César Garay Zuccolillo durante la plenaria de este miércoles, mostró su preocupación por la posible prescripción de procesos penales tramitados en la circunscripción del Chaco por la falta de defensores públicos en la zona.

El ministro encargado de la circunscripción judicial del Chaco César Garay Zuccolillo, instó a su colega Eugenio Jiménez a impulsar la pronta integración de ternas para defensores públicos para esa zona del país ante la acuciante necesidad.

Mencionó que ya es insostenible la cantidad de audiencias suspendidas en Boquerón y Presidente Hayes por la falta de abogados del Estado, ya que los que tienen no dan abasto para la cantidad de procesos, sumado a que los designados para la zona no están cumpliendo funciones allí.

“Es angustiante el escenario porque se suspenden las audiencias al no tener defensores, y tememos la prescripción. No tenemos aquí a todos los defensores que por ley corresponden a la circunscripción de Boquerón y Presidente Hayes, han sido creados por ley dichos cargos destinados para esta circunscripción, desconozco cuál sería el capricho para que esas personas que concursaron por ese cargo no estén aquí”, señaló César Garay al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Reiteró que la situación es muy sensible y que hay que tener en cuenta todo lo que implica el traslado de los procesados que vienen de muy lejos y que esperaba que en la brevedad se solucione este problema.

Señaló que la Corte debería solicitar al nuevo defensor general Javier Esquivel que todos los defensores públicos designados para el Chaco, estén en la circunscripción cumpliendo allí sus funciones.

Por su parte el ministro integrante del Consejo de la Magistratura Eugenio Jiménez Rolón dijo que inmediatamente dará trámite a lo solicitado por su colega y acercará la inquietud al órgano encargado de integrar las ternas para el sistema de justicia para acelerar la integración de las ternas para esta circunscripción del país.

La cámara de apelaciones destrabó el proceso respecto a Marcello Fretes, uno de los jóvenes para quien el Ministerio Público requirió la desvinculación definitiva de la causa y que ya cuenta con dictamen favorable incluso de la fiscalía general adjunta.

En su momento, la jueza Cynthia Lovera se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo y envió a la fiscalía general para la ratificación o rectificación del dictamen de la fiscal Carla Rojas y la fiscal adjunta Lourdes Samaniego ratificó el dictamen de Rojas, alegando que corresponde el sobreseimiento definitivo del joven imputado y acusado en su momento Marcello Fretes Laterra por su presunta participación en la golpiza que sufrió Benjamín Zapag en el interior de la discoteca Morgan.

Para el Ministerio Público Fretes Laterra no tuvo ninguna participación en la agresión que sufrió Benjamín Zapag, por lo que ha retirado la acusación en la audiencia preliminar y solicitó su desvinculación definitiva del caso.

“Es posible concluir que, en el presente caso, queda acreditado que Marcello Giovanni Fretes Laterra no tuvo participación en ningún grado en las acciones que causaron lesiones a Benjamín Zapag. Su actuación se limitó a los gritos que, según uno de los testigos, también fueron respondidos con gritos por tarte de Benjamín Zapag”, reza parte del dictamen de la fiscal adjunta Lourdes Samaniego.

Con la decisión de la cámara la jueza Cynthia Lovera deberá fijar audiencia para sobreseer a Marcelo Fretes del caso que ocurrió el 6 de diciembre del 2022.

El exconcejal de Luque Óscar Rubén González Chaves afronta por segunda vez juicio oral por declaración jurada falsa como autor y lavado de dinero como cómplice, el fiscal Francisco Cabrera sostuvo en el primer día de juicio que debe ser condenado por ambos hechos punibles.

Cabrera hizo un relato de 20 minutos de cómo González Chaves mintió en su declaración jurada ante la Contraloría y ocultó sus inmuebles y omitió parte de sus cuentas en Bancos de plaza.

Comentó que no declaró en el 2009 ante la Contraloría General de la República los inmuebles que posee en la Recoleta, San Roque, Luque y Caapucu. Igualmente, siempre según el Ministerio Público, González Chaves omitió mencionar en su declaración las siguientes cuentas que posee, 1, caja de ahorro en el Banco Continental con un saldo de 3.900 millones, 2, la cuenta corriente del mismo Banco que tiene de manera conjunta con Óscar González Daher con de saldo de G 44 millones 900 mil, 3, una caja de ahorro, en dólares americanos del mismo Banco con un saldo de 226mil, 4 con saldo 34millones, 5 caja de ahorro del Sudameris con Fernando 322 millones 306 mil G, 6 cuenta corriente del Sudameris con su primo Fernando con saldo de G 3 millones, 7 en el mismo Banco con OGD 257 mil dólares, 8 CC también en dólares Sudameris también con González Karjallo de 2.836 dólares, 9 una caja de ahorro en el Banco Atlas también cuenta compartida con González Karjallo de 3 millones 800 mil G, 10, caja de ahorro en Itau con saldo de 3 millones 940 mil G, 11, cuenta corriente en dólares en Itau con saldo de 10 mil, también la cuenta corriente en Continental, con saldo de G 8 millones 500 mil, la cuenta corriente en guaraníes en Sudameris con saldo de poco más de 2 millones.

