La camarista Silvana Raquel Luraghi coordinadora de la Oficina Técnica Penal, OTP, comentó que realizan un arduo trabajo para depurar los procesos penales de mujeres internas del Buen Pastor, realizan un examen del estado de los procesos para verificar quienes pueden tener una salida alternativa a juicio oral.

La magistrada señaló que tienen marcada una agenta a ejecutar en los penales del Buen Pastor y Coronel Oviedo que son los dos objetivos trazados este 2024. Se apunta priorizar las causas de mujeres embarazadas, con enfermedades graves, internas con hijos pequeños, con enfermedades mentales e indígenas.

Señaló que la iniciativa tiene como principal foco depurar los casos de este tipo de internas imprimiendo celeridad a sus procesos penales y verificar quiénes pueden obtener una revisión de sus medidas cautelares e incluso quienes pueden obtener su libertad o ya una sentencia en sus causas para finiquitar sus procesos.

La idea es evitar que aquellos casos en los que no amerite elevar para el debate público culmine antes y así evitar que este cúmulo de casos siga su curso saturando aún más el sistema penal. El trabajo se realiza de manera conjunta con el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensa Pública, pero es el Poder Judicial el que encabeza la terea principal de revisión para concluir los casos.

“Nuestra tarea es la de revisar las causas de internas vulnerables, ver la posibilidad de realizar revisión de medidas cautelares o su audiencia preliminar para finiquitar sus causas. Se hace un examen de las causas y se ve si cumple con los requisitos para un proceso abreviado como la suspensión condicional, el procedimiento a prueba, o la suspensión de la ejecución de la condena a prueba. Queremos que todas aquellas causas que son pasibles de una solución alternativas se solucionen ya en la audiencia preliminar y no tenga que pasar a juicio oral donde actualmente sabemos existe una recarga del trabajo y de juicios que hace que el sistema recienta mucho y haya mora judicial”, acotó al doctora Silvana Raquel Luraghi.

El Ministerio Público presentó acusación contra el abogado Miguel Mendieta exabogado de Miguel Insfrán alias Tío Rico, también acusó al militar Luis María Belotto y su esposa Alba Lidia de Belotto por soborno agravado por intentar introducir en el penal de Viñas un teléfono de la marca IPhone para el acusado.

El fiscal Francisco Cabrera señala en su acusación que han reunido todos los elementos de prueba como para sostener la acusación en un eventual juicio oral y público contra los tres acusados que intentaron entregar un teléfono celular a Tío Rico en su lugar de encierro.

Menciona en la acusación que el mecanismo de seguridad establecido por la jueza Rosarito Montanía fue clave para detectar que se entregue el paquete de yerba con el IPhone dentro a Tío Rico, sea incautado.

“Del análisis de los hechos, así como de las constancias de autos, esta

representación pública considera que se hallan acreditados los extremos para formular acusación contra Luis Maria Belotto Quiñonez y Alba Lidia Ale de Belotto en calidad de autores y de Miguel Angel Mendieta Fernández en calidad de instigador en el hecho punible de soborno agravado. En el presente caso, tenemos primeramente las conductas realizadas por el Coronel Luis Maria Belotto y su esposa Ada Lidia Ale de Belotto, quienes realizaron el ofrecimiento de la entrega de una suma de dinero concreta, Gs. 10.000.000 al Mayor Guillermo Moral Centurión a cambio de que el mismo introduzca un teléfono celular en forma clandestina y se lo entregue al recluso Miguel Insfrán Galeano, estas tienen su sustento en la interceptación de comunicaciones realizadas con autorización judicial, extracción de datos del teléfono celular, informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar, grabaciones de circuito cerrado y testimoniales ofrecidas. Conforme a lo expresado, analizado conjuntamente con los elementos probatorios ofrecidos”, señala parte de la extensa acusación del Ministerio Público.

Agrega que los hoy acusados conocían el hecho antijurídico que estaban planeando ejecutar con la sola finalidad de obtener un beneficio económico.

El juez especializado Osmar Legal hizo lugar al pedido de la defensa del senador Erico Galeano y aplazó la audiencia preliminar para el próximo 21 junio. No obstante, el magistrado advirtió a sus abogados defensores del comportamiento que deben tener dentro de un proceso.

A pedido de la defensa que alegó que no pudieron aún acceder a todas las pruebas ofrecidas contra Erico Galeano y que tampoco les daría el tiempo para preparar la defensa del legislador, se pospone su audiencia preliminar para el 21 de junio.

