El Departamento de Justicia de los Estado Unidos, a través de su oficina internacional de asistencia y capacitación, desarrolla en Ciudad del Este una importante Conferencia regional sobre, “La Lucha Contra El Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera” auspiciado por el Centro de Convenciones del Poder Judicial de Ciudad del Este.

El evento se desarrolla desde ayer y continúa hoy con la exposición de expertos de primer nivel en las distintas especialidades, quienes brindan sus conocimientos a los participantes, integrante del sistema de justicia de la región vinculados a la lucha contra el lavado de activos.

El principal objetivo de esta conferencia regional es fortalecer la capacidad del sistema de justicia en la región, para investigar, enjuiciar y juzgar de manera efectiva los delitos relacionados con el financiamiento del crimen organizado y así evitar que los casos queden impunes.

La conferencia regional expone la importancia de actualizar continuamente los conocimientos y las competencias en combatir el flujo de la financiación ilícita por parte de las oficinas encargadas de controlar y hacer cumplir la ley, ya que los actores criminales desarrollan constantemente sus estrategias para financiar sus actividades ilícitas. La conferencia también demuestra el continuo apoyo del Gobierno de los EE. UU. en la lucha contra el financiamiento ilícito y el crimen organizado transnacional a través de la capacitación y colaboración del sector de justicia en la Triple Frontera.

Los temas abordados en la conferencia fueron: el crimen organizado en la Triple Frontera, un tema de preocupación, tráfico de armas de fuego, lavado de dinero basado en el comercio qué es y cómo funciona, lavado de dinero internacional y selección de blancos, lavado de dinero internacional, el alma de la corrupción y el financiamiento del terrorismo, entre otros.

Además de la participación paraguaya, la conferencia conto con la colaboración de funcionarios judiciales y del orden público de Argentina, Panamá, Paraguay y los EE. UU.  El evento contó con la presencia de conferencistas de alto rango de varias oficinas del Gobierno de EE. UU. y Paraguay.

Del encuentro participaron: 24 funcionarios de Paraguay de instituciones del gobierno como SEPRELAD, SENABICO, Policía Nacional, SENAD, Corte Suprema de Justicia, DINAPI, DNIT, SNI, Dirección Nacional de Migraciones; 22 de Argentina del Poder Judicial, Ministerio Publico Fiscal, Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera, y 4 de Panamá, de las instituciones de gobierno tales como: Autoridad Nacional de Aduanas.

Por los Estados Unidos participan del evento; Josephine Thomas, consejera Legal Residente de la Oficina Internacional de Desarrollo División Penal de la Embajada de los Estados Unidos de América en Buenos Aires. Brian Skaret, consejero Legal Residente

Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Justicia Departamento de Justicia de los EE.UU., División Penal de la Embajada de los Estados Unidos de América en Asunción.

Mientras que por Paraguay participan los ministros: Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel ministro Corte Suprema de Justicia y la doctora María Carolina Llanes Ocampos ministra Corte Suprema de Justicia de Justicia.

La bogada Noelia Núñez, denunció y lamentó a la vez, que la propia fiscalía conspire con que el caso de abuso sexual de una niña de tres años quede impune. Este martes, debía realizarse la audiencia preliminar para un hombre acusado de supuestamente haber abusado de su pequeña hija.

La diligencia se suspendió esta vez por la incomparecencia de la agente fiscal de la causa Vivian Andrea Coronel, la abogada comentó que existe un pedido pendiente de auditoría en la Corte y control en línea de la inspectoría de la fiscalía general, mientras esto se tramita, hoy la audiencia fue suspendida nuevamente, llegando así a la suspensión número 14.

Agregó que el acusado, es hermano de un político poderoso de Ciudad del Este y que han realizado todo tipo de dilaciones tendientes a cansarlos y desistir de este proceso. Comentó que la Mamá de la víctima ya no sabe que hacer para lograr que terminen las dilaciones y se pueda practicar la preliminar donde se sabrá si el caso será debatido en juicio oral como lo pide la querella.

Comentó, que la fiscal tenía un juicio oral fijado para hoy y que fue notificada el 10 de mayo, lo que le permitía prever que la audiencia se practique por medios telemáticos o que un colega suyo asista a la diligencia, pero, recién ayer comunicó a su colega y éste ya tenía otro compromiso, por ende, tampoco pudo asistir a la preliminar.

“Seguimos patentando la impunidad. La propia fiscalía coopera con la impunidad, lo que buscan es cansarnos a nosotros como querella, porque hay suspicacia porque la fiscalía ya intentó darle una salida alternativa al proceso. Estamos desesperados, el Ministerio Público no ha demostrado una intención seria, más allá de cooperar con la impunidad. Estamos muy apenados con esto, para un abogado que no se presente a una audiencia el perjuicio es incalculable, sin embargo, el Ministerio Público de una manera descomunal hace caso omiso a su responsabilidad al no asistir a una preliminar. No me queda otra salida más que hacer público esto y se sepa cómo se logra que una víctima de abuso sexual llega a rendirse persiguiendo justicia y que el caso termine en el operai”, concluyó la abogada querellante Noelia Núñez.

Desde marzo pasado está pendiente la recusación formulada por Daniel Lobo Corbeta por la defensa del pastor José Insfrán, hermano del acusado Miguel Infrán alias Tío Rico. La defensa del pastor busca apartar a la jueza de la causa Rosarito Montanía.

La defensa, no solo recusó a la jueza, también a los miembros de la cámara de apelaciones y la misma Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada confirmó a la cámara que debe estudiar la recusación contra la jueza Montanía.

