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La Corte suspende a camaristas por presuntas irregularidades cometidas en un expediente

El pleno de la Corte Suprema de Justicia y a pedido de los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia suspendió en el ejercicio de la magistratura con sueldo básico a los camaristas Víctor Venancio Vera Valloud y María Ignacia Franco por presuntas irregularidades cometidas en un expediente a su cargo.

El ministro Alberto Martínez Simón, señaló que las sospechas existentes sobre los magistrados ameritan no solo la suspensión, sino además la de comunicar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo ocurrido para que analice la conducta de Vera Valloud y Franco.

También, se ha tomado una tercera medida como el sumario administrativo que ya fue dispuesto por la máxima instancia para investigar a los magistrados que actuaron aparentemente de manera irregular.

“Quiero exponer al pleno una situación que constatamos con el doctor Manuel Ramírez Candia en un juicio caratulado Sociedad Civil contra María Isabel Couchonal y otros sobre cumplimiento de contrato en donde hemos detectado una probable irregularidad procesal que amerita entendemos, la instrucción de un sumario, la remisión al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la suspensión en el ejercicio de la magistratura”, señaló Martínez Simón.

Agregó, que existiría una aplicación indebida del derecho en este caso que donde intervinieron los magistrados. Lo que hace que amerite iniciar estos trámites investigativos para determinar si efectivamente existió una irregularidad en el ejercicio de la magistratura.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad lo solicitado por los ministros denunciantes y los camaritas afectados serán notificados de la dura pero necesaria decisión asumida por la máxima instancia que busca con esta decisión dilucidar si efectivamente los camaristas actuaron irregularmente y si es así ya tomar medidas definitivas en el caso.

Han fenecido más de 100 cargos en el sistema de justicia

La Corte Suprema de Justicia informó al Consejo de la Magistratura las vacancias de 107 cargos por fenecimiento de mandato de operadores de justicia entre jueces, fiscales y defensores públicos.

La máxima instancia comunicó la vacancia de 45 cargos por fenecimiento de mandato de magistrados en su mayoría jueces de Paz. Mientras que existen 35 cargos vacantes de agentes fiscales en distintos puntos del país y 27 cargos vacantes de defensores públicos también a nivel nacional.

Tanto el fiscal general del Estado Emiliano Rolón como el defensor general Javier De Jesús Esquivel, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que realicen la comunicación al órgano encargado de integrar las ternas para el cargo de estos funcionarios que han cumplido su mandato.

El Consejo de la Magistratura deberá realizar el llamado pertinente para integrar las ternas respectivas y luego enviarlas a la Corte Suprema de Justicia para su tratamiento.

En la sesión plenaria de este jueves se ha resuelto realizar la comunicación del fenecimiento de mandato de los 107 cargos fenecidos en el sistema de justicia.

Óscar Boidanich y otros sobreseídos provisionalmente por lavado

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A pedido del Ministerio Público el juez especializado Rodrigo Estigarribia, decretó el sobreseimiento provisional del expresidente de la Seprelad Óscar Boidanich y sus exfuncionarias imputadas en su momento por omitir reportes de operaciones sospechosas de Darío Messer.

Luego del dictamen de la fiscalía adjunta, el magistrado resolvió la desvinculación provisoria de los implicados. El Ministerio Público tendrá un año más para indagar el caso y en caso de acceder a elementos de prueba que considere necesario para acusar en el caso podrá pedir la reapertura de la causa.

La audiencia preliminar se desarrolló este miércoles para dar cumplimiento a lo requerido por Matilde Moreno, quien ratificó el dictamen de sobreseimiento provisional para Óscar Boidanich exministro de la Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.

Se alega que existen informaciones pendientes desde Brasil como cooperación internacional que podrían ser relevante para el caso y por ello, requieren esta medida inicial el sobreseimiento provisorio para insistir con esas pruebas.

Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas se encuentran procesados por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operaciones sospechosas en relación con Darío Messer.

Según los agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso en el límite operativo autorizado y la falta de documentación suficiente.

