los valores ilícitos que percibió por el monumental esquema transaccional de lavado y evasión que comandaba, a través de la formación de empresas, las que luego pasaron a tener aumentos voluminosos de capital, inversiones en el mercado financiero bursátil, adquisición de préstamos del mismo Darío Messer, lo que le genero capital suficiente para el desarrollo de sus actividades comerciales y permite justificar la gran cantidad de operaciones comerciales que realizaba.

El patrimonio de Messer en nuestro país está siendo administrado por la Senabico y oscila los 150 millones de dólares, en bienes muebles, inmuebles, empresas, vehículos y semovientes.

Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia representan al Ministerio Público en esta causa de comiso de bienes adquiridos en nuestro país con dinero ilícito por Darío Messer y su hijo.

Con esta decisión, a la defensa solo resta recurrir ante la Corte Suprema de Justicia que sería la última instancia que les queda antes que los bienes pasen a pertenecer al Estado paraguayo como lo ordena dos instancias.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Seprelad Óscar Boidanich como de las otras imputadas.

La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.

La causa, con el dictamen de Moreno, quien alega que existen informaciones pendientes desde Brasil como cooperación internacional que podrían ser relevantes para el caso y por ello requieren esta medida inicial el sobreseimiento provisorio para insistir con esas pruebas.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia, resolvió en su momento darle trámite de oposición al pedido del fiscal inferior y envió el caso a la fiscalía general para la rectificación o ratificación como fue en este caso.

Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas se encuentran procesados por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operaciones sospechosas en relación con Darío Messer.

Según los agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso en el límite operativo autorizado y la falta de documentación suficiente.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría de reacción inmediata a tres expedientes para indagar presuntas irregularidades.

La auditoría se inicia no solo a las actuaciones ejecutadas por los jueces de Primer y Segundo turno de Caacupé sino a la misma cámara que solicita se haga la investigación, así como las actuaciones realizadas por la Defensa Pública en estos expedientes.

A propuesta de la ministra Carolina Llanes el pleno de la Corte aprobó iniciar la investigación a estos expedientes que tienen la misma carátula y pedidos similares y que fueron planteados en dos juzgados de Caacupé.

La Corte indaga los expedientes para verificar posibles actuaciones irregulares de operadores del sistema respecto a la salida del país de un bebé de 11 meses con problemas de salud con una familia acogedora.

Llama la atención que el juzgado otorgue el permiso de salida del país del bebé sin efecto suspensivo a una familia española, lo que permitió que antes que alzada analice la cuestión el bebé ya haya salido del país.

La Corte Suprema de Justicia debe analizar a profundidad el caso para ejercer un debido control sobre las guardas provisorias otorgadas a familias acogedoras por parte de magistrados que tienen la obligación de velar por los derechos de la niñez.

En Primera Instancia la Procuraduría General de la República logró una resolución favorable de la justicia respecto a la demanda civil promovida por excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989, quienes buscaban una millonaria indemnización por daños y perjuicios.

Los acciones requerían ser indemnizados por una suma varias veces millonaria, lo equivalente a 40 millones de dólares, pero el magistrado en base a los argumentos expuestos por la PGR entre ellos la prescripción de la acción judicial planteada,  no hizo lugar al pedido de los demandantes.

El juzgado resolvió a favor del Estado paraguayo en la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de excombatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, contra la Procuraduría General de la República y el Estado paraguayo por responsabilidad extracontractual, con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto de ₲ 291.335.166.000 (guaraníes doscientos noventa y un mil trescientos treinta y cinco millones ciento sesenta y seis mil), equivalentes a USD 40.463.217,5 (dólares americanos cuarenta millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos diecisiete).  

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción opuestas como medio general de defensa opuestas por la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazó la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e impuso las costas a la parte actora.

Según los antecedentes, en fecha 3 de agosto del año 2022, se presentaron ante el Juzgado los abogados Francisco Rene y Héctor Rehnfeldt, invocando la representación de la Asociación de excombatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, a fin de promover demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Estado paraguayo, solicitando el pago a sus asociados, -942 según planilla- de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, aproximadamente ₲ 309.273.000 (guaraníes trescientos nueve millones doscientos setenta y tres mil), que multiplicados por la cantidad de sus asociados asciende a la suma total de ₲ 291.335.166.000 (guaraníes doscientos noventa y un mil trescientos treinta y cinco millones ciento sesenta y seis mil).

En el juicio la Procuraduría General de la República en representación del Estado paraguayo negó el derecho a resarcimiento que la parte actora pretendía del Estado paraguayo, debido a que, tanto, las instrumentales acompañadas en la presente demanda, como las pruebas diligenciadas, no aportaron valor, ni fuerza probatoria para acreditar la veracidad de los hechos, alegando además, que la actora, no tiene legitimación activa, y que sumado a ello, la demanda está prescripta, oponiendo las excepciones de falta de acción y prescripción como medio general de defensa con la contestación de la demanda, logrando finalmente el fallo favorable.

La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.

La fiscalía alega que existen informaciones pendientes desde Brasil como cooperación internacional que podrán ser relevantes para el caso y por ello requieren esta medida inicial para insistir con esas pruebas.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia, resolvió en su momento darle trámite de oposición al pedido del fiscal inferior y envió el caso a la fiscalía general para la rectificación o ratificación como fue en este caso.

Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas se encuentran procesados por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operaciones sospechosas en relación con Darío Messer.

Según los agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso en el límite operativo autorizado y la falta de documentación suficiente.

Con este último dictamen el juez del caso debe desvincularlos provisoriamente del caso.