Intentarán una vez más realizar la audiencia preliminar para el único acusado por la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, ocurrido hace siete años. La jueza de la causa estableció fecha de inicio de la diligencia donde se sabrá si el caso va a juicio oral y público.

La magistrada Diana Carvallo fijó para los días 27 y 28 de junio y el 1 de julio próximo, la fecha para iniciar la preliminar para el acuso por homicidio doloso para el efectivo policial Gustavo Florentín.

Rodrigo Quintana, fue asesinado en la madrugada del 31 de marzo del 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.

Hasta el momento no se tiene una sentencia firme por este hecho y los padres siguen insistiendo en que la justicia les permita ser querellantes en el caso ya que, según la justicia, solo la viuda tiene la legitimidad para adherirse como querellante en la causa.

Los abogados Cristóbal Cáceres y Víctor Dante Gulino defensores del senador Erico Galeano, presentaron un incidente para dejar sin efecto la fecha establecida por el juzgado para la audiencia preliminar el próximo 18 de junio.

La defensa sostiene que aún no han podido acceder a la totalidad de los documentos en las que se plaza la acusación contra el legislador y en esas condiciones pues no podrían ejercer debidamente la defensa, por lo que requieren que la misma sea pospuesta para una fecha más adelante.

Alega la defensa que no les da el tiempo para preparar la defensa de Erico Galeano, tendiendo en cuenta que el Ministerio Público ofrece en su acusación como pruebas, 7 tomos de carpetas fiscales, más de 35 anexos, sumando un total de 14.380 fojas, por lo que los cinco días que estableció el juzgado para la entrega de las copias en irrisoria.

“En las condiciones actuales, resulta imposible el ejercicio de la defensa y dar cumplimiento a lo proveído por el juzgado, al ser imposible obtener las copias, estudiar las mismas, presentar los actos procesales correspondientes y consecuentemente concurrir a la audiencia preliminar munido de todo el conocimiento a un acto de trascendental importancia. Por lo que solicitamos al juzgado disponga la postergación de la audiencia prevista para el 18 de junio”, señala parte de la presentación de los abogados defensores de Erico Galeano.

El senador colorado cartista Erico Galeano fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización criminal y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también le brindó a los principales líderes del grupo ilícito, además de Miguel Ángel Insfran Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional, “Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también le brindó a los principales líderes del grupo ilícito, además de Miguel Ángel Insfran Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional”, relata la acusación que debe ser debatida en la audiencia preliminar.

Los fiscales Natalia Cacavelos y José Morínigo, formularon acusación contra Blas Velázquez Fernández exsíndico del Banco Paraguayo Oriental, por tres hechos punibles.

El Ministerio Público lo acusa por los hechos punibles de lesión de confianza, producción y uso inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Según los antecedentes, entre agosto del 2017 y junio del 2019, el ahora acusado en su carácter de agente síndico de quiebras del Banco Paraguayo Oriental, habría incurrido en los hechos punibles, protagonizando la doble venta de un inmueble ubicado en Mariano Roque Alonso, con una superficie de 2456 metros cuadrados.

El proceso de la propuesta de venta encabezado por el ahora acusado se dio por valor de G. 31.000.000, a Edgar Larramendia, siendo valuada en U$S 2.25 el metro cuadrado, muy por debajo de su valor real.

A raíz de ello la masa concursal no percibió un pago justo por la transacción del inmueble, produciendo un perjuicio por la acción del síndico de quiebras.

Además, Velázquez presuntamente promovió la venta del inmueble a sabiendas de que la finca ya estaba vendida, debido a que, en el 2009, ya había sido tramitada en el mismo proceso de quiebra, por G 71.000.000.

Ante ello, y teniendo en cuenta que el monto de la primera venta ya fue abonado en su totalidad, el síndico dispuso el desembolso del monto abonado en la primera transacción, devolviendo los G 71.000.000, a la familia del primer comprador, aunque los herederos aún no dispusieron de dicho dinero.

Posteriormente, tras dos meses de perfeccionada la segunda venta, Larramendia volvió a vender la propiedad por G 150.000.000 a un comprador identificado como Pablo García.

Pablo García, a su vez procedió a la venta del inmueble por G 1.000.000.000.

Ante tales situaciones se concluye en que la finca fue vendida por Velázquez a un monto inferior a su valor real.

En conclusión, las conductas referidas habrían generado un perjuicio a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, por valor de G. 519.340.480, lo cual habría sido directamente causado por la acción del síndico. El monto se concluye tras un análisis de diferencia plasmable en el avalúo del metro cuadrado de tierra, considerando el momento de la segunda venta judicial y el valor de comercialización de inmuebles similares por venta privada entre particulares.

Además, para lograr la venta, Velázquez Fernández habría suscrito un dictamen emitido por la entonces jueza Julia Alonso, en el cual formuló afirmaciones falsas con el fin de lograr la aprobación del órgano jurisdiccional. Ante estos fundamentos, los agentes fiscales formularon la acusación y solicitan la elevación de la causa a juicio oral y público.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral y público el proceso penal por lesión de confianza y otros contra abierto contra exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa Burgos y su amigo Alberto Koube Ayala, ambos están acusados por la fiscalía por montar un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones.

Tras la audiencia preliminar el juez resolvió elevar la causa para el debate público tal como lo requirió la fiscalía al momento de ratificar los términos de la acusación contra ambas personas.

Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son; lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como del lavado de dinero.

Para el Ministerio Público existen elementos suficientes para sostener la acusación en un eventual juicio oral contra, Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala por un perjuicio patrimonial estimado de G 16 mil millones en alquiler de camiones y la provisión de chapas.

Relata la acusación que entre el 2018 y 2021 el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde el 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala por un monto superior a los G 16 mil millones para la obtención conjunta de beneficios económicos a costa de los fondos de Emergencia Nacional y para ello montaron una asociación criminal.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala como el Grupo Tapyracuai SA y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquin Nunez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden Joaquin Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la obtención de una embarcación AZ 42 valuada en 450.000 dólares y sumas de dinero.

Según la fiscalía Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN utilizando sus empresas y a terceras personas quienes eran firmas de sus amigos o clientes y que tendrían alguna vinculación con él, con la finalidad de desviar los recursos en beneficio de la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Kube”.

Este resultado fue producto de la trazabilidad de las compras que realizaron las empresas vinculadas a Koube durante la investigación realizada en esta causa. El fiscal Silvio Corbeta es quien representa al Ministerio Público.

Los miembros del tribunal de sentencia especializado integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas fueron confirmados por la cámara de apelaciones para entender en el juicio oral de Laura Villalba hermana de Carmen Villalba y considerada la enfermera del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP.

Para los camaristas Bibiana Benítez, Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias, la recusación formulada por los abogados Eusebio Larrea y Arlindo Fretes, contra el tribunal no corresponde y por ende ratificó la competencia del colegiado para entender en el caso.

La mujer fue acusada por el Ministerio Público por asociación terrorista, producción de riesgos comunes y otros. Laura Villalba está sindicada de integrar el grupo criminal EPP y de cumplir funciones de enfermera.

Laura Villalba fue detenida en el 2020 y se la acusa de integrar el grupo criminal que ha perpetrado numerosos secuestros y atentados en el país. La defensa buscó apartar al tribunal de sentencia que debe juzgarla.

Con la decisión de la cámara de apelaciones, el tribunal de sentencia está habilitado a fijar nueva convocatoria para el desarrolló del juicio oral y público para la acusada.