El senador colorado cartista Erico Galeano fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización criminal y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación por asociación criminal y lavado de dinero contra Erico Galeano y solicitan que el caso sea elevado a la siguiente etapa de juicio oral para el debate público de todo lo que ofrece el Ministerio Público como carga probatoria contra Galeano.

Parte de la acusación señala que, “Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también le brindó a los principales líderes del grupo ilícito, además de Miguel Ángel Insfran Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional, específicamente mediante la aeronave con matrícula ZP-BHQ, entonces propiedad de la empresa Alpina S.A. del acusado Erico Galeano”.

“Es decir, Erico Galeano Segovia estuvo al servicio de la organización criminal de carácter transnacional, dedicada al tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína enviadas desde el territorio nacional, hasta su destino final, generalmente al continente europeo y africano, la cual realizó su actividad ilícita en el país, precisamente dentro del periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 y 2021, lapso en el que el acusado mantuvo relación con los principales integrantes del grupo ilícito, identificados como Sebastián Marset y Miguel Insfran Galeano, a la que le proveyó su aeronave, la cual, a su vez, le sirvió al grupo criminal como medio logístico, en el momento exacto en el que necesitaba, con el objeto de que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales, para que, de esa manera, puedan concretar el envío de la droga a los países del extranjero. A cambio de la provisión del mencionado medio logístico, Erico Galeano también percibió sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína”, relata la acusación del Ministerio Público.

Igualmente, ofrece como elementos de prueba testimoniales, informes de la APF, de la Dirección de Registros Públicos, pericias contables, informe de la Contraloría General de la República entre otros.

La jueza de ejecución Sandra Kirchhofer, quien tiene a su cargo la ejecución de la condena de 15 años de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, designó a tres abogados en el marco de la demanda entablada en su contra por la esposa de RGD Delcia Karjallo.

El abogado Carlos Alberto Zilbervarg solicitó intervención en representación de la magistrada para defender sus intereses en la demanda civil entablada contra la jueza de manera subsidiaria por lo que considera la confiscación de sus bienes.

“Mi parte hace expresa reserva de contestar la demanda en legal tiempo y forma, teniendo en cuenta que mi mandante fue notificada por cédula formato papel el 7 de mayo”, reza parte del primer escrito presentado por uno de los tres abogados designados por la jueza para representarla en el juicio caratulado Delcia Karjallo contra la SENABICO y otros sobre acción autónoma de nulidad.

Además de Zilverbarg fueron designados como abogados de la jueza Sandra Kirchhofer, Adriana Villar Cardozo y Crisijana Elizabeth Nymann.

El juez coordinador de los juzgados de Garantías penales de Capital, Rolando Duarte confirmó que han acatado de inmediato lo resuelto en la plenaria de ayer por la Corte Suprema de Justicia.

La máxima instancia ha resuelto establecer el inicio de las audiencias preliminares a las 7:30 y que el control sobre las diligencias suspendidas también sea más rigurosa.

El magistrado Rolando Duarte explicó que por lo general las preliminares son fijadas temprano, pero tropiezan con el traslado del recluido y con la llegada tardía de las partes, pero que en líneas generales en Capital se está casi al día con las audiencias.

“Acatamos de forma inmediata, ya las audiencias se fijan a las 7 y 30. En realidad las audiencias se fijan temprano, pero los inconvenientes surgen a partir de que muchas veces las partes se retrasan, ya sea porque el fiscal tiene superposición de audiencia, el reo muchas veces es traslado tarde, la comunicación por medios telemáticos con los centros penitenciarios a veces se retrasa por la cantidad de audiencias, etc. En general la mora no es problema de los juzgados de garantías de Capital, estamos bastante al día con las causas. Siempre se hace todo lo posible en realizar las audiencias” acotó el juez Rolando Duarte.

Agregó que el Ministerio de Justicia siempre cumple con las órdenes provenientes de los juzgados respecto al traslado de reclusos, así como la realización en el horario establecido de las audiencias telemáticas, que también comprender que Justicia también debe organizar los traslados de las personas privadas de libertad a nivel país.

Reiteró que el retraso en la tramitación de audiencias en Garantía de Capital es casi nula.

La Corte Suprema de Justicia busca con esta medida implementada a nivel país combatir la mora judicial en los procesos penales principalmente, teniendo en cuenta la cantidad de personas recluidas sin condena, pero también la iniciativa se amplía en todos los fueros.

Los magistrados deben calendarizar las audiencias a las 7:30 y las suspensiones de dichas diligencias deberán ser comunicadas por escrito.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del excandidato presidencial Paraguayo Cubas procesado por perturbación de la paz pública entre otros tras los disturbios luego de las últimas elecciones generales.

