El exagente fiscal Miguel Ángel Jara Servián, había promovido la millonaria demanda en el fuero civil buscando que el Estado le pague un millonario monto como indemnización ya que soportó un proceso penal por supuesta coima, pero, fue posteriormente desvinculado del caso.

Jara Servián pretendía cobrar casi tres mil millones de G como reparación al perjuicio que le ocasionó el haber sido procesado, siendo integrante del Ministerio Público em ese entonces. Según la justicia se presentó de manera tardía la demanda, por ende, su derecho ya había expirado.

La Procuraduría General de la República obtuvo resolución favorable en un juicio contra el Estado paraguayo, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, lo que evita a las arcas del Estado el desembolso millonario de ₲ 2.947.676.830 (dos mil novecientos cuarenta y siete millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos treinta), que podrá ser utilizado para obras sociales.

Los antecedentes del caso refieren que señor Miguel Ángel Jara Servían promovió demanda ordinaria contra el Estado paraguayo, solicitando el pago de ₲ 2.947.676.830 (guaraníes dos mil novecientos cuarenta y siete millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos treinta) más intereses, en concepto de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, a raíz de que, siendo agente fiscal penal, fue sometido a una investigación penal del que finalmente fue sobreseído definitivamente.

Durante el proceso del juicio, la defensa de la PGR opuso excepción de prescripción de la acción como medio general de defensa y al contestar el traslado argumentó que la demanda fue planteada fuera del tiempo oportuno conforme lo establece el artículo 663 inc. f del Código Civil, es decir, dos años, por lo que la misma, en esas circunstancias prescribió, además rebatió cada uno de los rubros solicitados por el actor.

Luego de los trámites procesales pertinentes, el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo turno dictó la Sentencia Definitiva  264 en fecha 7 de mayo del 2024, que resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción opuesta por el Procurador General de la República en representación del Estado paraguayo, en consecuencia, rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por Miguel Ángel Jara Servían contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte perdidosa.

Con este pronunciamiento jurisdiccional en primera instancia, las acciones estratégicas jurídicas de la PGR permiten al Estado paraguayo el ahorro de ₲ 2.947.676.830.

La jueza de ejecución penal de Capital Sandra Kirchhofer, rechazó el pedido de libertad condicional solicitado por el condenado Job Von Zastrow Masi, sentenciado este año en procedimiento abreviado.

La magistrada estima pertinente que el condenado se someta a estudios psicológicos que deberán ser informados en forma mensual al juzgado y luego de ello volverá a analizar la pertinencia de la libertad condicional.

En enero pasado, Job Von Zastrow Masi fue condenado a tres años de cárcel por su participación en el mayor esquema de tráfico de droga y lavado de dinero en nuestro país, para la defensa el hombre ha purgado las dos terceras partes de su pena por lo que corresponde la libertad bajo algunas condiciones.

La magistrada rechazó el pedido y ordena el tratamiento psicológico por tres meses para el encausado tras lo cual volverá a analizar el pedido del condenado que busca salir antes de completar íntegramente su condena.

El operativo A ULTRAZA PY, contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

A pedido de la defensa la audiencia preliminar para Joaquín Roa y Alberto Koubé Ayala, quedó postergada para el próximo 27 de mayo. La diligencia debía practicarse en la fecha, pero, fue pospuesta por el juez de la causa Rodrigo Estigarribia a pedido de la defensa.

Este proceso fue abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional que, según el Ministerio Público montó una asociación criminal en la SEN para beneficiar indiscriminadamente a su amigo Koubé a cambio de beneficios económicos.

Los hechos punibles por lo que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son; lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como del lavado de dinero.

Para el Ministerio Público existen elementos suficientes para sostener la acusación contra, Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala por un perjuicio patrimonial estimado de G 16 mil millones en alquiler de camiones y la provisión de chapas ya que montaron una sociedad criminal.

Relata la acusación que entre el 2018 y 2021 el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde el 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala por un monto superior a los G 16 mil millones para la obtención conjunta de beneficios económicos a costa de los fondos de Emergencia Nacional.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala como el Grupo Tapyracuai SA y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katherine Ayala, entre otros. En ese orden Joaquin Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la obtención de una embarcación AZ 42 valuada en 450.000 dólares y sumas de dinero.

