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Fiscal paraguaya presenta en Viena el protocolo de seguridad para fiscales de Iberoamérica

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La agente fiscal de Paraguay Patricia Sánchez presentó el documento durante el evento organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y CRIMJUST, Programa Global de la Unión Europea contra el Crimen Organizado. Sánchez, explicó cómo el protocolo tiene incluso un efecto de preventivo que busca resguardar la vida del agente fiscal y reducir los riesgos para los representantes del Ministerio Público.

Se desarrolla en Viena, Austria un encuentro enfocado en la protección del agente fiscal y funcionarios que investigan estructuras criminales. La actividad inició este lunes con la exposición de varios fiscales y expertos en seguridad de Iberoamérica sobre los desafíos y mejoras para lograr la efectiva protección del agente fiscal, entre ellos la fiscal Patricia Sánchez.

En la oportunidad la Fiscal Sánchez, presentó el protocolo que contempla cuáles son los procedimientos a implementar y las medidas de seguridad para proteger a fiscales o funcionarios que integren la Asociación Iberoamericana de Fiscales que en el ejercicio de sus funciones estén sometidos a actos de violencia, amenazas o de intimidación, quienes podrán solicitar al punto focal designado de su Ministerio Público la activación de medidas de seguridad y protección que correspondan, conforme a su ordenamiento jurídico interno.

En caso de tratarse de un caso urgente, mientras se evalúa la situación igualmente ya se tomarán medidas preventivas paralelamente a la evaluación de riesgo. La Asociación de Iberoamericana de Agentes de Ministerios Públicos, aprobó un protocolo de seguridad el año pasado y tiene como principal objetivo.

Comentó, que el protocolo cuenta con, “principios básicos que son de reserva, urgencia, voluntariedad, interinstitucionalidad, proporcionalidad y temporalidad. Que tiene la parte procedimental de implementación de las medidas de seguridad que describen cómo operativizar el protocolo cuando se da un caso de riesgo y amenaza. Contempla un capítulo interinstitucional en asistencia técnica y de buenas prácticas para la implementación de las medidas de seguridad. Actualmente, el grupo de trabajo fue extendido en su vigencia por dos años más para consolidar su funcionamiento y operatividad, crear y ajustar otros documentos que sirvan para una mejor configuración de una red de protección de agentes fiscales, funcionarios y servidores de la AIAMP y así seguir fortaleciendo las acciones contra el crimen organizado” señaló la fiscal Patricia Sánchez durante su exposición.

Durante el evento también se habló del crimen del fiscal Marcelo Pecci, quien terminó muerto en manos del crimen organizado, lo que demuestra la amenaza real contra los fiscales que combaten la criminalidad organizada.

También se habló de la importancia de concienciar a los agentes fiscales del riesgo que conlleva su actividad, que los fiscales deben aplicar ciertas medidas de auto seguridad a su vida. Igualmente, de lo relevante que es el Ministerio Público tenga autonomía, independencia y autárquica para llevar adelante una investigación.

Sala Civil realiza el primer sorteo electrónico de preopinantes para 60 casos

La Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, realizó el primer sorteo digital de preopinantes para 60 causas tramitadas en esta instancia, expedientes que ya se encuentran digitalizados.

El sorteo contó con la presencia de representantes de los gabinetes de los ministros de esta Sala. Se materializó el primer sorteo electrónico de preopinantes para 60 causas correspondientes a la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, en la plataforma del Expediente Judicial Electrónico.

La secretaria de la Sala, abogada María Rita Monges dirigió el sorteo, que busca dar no solo agilidad sino transparencia en los procesos tramitados en esta Sala que está presidida por el doctor Alberto Martínez Simón e integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay.

Este primer sorteo electrónico permite la modernización del sistema judicial, garantizando una distribución equitativa y eficiente de las causas, reafirmando el compromiso de la Sala Civil y Comercial con la transparencia y agilización de los procesos.

Asimismo, se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 para mejorar la prestación del servicio de justicia y propiciar la transparencia, así como el ahorro de recursos de impresión disminuyendo el impacto negativo en la ecología.

Gremio pide a la Corte cumplir su palabra y reanudar reunión con abogados

El Consejo Nacional de Abogados del Paraguay presidido por el doctor Rubén Galeano, presento una nota a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia en la que les recuerda el compromiso de reunión periódica con los profesionales del foro.

En la primera reunión celebrada este año con las nuevas autoridades en marzo pasado, se habíase había establecido que por lo menos una vez al mes la CSJ de justicia se reuniría con los abogados para tratar cuestiones de interés para el gremio y así colaborar con una mejor administración de justicia.

“La primera reunión se produjo el 19 de marzo pasado; en ella se había acordado realizar una por mes. Sin embargo, habiendo transcurrido el plazo acordado y ante la falta de calendarización, vengo a solicitar se sirva fijar día y horario para la próxima reunión”, señala una parte de la nota presentada por el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay.