Omitió además declarar los siguientes certificados de ahorros, por 2 mil 800 millones de guaraníes en seis cuentas que posee en el Banco Atlas con su primo Fernando González Karjallo. También las tres cuentas en dólares en el mismo Banco y con la misma persona por más de 900 mil dólares. Entre otras cuentas que poseía con su primo también condenado por lavado de dinero a cinco años de cárcel.

Agregó que el lavado de dinero fue perpetrado a través de príncipe di Savoia que según la fiscalía desde sus inicios pertenecía a la familia de González Chaves y Óscar González Daher, quienes se desempeñaban como altos directivos de la firma utilizada para lavar dinero ilícito proveniente del enriquecimiento ilícito hecho punible comprobado y firme en este caso.

Por su parte la defensa a cargo del abogado Claudio Lovera, dijo que es la primera vez que el Ministerio Público menciona los inmuebles que supuestamente no declaró su cliente ya que no está relatada esta situación ni en la acusación fiscal y tampoco en el acta de elevación de la acusa a juicio oral.

Pidió a los miembros del tribunal de sentencia que su cliente no sea condenado por su apellido, que merece que se le aplique la ley penal en base a pruebas y no por pertenecer a la familia González Daher.

Los miembros del tribunal de sentencia que juzgan esta causa son los jueces Matías Garcete, Karina Cáceres y Adriana Planas.

La jueza especializada, Lici Sánchez, decretó medidas sustitutivas a la prisión preventiva del militar en situación de retiro, Arturo Javier González Ocampo, procesado por tráfico de influencias y asociación criminal, por su presunta participación en el mayor tráfico de armas en la región.

La magistrada, ordenó el arresto domiciliario para el militar en situación de retiro imputado por su vínculo con una red criminal. En su momento la defensa ya había solicitado se levante la prisión preventiva, pero, la magistrada entiende que recién ahora podría ser beneficiado con una medida diferente a la prisión que cumplía en Viñas Cue.

En su momento, los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Fabiola Molas presentaron imputación contra varios efectivos militares, entre ellos se encuentra González Ocampo.

Este caso fue descubierto luego de una investigación conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos y se logró dar con un mega esquema de tráfico de armas que operaba desde nuestro país a través de la firma Internacional Auto Supply, propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes son indiciados de ser los cabecillas de esta red de tráfico de armas en complicidad con efectivos militares.

La operación también reveló el uso de identidad y borrado de series de las armas importadas para evitar que sean rastreadas. La firma IAS importa armas desde el 2012, la empresa ha importado 25.000 armas al país, supuestamente eran vendidas al mercado local, pero lo cierto es que fueron a parar en manos de organizaciones criminales de Brasil.

La estructura de tráfico de armas también utilizaba a cambistas para parcelar y ocultar los flujos financieros y no levantar sospechas.

Ante el juez Rodrigo Estigarribia se desarrolla la audiencia preliminar del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa Burgos y su amigo Alberto Koubé Ayala, ambos están acusados por la fiscalía por montar un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones.

Este lunes inició la audiencia donde el Ministerio Público ha ratificado los términos de su acusación contra Roa Burgos y Koubé Ayala. La diligencia continúa mañana a pedido de la defensa que tenían otra audiencia y ha requerido que la misma continúe mañana con las alegaciones de las defensas.

Los hechos punibles por lo que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son; lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como del lavado de dinero.

Para el Ministerio Público existen elementos suficientes para sostener la acusación en un eventual juicio oral contra, Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala por un perjuicio patrimonial estimado de G 16 mil millones en alquiler de camiones y la provisión de chapas ya que montaron una sociedad criminal.

Relata la acusación que entre el 2018 y 2021 el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde el 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala por un monto superior a los G 16 mil millones para la obtención conjunta de beneficios económicos a costa de los fondos de Emergencia Nacional.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala como el Grupo Tapyracuai SA y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquin Nunez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden Joaquin Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la obtención de una embarcación AZ 42 valuada en 450.000 dólares y sumas de dinero.

Según la fiscalía Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN utilizando sus empresas y a terceras personas quienes eran firmas de sus amigos o clientes y que tendrían alguna vinculación con él, con la finalidad de desviar los recursos en beneficio de la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Kube”.

Este resultado fue producto de la trazabilidad de las compras que realizaron las empresas vinculadas a Koube durante la investigación realizada en esta causa. El fiscal Silvio Corbeta es quien representa al Ministerio Público en este caso y solicitó que, en base a las pruebas sea elevado a la siguiente etapa de juicio oral y público.