Según la fiscalía Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN utilizando sus empresas y a terceras personas quienes eran firmas de sus amigos o clientes y que tendrían alguna vinculación con él, con la finalidad de desviar los recursos en beneficio de la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Kube”.

Este resultado fue producto a la trazabilidad de las compras que realizaron las empresas vinculadas a Koube durante la investigación realizada en esta causa. El fiscal Silvio Corbeta es quien representa al Ministerio Público en este caso y solicitó que la misma sea elevada a la siguiente etapa de juicio oral y público, situación que se decidirá en la audiencia preliminar.

El Ministerio Público allanó este lunes una lujosa vivienda, que pertenecería al funcionario municipal Wilfrido Cáceres, hombre de confianza del intendente de Asunción Oscar Rodríguez quien se desempeñó como director de administración y finanzas durante la pandemia del Covid-19.

Cáceres, fue imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos.

También fueron imputados por lavado de dinero la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva y la secretaria de esta Camila Ramírez. Estas tres habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, lo realizaron de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. Es decir, que el matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para ocultar sus bienes que no podían justificar con sus salarios.

¿Cuál sería el origen de la fortuna de Cáceres?, el fiscal Silvio Corbeta explicó que se sospecha sería de la Municipalidad de Asunción porque prestaba servicios en ese lugar, pero, que esta hipótesis deberá ser confirmada durante la investigación.

Según los antecedentes del hecho, la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva compró 2 terrenos en la zona de Costa Guasu San Lorenzo por el valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la educación y poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a su secretaria Camila Ramírez por la misma suma de 100 millones. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside en el lugar con todas las comodidades ostentosas.

«Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con la Sra. Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondiente al periodo 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021), y según lo determinado por la C.G.R. existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría realizada, extremos que fueran conducentes para la realización de análisis de correspondencia por parte del ente contralor, entidad que concluyó que no existe la correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto por el señor Wilfrido Adrían Cáceres Flores y la Sra. Ruth Jazmín Da Silva Almirón, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado por la CGR a partir de las declaraciones juradas del mismo cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados, cuyo resultado fue comunicado al Ministerio Público como Reporte de Indicios de Hechos Punibles» , menciona parte de la imputación fiscal. 

 La fiscalía solicitó el embargo de los bienes además de la prohibición de vender y gravar. Solicitó además medidas alternativas a la prisión y el inmueble quedará bajo la administración de la Senabico.

El juez José Agustín Delmás ratificó el arresto domiciliario de la actuaria Juliana Romero la única imputada por el camuflaje o desaparición del expediente del usurero luqueño Ramón González Daher.

Luego de la audiencia de revisión de medidas, el magistrado rechazó el pedido que pretendía la libertad ambulatoria de la procesada, quien actualmente guarda prisión domiciliaria por decisión de la cámara de apelaciones.

La agente fiscal Ruth Karina Benítez imputó a la actuaria judicial Juliana Romero por supuestamente haber manipulado el sistema informático del Poder Judicial y así camuflar el expediente de RGD con su usuario, sin embardo la misma sostiene que su usuario fue utilizado por una tercera persona.

Los tipos penales imputados por el Ministerio Público a Juliana Romero son el de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionario por haber supuestamente sido ella la que modificó e hizo desaparecer el expediente del usurero Ramón González Daher.

Según la fiscal de la causa la funcionaria uso su usuario y contraseña para modificar el expediente de Ramón González Daher, e incluso siempre según el relato fiscal ella pidió quedarse con el expediente del usurero luqueño.

Esto sostiene el Ministerio Público en base a los testimonios del juez Darío Báez, en cuyo juzgado se encontraba el expediente con miras al juicio oral y público, así como otros funcionarios de este juzgado, cuyos relatos la fiscalía lo tiene como ciertos luego escucharlos en calidad de testigos y quienes de forma unánime señalaron que Romero nunca permitía que su computadora sea utilizado por sus compañeros con lo que para el Ministerio Público fue ella con su usuario Ju_Romero la que accedió camuflar el expediente del usurero luqueño. La fiscalía tiene seis meses más para investigar la causa.