El Ministerio Público allanó este lunes una lujosa vivienda, que pertenecería al funcionario municipal Wilfrido Cáceres, hombre de confianza del intendente de Asunción Oscar Rodríguez quien se desempeñó como director de administración y finanzas durante la pandemia del Covid-19.
Cáceres, fue imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos.
También fueron imputados por lavado de dinero la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva y la secretaria de esta Camila Ramírez. Estas tres habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, lo realizaron de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. Es decir, que el matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para ocultar sus bienes que no podían justificar con sus salarios.
¿Cuál sería el origen de la fortuna de Cáceres?, el fiscal Silvio Corbeta explicó que se sospecha sería de la Municipalidad de Asunción porque prestaba servicios en ese lugar, pero, que esta hipótesis deberá ser confirmada durante la investigación.
Según los antecedentes del hecho, la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva compró 2 terrenos en la zona de Costa Guasu San Lorenzo por el valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la educación y poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a su secretaria Camila Ramírez por la misma suma de 100 millones. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside en el lugar con todas las comodidades ostentosas.
«Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con la Sra. Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondiente al periodo 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021), y según lo determinado por la C.G.R. existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría realizada, extremos que fueran conducentes para la realización de análisis de correspondencia por parte del ente contralor, entidad que concluyó que no existe la correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto por el señor Wilfrido Adrían Cáceres Flores y la Sra. Ruth Jazmín Da Silva Almirón, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado por la CGR a partir de las declaraciones juradas del mismo cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados, cuyo resultado fue comunicado al Ministerio Público como Reporte de Indicios de Hechos Punibles» , menciona parte de la imputación fiscal.
La fiscalía solicitó el embargo de los bienes además de la prohibición de vender y gravar. Solicitó además medidas alternativas a la prisión y el inmueble quedará bajo la administración de la Senabico.