El pedido fue presentado el viernes 10 de mayo y se espera que los ministros, Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte y los vicepresidentes, Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, les den una respuesta a los abogados de si van a seguir estas reuniones.

La nota:

Jueces deben hacer efectivos los derechos humanos, afirman

El especialista en derecho constitucional Víctor Ríos y uno de los ministros que propone que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean difundidos entre los magistrados Judiciales, dijo a nuestro medio que es importante que los jueces conozcan los fallos de la Corte IDH y realicen el control de convencionalidad para hacer vigente los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Remarcó la magnitud de conocer las jurisprudencias dictadas por la Corte Internacional y como los magistrados locales pueden aplicar estos precedentes a los procesos penales en nuestro país y así evitar las violaciones a derechos fundamentales.

Subrayó que la misma Corte IDH recomienda que los magistrados de los países que integran estos organismos realicen el control de convencionalidad para cumplir las garantías de las que goza el ser humano.

¿Por qué es importante que el magistrado realice el control de convencionalidad? “Porque es la manera de hacer efectiva la plena vigencia de los Tratados sobre Derechos Humanos. La propia Corte IDH lo dice”, subrayó el Víctor Ríos a Judiciales Net.

El ministro Víctor Ríos propuso en el pleno de la Corte aprobar el plan piloto para que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean difundidas a los magistrados judiciales ya que es necesario que hagan el control de convencionalidad, los jueces de oficio deben controlar por el cumplimiento de las normas relacionadas a derechos humanos, mencionó el ministro.

Comentó, que Paraguay forma parte del sistema interamericano, por ende, es importante que los magistrados conozcan estas jurisprudencias. Dijo que el plan piloto contempla la difusión de los fallos entre los magistrados y magistradas del ámbito penal y constitucional.

Este miércoles ya podría aprobarse la propuesta realizada por el ministro Ríos. Para la Corte IDH el abuso de la prisión preventiva y la mora para dictar sentencias, son los temas que más le preocupa ya que los jueces bajo la premisa de gravedad del hecho decretan la prisión y la mantienen por años.

Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Corte IDH, cuando visitó Paraguay había señalado a nuestro medio que les preocupaba la cantidad de personas recluidas sin condena, ya que al transcurrir cinco o más años la persona condenada ya no es la misma, por lo tanto los jueces no deben mantener la prisión preventiva cuando no amerite o por el solo hecho que hecho imputado es grave.

Funcionarios de la ANDE que robaron cables por G 7.100 millones, fueron imputados

Ocho funcionarios de la Administración Nacional De Electricidad, ANDE fueron imputados por asociación criminal, estafa y otros hechos punibles por estar bajo la sospecha de haber robado cables y ocasionaron un perjuicio millonario a la institución.

El agente fiscal anticorrupción Silvio Corbeta, imputó a los funcionarios de la ANDE, por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, reducción, apropiación y asociación criminal, luego de que se dedicaban a robar cables, causando un perjuicio de más de G. 7.100 millones al ente.

Los funcionarios imputados fueron identificados como Ronie Rodríguez, Gerardo Samudio, Edgar Báez, Fernando Giménez, Julio Lovera, Egidio Bordón, Juan González y Francisco Ariel Ocampos. La Fiscalía pidió la inhibición general para enajenar y/o gravar bienes de los imputados. También que se disponga la prohibición de salida del país, comparecencia mensual o trimestral ante el juzgado, caución real o personal por la suma que el juzgado estime.

Para el Ministerio Público, los mismos formaron parte de una asociación ilícita para pedir, retirar y entregar cables de la institución, simulando una necesidad inexistente para el uso de los materiales, sin que efectivamente tengan el destino que debían tener y que motivaron la adquisición por la institución.

La imputación especifica que presuntamente Rodríguez, como jefe de la sección Distribución de Limpio de la ANDE, pidió y retiró 334.213 metros lineales de cables del depósito de materiales, sede Boggiani. Rodríguez habría autorizado a los funcionarios, Samudio, Báez y Giménez y a un empleado de la firma CIME S.R.L., Lovera, para retirar los cables que debían ser utilizados en Limpio.

Las personas citadas no llenaron en forma correcta los documentos que justifiquen el uso y destino de los materiales, causando un perjuicio patrimonial importante. Asimismo, Bordón. González y Ocampos, funcionarios del depósito de materiales de la sede Boggiani, entregaron los conductores eléctricos entre el 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022 a los coimputados, pese a que el formulario de retiro no cumplía con las indicaciones básicas de la institución.