Según Lobo Corbeta, la jueza lo odia y le ha demostrado su abierta enemistad y que debió apartarse del caso cuando tomó la defensa del pastor.

Sin embargo, la magistrada ya en casos anteriores en las que el abogado ha litigado en su juzgado, la misma señaló que no siente que su fuero íntimo esté afectado por las presentaciones o las declaraciones realizadas en su momento por el abogado Lobo Corbeta.

Hasta que la jueza Rosarito Montanía sea confirmada en la causa y quede firme su competencia, estará pendiente de admisión de la acusación y la fijación de la audiencia preliminar para Miguel Insfrán alias Tío Rico.

El Ministerio Público, acusó a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y de allí enviarlo al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak lo acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público, situación que quedará pendiente hasta que la magistrada sea confirmada.

La acusación cuenta con más de 700 páginas en las que se plasma la conducta desplegada por el acusado de liderar en nuestro país el mayor esquema internacional de tráfico de droga y lavado de dinero. Igualmente, se ofrece numerosas pruebas periciales, resultado de la pericia en las líneas que pertenecen a Sebastián Marset y Miguel Insfrán Alias Tío Rico, donde coordinan los envíos de cocaína y se tratan de hermano (brother), documentales y 90 testigos que el Ministerio Público considera suficientes para sostener la acusación contra Tío Rico y llevar el caso a juicio oral y público.

“En tal sentido, por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína. Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contó con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal” relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.

Para el Ministerio Público está probado que Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, lideraba un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y de allí enviarlo al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak lo acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público.

La acusación cuenta con más de 700 páginas en las que se plasma la conducta desplegada por el acusado de liderar en nuestro país el mayor esquema internacional de tráfico de droga y lavado de dinero. Igualmente, se ofrece numerosas pruebas periciales, resultado de la pericia en las líneas que pertenecen a Sebastián Marset y Miguel Insfrán Alias Tío Rico, donde coordinan los envíos de cocaína y se tratan de hermano (brother), documentales y 90 testigos que el Ministerio Público considera suficientes para sostener la acusación contra Tío Rico y llevar el caso a juicio oral y público.

“En tal sentido, por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína. Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contó con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal” relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.

Según un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el negocio de Insfrán experimentó un crecimiento significativo a partir de 2020. Estableció alianzas con diversas organizaciones criminales, entre ellas, la liderada por el uruguayo Sebastián Marset, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en su país.

«Tío Rico» utilizó empresas controladas por testaferros y miembros de su familia, así como negocios destinados al lavado de activos. El Centro Cristiano Mundial de Avivamiento fue utilizado para tal fin, colocando a su hermano, el Pastor evangélico José Alberto Insfrán, como figura de fachada. Además, la cooperativa San Cristóbal se convirtió en otra herramienta para realizar préstamos y descuentos de cheques a nombre de los miembros de su clan familiar.

La ruta del narcotráfico dirigida por Insfrán estaba cuidadosamente establecida. La cocaína provenía de Bolivia y era transportada en avionetas hasta la región de Alto Paraguay, en el Chaco. Posteriormente, la droga se movilizaba en camiones especialmente acondicionados hasta el Departamento de Presidente Hayes, para luego ser mezclada con cargas legales y finalmente enviada en contenedores a través de puertos con destino a Europa.

Insfrán, estuvo prófugo por más de un año y en la actualidad permanece en prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue bajo un régimen especial de encierro por ser considerado una persona de alto perfil.

Un hombre fue sentenciado a 20 años de cárcel por abuso sexual en niños donde resultó víctima en repetidas ocasiones su hija biológica desde que tenía solo 11 años.

El agente fiscal de San Lorenzo, Gerardo Chamorro obtuvo una condena de 20 años de encierro para un hombre, tras haber demostrado ante un tribunal de sentencia que el hoy condenado sometió a su hija repetidas veces.

La denuncia fue presentada por la madre de la niña. Tras los estudios ordenados por el Ministerio Público como la inspección física y ginecológica, se constató que efectivamente la pequeña había sido violentada sexualmente.

Por la gravedad del hecho, el tribunal, sentenció al hombre a purgar 20 años de encierro.

Mediante un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación de Alto Paraná, permitirá que las personas privadas de libertad que hayan compurgado más de la mitad de su pena puedan realizar servicios comunitarios en la Gobernación.

Con el acuerdo buscan que las personas que están por cumplir su sentencia condenatoria puedan reinsertarse efectivamente a la sociedad mediante la oportunidad que tendrán de trabajar en la Gobernación y que ya no reincidan en ningún delito.

El gobernador De Alto Paraná, César Landi Torres, explicó que el objetivo principal es que la cárcel de Minga Guasu no sea solo un penal modelo en infraestructura, sino que sea un modelo real de la reinserción social y que sea un ejemplo a seguir.

“Tenemos que trabajar para que, así como va a ser un modelo en infraestructura, sea un modelo de reinserción social para las PPL que acuden a este espacio, y cuando cumplan con su condena puedan reinsertarse positivamente como personas útiles a sus familias y a la sociedad”, mencionó César Landi Torres.

Igualmente, el convenio de Justicia con la Gobernación contempla que todas las sillas y pupitres de los colegios y escuelas del Departamento de Alto Paraná se fabriquen dentro de esta penitenciaría por las personas privadas de libertad, trabajo que será remunerado, para sus familias y así se sientan útiles.