Los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, acusaron a Payo por los tipos penales de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales.

El Ministerio Público ofreció en la preliminar como prueba el contenido de todo lo extraído de los teléfonos celulares del abogado Paraguayo Cubas entre otras evidencias que respaldad la acusación fiscal.

La acusación de 41 páginas relata que, el acusado en uno de sus videos específicamente la del 1 de mayo de este año refirió que hubo irregularidades en el conteo de votos, “no van a jurar, sobre mi cadáver va a jurar el tal “Chanti mba´embo”.

Son varios los videos de Paraguayo Cubas que son presentados por el Ministerio Público como prueba, además, de lo que escribió el acusado en su perfil de Facebook. Con la decisión de la Sala Penal queda confirmada la elevación de la causa a la siguiente etapa donde se debatirá los elementos de cargo y descargo sobre la conducta del procesado.

El juez Walter Raul Mendoza Orue, decretó la anotación de litis sobre la parte de ganancial que le pudiera corresponder a la señora Delcia Karjallo, que son el 50 % de cada uno de los bienes inmuebles actualmente inscriptos a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes incautados y comisados (SENABICO).

El magistrado señala en su fallo que, “en atención a los presupuestos genéricos y específicos señalados, como también a la pretensión de la accionante, considero pertinente la anotación de la litis sobre el 50 % de cada uno de los bienes inmuebles mencionados e individualizados precedentemente, parte que le correspondía a la accionante como socia en la comunidad de gananciales conformada con su esposo, en razón de que los hechos demandados y la pretensión de la accionante se relaciona con los presupuestos específicos de esta cautelar, en especial la modificación del derecho real de dominio, pero solo en la parte que le pudiera corresponder.

En cuanto a la contracautela ofrecida, la considero exigua, debiendo, dado el valor económico que se pretende cautelar,corresponde que se mantenga la caución real ofrecida y se la mejore con otros bienes raíces, hasta alcanzar la suma de Gs. 2.000.000.000”, señala el magistrado al hacer lugar inicialmente a la pretensión de la abogada Raquel Talavera y otros quienes han recurrido en el fuero civil las actuaciones ejecutadas en el ámbito penal en el marco de la ejecución de la sentencia de comiso que consideran una confiscación ya que no se excluyó el 50% de los bienes que le corresponden a la señora Delcia Karjallo.

La medida decretada afecta a 54 inmuebles administrados por la SENABICO y ya se libro oficio a la Dirección de los Registros Públicos.

Esta decisión fue adoptada en el marco de la demanda civil presentada por Delcia Karjallo, quien fundamenta que sus bienes fueron confiscados sin discriminar cuáles le pertenecen y sin verificar su origen, durante el proceso de comiso de los bienes de su esposo Ramón González Daher.

La abogada Raquel Talavera señaló a Judiciales Net que recibió muy gratamente la notificación de la decisión asumida por el juez Walter Mendoza a quien calificó de valiente y honesto, Que al equipo jurídico y la señora Delcia le resta completar la contracautela que requiere el juzgado a llegar a los 2.000 millones de guaraníes. Talavera, reiteró que existe una violencia institucional y patrimonial contra su cliente Delcia Karjallo porque la confiscación de sus bienes es real.

Mediante un convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia se instalará una mesa de trabajo que tendrá como finalidad identificar a los prevenidos, así como la de acelerar los procesos y así disminuir el hacinamiento en los penales.

Según mencionó el presidente de la Corte Luis María Benítez Riera, brindarán la asistencia tecnológica necesaria para la identificación de condenados y principalmente de las personas sin condena que tiene la finalidad de descongestionar las causas penales.

Señaló que la tecnología será la gran aliada para la verificación e identificación de los procesados que estará a cargo de la directora de tecnología del Poder Judicial Rosaliz Chamorro, brindar el soporte para el trabajo inicial.

Por su parte el ministro de Justicia Ángel Barchini, señaló que en definitiva es necesario una tarea conjunta entre la CSJ y el Ministerio de Justicia para que disminuya la cantidad de personas recluidas sin condena.

Mencionó que el nuevo penal recientemente inaugurado en Minga Guasu, servirá para hacer efectiva la reinserción de los condenados. Agregó que el actual hacinamiento que viven los reclusos en inhumano y que es necesaria la cooperación entre ambas instituciones para disminuir esta situación y darles celeridad a los procesos.

Reiteró que este fin de mayo ya serán trasladas las primeras 40 personas condenadas que están en condiciones de someterse al régimen de reinserción en el penal de Minga Guasu y así poder salir con dinero y oficio del penal para no reincidir.