Autoridades siguen sin pistas del instigador del asesinato de Marcelo Pecci

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A dos años del atentado que cobró la vida del fiscal antimafia Marcelo Pecci, tanto las autoridades locales como internacionales no pudieron avanzar en la investigación respecto autor intelectual del magnicidio de Pecci.

Para los investigadores de Colombia, es claro que la orden de matar al agente fiscal salió de Paraguay, pero hasta ahora no se ha avanzado en este aspecto ya que para dar con el autor es necesario tener las pruebas que según el fiscal general Emiliano Rolón es de muy difícil acceso.

Al cumplirse un año del trágico suceso que sesgó la vida Pecci, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón señaló que existe un interés de todos los integrantes del Ministerio Público en este caso, pero que el acceder a las pruebas es una cuestión complicada ya que todos los elementos se encuentran en Colombia, lugar donde ocurrió el hecho.

Comentó que la nueva fiscal general de Colombia recién asumió el cargo y hasta el momento no ha podido ser agendada una reunión con su par para conversas sobre el caso y poder avanzar en el proceso investigativo respecto al o los autores intelectuales del crimen de Pecci.

Señaló que existe un equipo fiscal de gente muy capaz e interesado en avanzar con la investigación, pero, el problema surge los inconvenientes ya que las evidencias se encuentran a cargo del Ministerio Público de Colombia.

“Queremos acceder a las fuentes, a lo que dijo Ángel Correa Galeano, en su testimonio sobre el autor intelectual, él habló de un aparato donde quedó almacenado sus datos”, al igual que el teléfono de Pecci. Actualmente, la fiscal general de Colombia ha asumido hace unos meses y no hay posibilidad aún de agendar un encuentro y conseguir hacer el seguimiento al pedido que se envió en alguna ocasión” señaló Emiliano Rolón a Radio Caritas.

Los fiscales que conforman el equipo de investigadores en Paraguay son:  Alejandro Cardozo, Cristian Ortiz y Francisco Cabrera, asignados por Rolón.

En Colombia fueron condenados, los autores materiales, así como la que orquestó el plan para asesinar a Pecci, Margareth Chacón Zúñiga sentenciada a 39 años de cárcel, su pareja Andrés Felipe Pérez Hoyos; el hermano de este, Ramón Emilio Pérez Hoyos, y Francisco Luis Correa Galeano, que ya están condenados como los organizadores del atentado a 25 años y seis meses de prisión.

A meses del atentado ya fueron condenados a la pena privativa de libertad de 23 años y 6 meses Wendre Still Scott, venezolano, quien efectuó el disparo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, el conductor de los asesinos, y Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), ambos cómplices del hecho, ya que se encargaron de hacer el seguimiento al fiscal y a su esposa durante su estadía en la isla Baru, en Cartagena de Indias, Colombia.

Cristian Turrini seguirá recluido en el penal Regional de Concepción

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el Habeas Corpus Genérico que presentó el exdirector de TV Cámara Cristian Turrini condenado por narcotráfico a 20 años de cárcel. La defensa alegó que su vida corría peligro y por ello pidió su traslado al penal militar de Viñas Cue.

La máxima instancia rechazó el pedido del condenado quien seguirá purgando su condena de 20 años de encierro por su participación en un esquema internacional de narcotráfico de drogas.

Cristian Turrini exdirector de TV Pública, fue sentenciado en noviembre de 2023 a cumplir 20 años de cárcel por su activa participación en el envío de más de 2.900 kilos de cocaína al extranjero en bolsas de carbón.

Turrini, fue condenado por tráfico internacional de droga y asociación criminal por su participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de droga, que, según el tribunal era un colaborador principal en asociación criminal y que no existía ninguna duda de su participación en el hecho.

Quedó demostrada su participación en el caso de la carga de 2.900 kilos de cocaína incautada en un Puerto de Villeta en octubre de 2020 en bolsas de carbón vegetal con destino a Europa.

Para el tribunal de sentencia que juzgó su caso integrado por Víctor Alfieri, Alba González y Dina Marchuk, se probó que Turrini tuvo una activa participación en el esquema de tráfico de droga y que la pena justa que debía soportar era la de 20 años de encierro. La agente fiscal de causa solicitó 15 años de cárcel para el hoy condenado, pero, el tribunal consideró que ante la gravedad del hecho la pena debía ser más alta que la requerida por el Ministerio Público.

Por su parte, Turrini siempre sostuvo que se plantó evidencias en su contra. Lo cierto y concreto es que afronta una condena de 20 años que la seguirá cumpliendo en el penal Regional de Concepción donde fue trasladado.

Expedientes electrónicos de la Sala Civil y apelación ya se pueden hojear

Unos 32.000 expedientes electrónicos en Capital ya se encuentran en el formato libro, según lo informó el ministro encargado de esta área Alberto Martínez Simón.

