Preocupa a operadores del sistema la idea que surge desde el Congreso de reducir de cuatro a tres años el plazo de duración máxima del proceso, debido a la saturación del sistema penal y las causas de alta complejidad como las del crimen organizado o delitos económicos que podrían quedar impunes si se resuelve que el tiempo de duración del proceso se reduzca a tres años.
La camarista especializada y coordinadora de la Oficina Técnica Penal OTP, Silvana Luraghi, señaló que no es conveniente tocar en este momento el plazo de ley para conclusión de los casos, ya que nuestro país está siendo evaluado por organismos internacionales como Gafilat y el fuero ordinario por el cúmulo de trabajo.
Comentó, que este tipo de iniciativas debe ser muy bien analizada desde el punto de vista de los plazos que requieren indefectiblemente de más tiempo como los casos complejos y en el fuero ordinario por la cantidad de trabajo de casos.
“Toda la justicia penal está sobrecargada, está trabajando siempre contra reloj, en ese sentido considero que de darse esa modificación perjudicaría al sistema penal en este momento. Por la gran cantidad de causas que maneja el fuero penal ordinario con causas importantísimas quizás no sean tan complejas, pero son muy importantes como los casos de feminicidio, hechos punibles contra menores que también necesitan de que los plazos de investigación sean cuidados y detallados”, comentó la doctora Silvana Luraghi.
La magistrada de hecho propuso incluso que los plazos de investigación para los casos complejos sufran una modificación, pero, para ser ampliados ya que en la actualidad las investigaciones por robo y hurto, tienen el mismo tiempo de investigación que los casos por narcotráfico o hechos de corrupción.
Subrayó que es necesario revisar estos plazos y someterlos a un periodo más largo de investigación a los casos de alta complejidad para que el Ministerio Público pueda realizar un buen trabajo investigativo y más completo para llegar a buen puerto. Que, los seis meses de investigación establecido no es suficiente para concluir una investigación que requiere de peritajes, contrastes o el análisis de los hechos perpetrados por grupos criminales.
Acotó, que es necesario modificar el plazo que los pedidos de prórroga ordinaria o extraordinaria que plantean los fiscales deje de resentir el sistema penal que ya se encuentra de por sí sobrecargado de trabajo.