Controles de alcotest de la Patrulla Caminera: ¿Están ajustados a la Ley?

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La Patrulla Caminera retoma controles de alcotest: ¿cumplen con la ley 5016/14? Equipos en calibración: ¿afectará la legalidad de los procedimientos en Ruta?, te dejamos los detalles en esta nota.

La Patrulla Caminera de Paraguay se encuentra en la mira ciudadana tras anunciar la reanudación de los controles de alcotest sin presencia fiscal, una medida que ha generado debate sobre su legalidad. La institución, que actualmente opera con la mitad de sus equipos en calibración, se apoya en el artículo 7 de la ley 5.016/14 para justificar su competencia en la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito.

“La Caminera tiene toda la potestad de hacer alcotest”, declaró la inspectora ayudante Patricia Ferreira a GEN. Esta afirmación, sin embargo, ha suscitado preguntas sobre si la práctica se alinea con los protocolos legales vigentes.

Según la ley, la Patrulla Caminera está facultada para realizar controles preventivos aleatorios en rutas nacionales y departamentales. Un reportaje de ABC Color destaca que para que un operativo de control de vehículos sea legal, debe existir una orden operativa por escrito emitida por el jefe inmediato. Esto plantea la cuestión de si los controles de alcotest se están llevando a cabo con todas las formalidades requeridas.

La legalidad de estos procedimientos es importante, ya que la ley establece claramente las faltas administrativas y los niveles de alcohol en sangre que son punibles. La Patrulla Caminera, al ser la autoridad competente, debe asegurarse de que sus acciones no solo sean efectivas sino también incuestionables desde el punto de vista legal.

La comunidad y los conductores observan con atención cómo la Patrulla Caminera manejará esta situación delicada. La eficacia de los controles de alcotest es indiscutible para la seguridad vial, pero la legalidad de estos es igualmente importante para mantener la confianza pública en las instituciones del estado.

La medida anunciada por la Patrulla Caminera es un paso adelante en la lucha contra la conducción bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, es imperativo que se realice dentro del marco legal para evitar cualquier cuestionamiento de su validez y para proteger los derechos de los ciudadanos.

FUENTE: El Heraldo Paraguayo.

Aprobación unánime para elevar condenas hasta 10 años de cárcel a ladrones industriales de energía eléctrica

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La Comisión de Legislación y Energía de la Cámara de Senadores aprobó en general y por unanimidad las propuestas para elevar las penas por robo de energía eléctrica que va hasta los 10 años de penitenciaría a los que roban energía en grandes cantidades.

La preocupación surge luego de las reiteradas intervenciones que ha realizado al Administración Nacional De Electricidad ANDE, a empresas que trabajan clandestinamente con criptomonedas robando la energía en cantidades industriales y se busca aplicar una sanción más severa por este tipo de hecho punible.

El senador Delis Maidana presidente de la Comisión de Legislación del Senador, confirmó que existe la intención unánime de aprobar el proyecto de ley que busca ampliar el marco penal por el robo de energía y que esto será tratado en la brevedad.

“Se hace una distinción entre las personas que sustraen la energía eléctrica de forma individual cuya pena va de entre seis meses a cinco años y aquellos que hacen lo hacen en forma industrial o comercial las relacionadas a las criptominerías donde el marco penal va de dos a diez años de cárcel”, mencionó el senador Maidana a Agendapy.

Se ha desarrollado numerosas reuniones con representantes del legislativo con integrantes del Poder Judicial, técnicos de la ANDE para afinar el proyecto que se busca se materialice en ley para elevar no solo la condena sino también que conlleve una pena resarcitoria para la ANDE.

También se contempla como sanciones las incautaciones, comisos y multas. Son dos las propuestas presentadas y se fusionará para aplicar una mayor rigurosidad a los ladrones de energía eléctrica.

El proyecto además prevé que sea la ANDE la que utilice o guarde los bienes incautados y todo aquello que resulte de multas o subastas de lo incautado pase a favor de la Administración Nacional de Electricidad como única víctima de este tipo de hechos punibles.
El robo de energía eléctrica es una constante y se busca desde legislativo regular este hecho y condenar a penas carcelarias y monetarias a los que continúen realizado esta práctica ilegal.