Denis Steven Bareiro fue detenido mediante un control policial en la zona de Ita, se encontraba prófugo de la justicia luego de haber sido imputado por una estafa masiva a través de su playa de autos Steven Automotores de Ñemby.

El Ministerio Público lo imputó por asociación criminal y estafa por integrar un esquema montado para estafar a compradores de su playa de autos. Incluso este grupo delictivo contaba con la colaboración de integrantes del sistema de justicia.

Según la investigación, la playa de venta de vehículos Steven Automotores de Ñemby vendía rodados con planes aparentemente ventajosos, pero en muchos casos sus dueños o empleados no se hacían encontrar cuando los clientes querían pagar su cuota, de modo a generar un retraso en el pago y así poder recuperar los rodados mediante órdenes de secuestro emitidas casi al instante por el Juzgado de Paz de Nueva Asunción.

Jorge Adolfo Franco Garelik y Gaona Benítez en carácter de juez y funcionaria del Juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales.  Resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chacoi Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.

En la misma causa, también fue imputado por estafa y asociación criminal, el juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco Garelik (suspendido en sus funciones sin goce de sueldo). Igualmente, está imputada en la causa, Gabriela Noemí Gaona Benítez, actuaria judicial del mismo juzgado, por la supuesta comisión del hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas, prevaricato y asociación criminal.

El Ministerio Público sospecha de un esquema montado para crear expedientes judiciales con procesos irregulares sin dar cumplimiento a lo que establece la forma de la demanda del Código Procesal Civil y trámites procesales, con la intención de engañar y obtener beneficios económicos para cada uno de los integrantes de esta organización criminal.

El coordinador de juicios orales el doctor Carlos Hermosilla, comentó que tras la directiva de la Corte Suprema de Justicia reagendarán las audiencias orales para las 7:30 AM y pedirán reunión con el Ministerio de Justicia para que los reclusos sean trasladados para las 7:40 en los tribunales.

El magistrado señaló que de manera inmediata cumplirán con lo establecido por la Corte que, existe toda la predisposición de los magistrados que cumplen funciones en los tribunales de sentencia de Capital, pese a estar saturados en esta etapa del proceso.

“Tenemos que reagendar el horario de inicio de los juicios, nosotros vamos a implementar la medida inmediatamente, el tema que queda pendiente, a los efectos de concretar esta directiva es hablar con el Ministerio de Justicia e Institutos Penales a los efectos que las personas privadas de libertad comparezcan para las 7:40”, puntualizó Hermosilla.

Reiteró que lo resuelto por la máxima instancia la van a operativizar inmediatamente, pero que es necesario coordinar las tareas de traslado de las personas recluidas, que por motivos de seguridad no suelen ser trasladados hasta los tribunales antes de las 8:30 AM.

La Corte Suprema de Justicia como mecanismo de lucha contra la mora judicial ha resuelto que los magistrados de todo el país y fueros inicien sus audiencias a las 7:30 AM.

La abogada especialista en derecho penal, Paola Villalba, señaló que es importante dar un mayor dinamismo a las audiencias, comentó que es necesario que el Expediente Judicial Electrónico les permita transportar las alegaciones a las actas para no retrasar indebidamente la audiencia por la sola transcripción.

La profesional refirió que es necesario imprimir una celeridad a estas diligencias a fin de evitar retrasos innecesarios como la redacción por horas de lo que relatan las partes cuando estas ya están agregadas al sistema y en la audiencia se debería hacer solo una explicación oral breve.

“Las audiencias deben tener una dinámica más rápida. El expediente electrónico debería permitir a las partes agregar sus exposiciones al mismo y en la audiencia hacer una explicación oral, para evitar que los funcionarios escriban por horas”, señaló la abogada Paola Villalba.

Los abogados penalistas también buscan que las causas que llevan adelante sean tramitadas con la debida diligencia, por ejercer la defensa o querella en los procesos ya sea en garantías o juicios orales, por ello también platean alternativas de solución que brinden no solo calidad y dinamismo sino eficiencia en los procesos.

La Corte Suprema de Justicia desde la semana pasada ha resuelto implementar que las audiencias sean fijadas por los jueces de todo el país y fueros a las 7:30 AM, como una forma de combatir la mora judicial en las distintas etapas del proceso.

Paola Villalba afirma que una de las medidas que podría implementar la Corte podría ser que ya que existe el expediente electrónico y las presentaciones ya están hechas por las partes, se copie en el acta automáticamente para acelerar dichas diligencias y no estar trascribiendo todo lo que digan las partes..

En la actualidad, los procesaos penales y en etapa de juicios orales son los expedientes que se encuentran no solo en mora, sino con los tribunales absolutamente saturados con audiencias orales fijadas ya para el 2025.

Esta situación afecta profundamente el sistema carcelario con personas privadas de su libertad quienes esperan sus respectivas sentencias en la cárcel por años. Más del 70% de los reclusos no tienen una condena firme en sus procesos.