Comentó que la iniciativa surgió de varios ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes alertaron de la importancia para los profesionales del derecho el poder “hojear”, el expediente y por ello se ha cambiado el formato inicial a esta que permite esa posibilidad.

“Esto era una necesidad, la revisión de los expedientes es mucho más fácil tal cual se realiza hoy. Tenemos en la Capital un avance del 90% contando con más de 32.000 expedientes electrónicos en formato libro. Una vez que terminemos acá vamos a ir a segunda instancia en las circunscripciones que ya cuentan con el expediente electrónico que a la fecha son; Alto Paraguay, Concepción y Cordillera y de manera paralela vamos a ir trasladando en formato libro los expedientes en las instancias previas”, subrayó el ministro Martínez Simón.

Remarcó que, para optimizar la funcionalidad de este formato, la máxima instancia judicial adquirió un nuevo servidor y storage para mejorar la infraestructura del Data Center y de esta manera agilizar el trámite a través de los libros electrónicos, ya que es un paso muy importante para la revisión de los documentos.

La herramienta se encuentra disponible para los trámites de todos los Tribunales de Apelación Civil, los dos Tribunales de Apelación Laboral, Tribunales de Apelación Penal, Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Capital.

Agregó que el trabajo se realiza en horario nocturno y de forma automática entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana de pasar al formato libro los expedientes.

Subrayó la importancia de la innovación implementada para facilitar la revisión de los expedientes por las partes.

Hijo del exdiputado Miguel Cuevas admite la complicidad del enriquecimiento

Enzo Cuevas hijo del exdiputado Miguel Cuevas condenado a cinco años por enriquecimiento ilícito, admitió el hecho uno de los requisitos principales para tener una salida procesal diferente al juicio oral. Se lo sindica de no poder justificar mejoras realizadas en su inmueble de Sapucai.

Enzo Cuevas deberá donar la suma de G 100.000.000 en un plazo de 36 meses como reparación social del daño causado. El Ministerio Público señaló que el procesado terminaría condenado a una pena irrisoria en un juicio oral, por ende, consideraba que la aplicación de una salida procesal en esta etapa era más acorde.

El juez del caso, Yoan Paul López hizo lugar a la propuesta de la defensa al que se allanó la fiscalía y ordenó la suspensión del presente procedimiento por un periodo de prueba de tres años.

El magistrado ordenó las siguientes reglas de conducta para Enzo Cuevas, como: la comparecencia trimestral del procesado ante el juzgado de ejecución penal interviniente de la Capital entre los días 01 al 10 del mes que debe comparecer, a partir del mes de julio de este año.

Así como la obligación de comunicar 48 horas antes la salida e ingreso al país al juzgado de ejecución, la prohibición de cambiar el domicilio asentado en el expediente, sin previa comunicación al juzgado de ejecución; la prohibición de cometer otros hechos punibles; la prohibición de portar todo tipo de armas.

También, tiene la obligación de realizar en concepto de reparación del daño social en concepto de justicia restaurativa, la entrega de la suma de Gs. 100.000.000 por el periodo de tres años que deberá ser abonado en 36 meses.

Los beneficiarios de la donación de Cuevas son; la Parroquia San Pablo Apóstol, la Congregación del Espíritu Santo Bajo la Protección del Inmaculado Corazón de María y la Fundación Jesuitas. El primer pago ya le vence este mes de mayo y la suma que debe abonar a cada entidad es de G 33.333.324 por tres años hasta cubrir los G 100.000.000.

El procesado deberá presentar ante el juzgado todas las boletas de pago referido a cada entidad beneficiaria de la donación el primero en recibir la donación será la Parroquia San Pablo Apóstol.

Condenado a 20 años de cárcel por abusar de su hijastra

Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 20 años de encierro por el abuso sexual de su hijastra. La pequeña víctima tenía solo nueve años cuando empezaron los abusos sexuales, mientras que su hermanita de siete años era sometida a golpes.

Según los antecedentes, las vulneraciones se produjeron desde inicios del 2022, las cuales derivaron en la hospitalización de la niña. La madre de la pequeña alegó que se trataba de una caída, sin embargo, en el mes de agosto del mismo año; los vecinos comunicaron el hecho a través del servicio de Fono Ayuda y rápidamente tanto la víctima de abuso sexual como su hermana de siete años, quien sufría de agresiones físicas, fueron aparatadas de la vivienda.

La agente fiscal Laura Fernández representó al Ministerio Público en este juicio y pudo lograr la elevada pena al agresor por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños.

Para el tribunal de sentencia estuvo presidido por Héber Chamorro e integrado por los jueces: Juan Ricardo Gómez y Paternio Emiliano Vera, las pruebas fueron determinantes para aplicar la condena de 20 años de encierro al hombre que abusó en repetidas ocasiones de su pequeña hijastra.

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