A Ultranza: Confirman a camarista para estudiar recusación contra la jueza Rosarito Montanía

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó al camarista José Waldir Servín para integrar la cámara que debe estudiar la recusación presentada por la defensa del pastor José Insfrán contra la jueza que entiende este caso, Rosarito Montanía.

Una vez que el tribunal de apelación penal resuelva la recusación y si confirma a la magistrada, sev deberá fijar la audiencia preliminar para Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico quien fue acusado recientemente por el Ministerio Público como presunto líder de la organización criminal e tráfico de drogas y lavado de dinero con Sebastián Marset.

El pastor Infrán, había recusado a la magistrada por considerar inhumano sus condiciones de encierro que son mantenidas por la jueza según menciona.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

Imedic: Juicio a Patricia Ferreira sigue en etapa de declaración de testigos y documentales

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El juicio oral y público que se le sigue a la propietaria de Imedic Patricia Ferreira por presuntamente introducir al país medicamentos oncológicos de forma irregular, continúa en la etapa de declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Público.

De las 60 personas ofrecidas, más de diez ya prestaron su declaración ante el tribunal de sentencia y también se les exhibe los documentos al momento de su declaración testimonial lo que hace que su desarrollo sea lento.

El tribunal de sentencia lleva la diligencia en lo que le permite su agenda con los otros juicios que también llevan adelante. Este martes la diligencia se retoma con la declaración de más testigos y lectura de algunas documentales.

Soportan juicio además de Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Domínguez Ramírez, despachante de aduanas. Quienes fueron acusado por el Ministerio Público por haber ingresado al país medicamentos oncológicos de forma irregular.

Los enjuiciados soportan cargos por: asociación criminal, producción de documentos no auténticos, omisión de evitar un resultado y comercialización de medicamentos no autorizados.

Los investigadores concluyeron que firma Imedic, formó una organización criminal para cometer hechos sucesivos y quedó probada tras la investigación, que adulteraron facturas de la firma Eurofarma Laboratorios para el ingreso irregular de medicamentos a nuestro país.

Lo más grave del caso, según mencionan es que no se pudo determinar la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron al país de manera irregular, teniendo en cuenta que en las facturas falsas presentadas para la gestión de importación ante el organismo correspondiente, no se describieron los lotes de los medicamentos adquiridos por la empresa Insumos Médicos, este obstáculo impidió al Ministerio de Salud como al Ministerio Público individualizar los lotes de medicamentos ingresados irregularmente al país, mencionan los acusadores.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por los jueces; Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee. La diligencia aún llevará tiempo debido a la cantidad de testigos propuestos por el Ministerio Público y por la recarga laboral del tribunal de sentencia.

Separación de condenados de procesados servirá para mejorar control sobre personas de alto perfil

La camarista especializada Silvana Luraghi, señaló que la separación de personas condenadas de prevenidas traerá numerosos beneficios al sistema de justicia y el penitenciario, refirió que servirá principalmente para ejercer un mayor control sobre personas que integran grupos criminales.

Comentó que el Ejecutivo está realizando el trabajo de separación que es abrogatoria de cumplir y que era una deuda pendiente. Que esto es posible hoy por la inauguración de nuevas penitenciarías que ya tienen un régimen diferente a las anteriores y cumplen con todos los requisitos para albergar a personas consideradas de alta peligrosidad.

Agregó que una de ellas es la de Emboscada y otra de la Minga Guasú ambas acondicionadas para albergar a personas condenadas que forman parte de grupos criminales y que están separadas de la población común, con un régimen de encierro diferente al resto de los procesados.

“Esta separación beneficia desde todo punto de vista por un lado, para ejercer un mejor control de personas que pertenecen a los grupos criminales, que haya orden respecto a sus situaciones y al cumplimiento efectivo de las medidas o, ya de penas y también trabajar en el tema de la rehabilitación de las personas condenadas que no pueden estar con personas prevenidas. La separación de personas condenadas de prevenidas servirá para trabajar en lo que nos exige la Constitución Nacional que es la readaptación de las personas”, mencionó la doctora Silvana Luraghi.