El juez Osmar Legal, también advierte a la defensa Cristóbal Cáceres y Víctor Dante Gulino y les advirtió que en caso de notar el juzgado la actuación de mala fe de los abogados les aplicará sanciones.

El senador colorado cartista Erico Galeano fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización criminal y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también le brindó a los principales líderes del grupo ilícito, además de Miguel Ángel Insfran Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional, “Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también le brindó a los principales líderes del grupo ilícito, además de Miguel Ángel Insfran Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional”, relata la acusación que debe ser debatida en la audiencia preliminar.

La jueza especializada Rosarito Montanía señaló a Judiciales Net que el Expediente Judicial Electrónico, es una herramienta muy útil y válida para hacer cumplir la sanción emitida por la máxima instancia respecto a los abogados que chicanean en los procesos.

Comentó que, desde la digitalización de los expedientes las suspensiones a los letrados son efectivos ya que cuando les salta una alerta en rojo al magistrado, allí se procede a desvincularlos del expediente por una providencia.

Subrayó que una vez que el juez emita dicha resolución, recién allí, deja de tener acceso al Expediente Judicial Electrónico y queda inhabilitado el tiempo que dure la sanción emitida por la Corte Suprema de Justicia.

“La herramienta resulta muy útil a fin de efectivizar la suspensión en el ejercicio de la profesión de los abogados sancionados por la Corte Suprema de Justicia, el expediente electrónico fija una alerta en rojo al ingresar al expediente en el que tiene intervención el profesional suspendido y ya queda a cargo del juez, hacer efectiva la sanción y como consecuencia, desvincular al abogado del expediente. Recién cuando el juez ordena la desvinculación del abogado, vía providencia, el abogado deja de tener acceso al expediente”, manifestó la magistrada.

Por año, la Corte Suprema de Justicia emite numerosas sanciones contra profesionales del derecho por chicanear en los procesos actuando de mala fe con el ejercicio abusivo del derecho.

Es más, el máximo tribunal impulsa una ley conocida como “Antichicanas”, con el fin de poner limites a las recusaciones que según el proyectista Alberto Martínez Simón es uno de los tantos incidentes que alargan indebidamente los procesos.

Mientras que los abogados consideran que el verdadero problema no son los incidentes planteados por los abogados, sino, la lentitud con que estas son resueltas por un Poder Judicial moroso.

Este lunes debía iniciar el juicio oral y público para el usurero luqueño Ramón González Daher por el robo de 471 cheques del juzgado del juez Humberto Otazú, pero la diligencia quedó suspendida por el incidente de recusación.

La defensa del acusado recusó al presidente del tribunal Juan Carlos Zárate y la jueza María Fernanda García de Zúñiga, el abogado Erich Ratflaff alega que hace días planteó que su cliente participe de la audiencia oral por medios telemáticos, sin embargo, no tuvo respuesta del colegiado motivo por el que recusó al presidente del tribunal.

El Ministerio Público acusó a Ramón González Daher y su abogada Emma González, por quebrantamiento de depósito debido al robo de 471 cheques del juzgado de Humberto Otazú. Los cheques formaban parte del cúmulo de pruebas donde resultó condenado a 15 años de cárcel por usura. Ramón González Daher soporta cargos por el hecho punible de quebrantamiento del depósito y hurto agravado.

Mientras que la abogada Emma Concepción González Ramos, está acusada por el hecho punible de obstrucción a la restitución de bienes. La diligencia queda en suspenso hasta tanto los miembros del tribunal sean confirmados o apartados en la causa.

El juez Rodrigo Estigarribia rechazó los primeros incidentes presentados por Wilfrido Cáceres exdirector de finanzas de la Municipalidad de Asunción, imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Para el magistrado, no corresponde el incidente planteado por el imputado por lo que amerita el rechazo de la presentación. La audiencia de imposición de medidas para Cáceres y otros imputados está fijada para mañana.

El Ministerio Público allanó semanas atrás una lujosa vivienda, que pertenecería al funcionario municipal Wilfrido Cáceres, hombre de confianza del intendente de Asunción Oscar Rodríguez quien se desempeñó como director de administración y finanzas durante la pandemia del Covid-19.

Cáceres, fue imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes que posee.

También fueron imputados por lavado de dinero la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva y la secretaria de esta Camila Ramírez. Estas tres habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, lo realizaron de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. Es decir, que el matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para ocultar sus bienes que no podían justificar con sus salarios.