Subrayó, que esta separación también servirá para que los grupos criminales pierdan poder dentro de las penitenciarías y dejen de manejarlas a su voluntad como lo hizo el Clan Rotela desde Tacumbú.

Además, se va a contener con esto la corrupción ya que estas personas están en celdas separadas cumpliendo el reglamento que impone el Ministerio de Justicia, como el horario para salir a caminar, almorzar, visitas de sus abogados o las visitas conyugales, está muy controlado con esta separación, acotó.

Juez debe fijar preliminar para Juan Villalba acusado por violencia familiar

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La semana pasada el Ministerio Público formuló acusación contra el exdirector del PMT Juan Villalba por violencia familiar y requirió que el caso sea elevado a juicio oral y público.

Las agentes fiscales Fátima Villasboa Maidana y Susana González, formularon acusación en contra de Juan Francisco Villalba Idoyaga, por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar. Asimismo, requieren la elevación de la causa a juicio oral y público.

Las investigadoras sostienen que tienen elementos que prueba que, tanto la esposa como la cuñada de Villalba fueron víctimas de violencia por parte del acusado. Entre los elementos se encuentran: testimoniales, documentales e instrumentales.

Los antecedentes del caso señalan que, el 05 de diciembre del 2023, siendo las 04:00, Juan Villalba Ydoyaga, en el interior del dormitorio matrimonial de un departamento de la ciudad de Asunción, mantuvo una discusión con su esposa. En la ocasión, presuntamente la habría agredido físicamente produciéndole lesiones de consideración, cuyos detalles están en la carpeta de investigación fiscal.

 Posteriormente, siendo las 06:23 horas del día 5 de diciembre del 2023, la hermana de la pareja de Villalba tuvo conocimiento del hecho debido a que el hombre la llamó vía WhatsApp desde su número y luego éste llegó hasta la vereda de su casa de la ciudad de Fernando de la Mora, solicitándole que salga frente a la vivienda y pudo observar a su hermana, sentada en la parte de atrás de la camioneta, con la cabeza ensangrentada y otras lesiones, negándose a descender y se retiraron del lugar.

Según los registros, la mujer fue asistida en un sanatorio y también en el Hospital del Trauma y finalmente el supuesto victimario realizó un viaje a Ciudad del Este, el cual habría sido motivo de la discusión.

Villalba también llegó a enviar mensajes amenazantes a su cuñada quien llegó hasta una escribanía para certificar esta situación además hizo capturas de pantalla de sus mensajes para dejar constancia de estas amenazas por parte de Juan Villalba, quien está a la espera de su juicio oral.

Condenado a 20 años de cárcel por abusar de su hermanita

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Un tribunal de sentencia condenó a 20 años de prisión a un hombre que en el 2021 abusó sexualmente de su hermanita de cuatro años. La denuncia fue formulada por otra hermana que lo sorprendió cometiendo el hecho.

La agente fiscal Viviana Llano, representó al Ministerio Público en el juicio oral y público donde presentó todas las pruebas para demostrar los hechos y el que el tribunal arribara a la condena de 20 años de encierro para el acusado.

El hecho ocurrió en el año 2021. Agentes policiales habían sido alertados, vía telefónica, por otra hermana del ahora condenado, quien sorprendió al joven vulnerando a la pequeña niña. El autor del hecho intentó darse a la fuga, pero fue reducido por vecinos del lugar. Tras analizar las pruebas producidas por el Ministerio Público, el tribunal de sentencia lo condenó a purgar 20 años de cárcel por abuso sexual en niños.

El 95% de los casos de abuso sexual en niños ocurre en el entorno familiar. Se lleva adelante numerosas campañas con miras a frenar los números que siguen elevando, llegando en la actualidad a denunciarse siete casos de este tipo de hechos ante el Ministerio Público.

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