Para el fiscal del caso Silvio Corbeta, existen fundadas razones para sospechar que la fortuna que posee Cáceres y su esposa sean fondos de la Municipalidad de Asunción porque prestaba servicios en ese lugar, pero, que esta hipótesis deberá ser confirmada durante la investigación.

Según los antecedentes del hecho, la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva compró 2 terrenos en la zona de Costa Guasu San Lorenzo por el valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la educación y poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a su secretaria Camila Ramírez por la misma suma de 100 millones. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside en el lugar con todas las comodidades ostentosas.

«Existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría realizada, extremos que fueran conducentes para la realización de análisis de correspondencia por parte del ente contralor, entidad que concluyó que no existe la correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto por el señor Wilfrido Adrián Cáceres Flores y Ruth Jazmín Da Silva Almirón, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado por la CGR a partir de las declaraciones juradas del mismo cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados, cuyo resultado fue comunicado al Ministerio Público como Reporte de Indicios de Hechos Punibles» , menciona parte de la imputación fiscal.

La fiscalía solicitó el embargo de los bienes además de la prohibición de vender y gravar. Solicitó además medidas alternativas a la prisión y el inmueble quedó bajo la administración de la Senabico.

El tribunal de sentencia de Ciudad del Este integrado por los jueces Marino Méndez, Zunilda Martínez y Herminio Montiel, condenó a la ejemplar pena de 28 años de cárcel a Julián Santacruz por el abuso sexual de dos niñas.

Para el tribunal de sentencia fueron determinantes las pruebas desarrolladas en el juicio oral, entre las cuales se destacan el diagnóstico del médico forense y la evaluación psicológica realizada por una profesional del Centro de Atención a Víctimas, los abusos sexuales perduraron por tres años hasta llegar incluso al coito.

Según los antecedentes, los abusos se produjeron desde el 20 de junio del 2019 al 4 de marzo del 2022 de manera sistemática en contra de dos hermanitas, de 9 y 10 años respectivamente, en una carnicería del mercado de abasto de Ciudad del Este donde también funcionaba una máquina de tragamonedas.

Julián Santacruz comenzó a darles dinero a las niñas, que iban a jugar en la máquina tragamonedas. De esa forma, embaucó a las víctimas hasta someterlas sexualmente en reiteradas ocasiones. Además, las amenazaba para que no cuenten sobre lo que estaba ocurriendo.

Tras reunir numerosos elementos de convicción, la fiscal Vivian Coronel abrió el proceso penal contra el agresor sexual, hasta que finalmente obtuvo su condena a 28 años de pena privativa de libertad.

En audiencia pública presentarán el resultado de tres procesos penales de corrupción pública en nuestro país y buenas prácticas en la investigación penal. Los casos que serán expuestos son: Agua Tónica, Derrumbe en una Escuela de Lambaré y el caso del exdiputado Miguel Cuevas.

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, el Ministerio Público (MP), con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) del gobierno de los EEUU, y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público, se llevarán a cabo tres audiencias de “Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción: Casos emblemáticos y buenas prácticas en la investigación penal”.

El objetivo principal de este encuentro es informar a la ciudadanía sobre algunos resultados obtenidos por el Ministerio Público en la persecución de hechos de corrupción. Además, presentar de manera detallada los resultados de la investigación y las condenas obtenidas en casos emblemáticos de corrupción pública; explicar el impacto del caso estudiado en las comunidades afectadas, especialmente en las poblaciones vulnerables y fomentar la participación ciudadana, en el marco del diálogo abierto entre las autoridades y la sociedad.

Son tres las causas que serán expuestas a la ciudadanía los martes 4, 18 y 25 de junio a partir de las 18:00, en el Hotel del Paraguay, el primer caso será el conocido como, “Agua Tónica” por la compra irregular de insumos en pandemia donde intervino el fiscal Silvio Corbeta.

El caso que será expuesto en la siguiente audiencia es el relacionado con las escuelas de Lambaré, investigación a cargo del fiscal Luis Said, se hará una breve descripción del caso: La sentencia se centra en el derrumbe del Colegio Nacional de Lambaré, ocurrido en el año 2015, ocasión en que varios alumnos y una docente quedaron inconscientes, con graves heridas, por este hecho fue condenado Roberto Cárdenas.

El tercer caso guarda relación con la condena por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Miguel Cuevas, investigación realizada por el fiscal Luis Piñanez.