La defensa del senador colorado Erico Galeano imputado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, recusó al agente fiscal Silvio Corbeta alegando que supuestamente no se les permitió participar de la declaración de testigos.

Mencionan en el escrito que el fiscal Corbeta ha tomado testimonio a personas sin que se les permita participar de esta prueba diligenciada ya en la fase final de la investigación para presentar acto conclusivo.

El Ministerio Público viene cerrando la investigación respecto al senador Erico Galeano, quien desde el inicio de su proceso frustró la audiencia de imposición de medidas ya que inicialmente la fiscalía solicitó su prisión preventiva por la expectativa de pena a la que se expone el senador.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se le atribuye presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

La fiscalía tiene tiempo para presentar su requerimiento conclusivo hasta el 24 de mayo próximo, a casi 15 días de a fecha, la defensa lo recusa buscando que la fiscalía general lo aparte del caso. Esta causa ha pasado por numerosas dilaciones desde que fue formulada la imputación, hasta esta recusación al filo del acto conclusivo.

La fiscalía general del Estado deberá actuar con diligencia para tramitar este incidente para no perjudicar la última etapa de la investigación. Galeano, esta sospechado de haber prestado su avión a criminales en numerosas ocasiones y además de lavar dinero para la organización criminal liderada por Tío Rico y Marset.

Para la Cámara de Apelación el usurero luqueño Ramón González Daher deberá enfrentar dos juicios por separado por el hecho de la extorsión con cheques y por el robo de cheques del juzgado del juez Humberto Otazú.

Son hechos distintos menciona alzada y separa el proceso penal que afronta el condenado RGD, quien deberá responder por la extorsión a víctimas de usura a quienes seguía extorsionando desde Tacumbú y también por el robo de cheques que formaban parte de las evidencias en su contra en el juicio donde fue sentenciado a purgar 15 años de encierro por usura.

Ramón González Daher y su abogada Emma González, soportan proceso por quebrantamiento de depósito debido al robo de 471 cheques. La fiscalía sostiene que con los elementos recopilados durante el sobreseimiento provisional están en condiciones de probar que RGD dirigió el robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú.

Los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron en su momento la reapertura de la causa y tener por recibida la acusación fiscal por todas las porciones fácticas acusadas en la causa.

El Ministerio Público considera que la investigación se encuentra suficientemente agotada y con la convicción necesaria para formular acusación en contra de Ramón González Daher por el hecho punible de quebrantamiento del depósito y hurto agravado.

En cuanto a la abogada de RGD, Emma Concepción González Ramos, la fiscalía la acusa por el hecho punible de obstrucción a la restitución de bienes. Los procesos por extorsión y por el robo de cheques irán por separado por decisión de alzada.

El fiscal Diego Arzamendia, apeló el sobreseimiento definitivo del exdiputado Tomás Rivas desvinculado recientemente de su caso por un tribunal de sentencia que lo volvió a sobreseer por el caso de sus caseros de oro.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo hizo lugar al incidente de la defensa y declaró la extinción de la acción y el sobreseimiento definitivo del exdiputado Tomás Rivas, bajo la premisa que el daño causado ya fue reparado al devolver el perjuicio patrimonial a las arcas del Estado.

El fiscal la causa Luis Piñánez ya había anunciado que recurriría el fallo y hoy su colega Arzamendia en representación del Ministerio Público ya presentó la apelación contra la resolución que extingue el proceso por reparación de daño causado.

El Ministerio Público, no está de acuerdo con la desvinculación del proceso a Tomás Rivas y considera que más allá de la devolución del dinero, debe existir una reparación social del hecho ya que no puede ser tan fácil que un funcionario público estafe al Estado y al ser descubierto solo devuelva el dinero y con ello se desligue del proceso.

El tribunal de sentencia no llegó a juzgar los hechos en este segundo juicio oral y público ya que en la etapa incidental le dieron la razón a la defensa de Rivas y archivan el caso en su contra porque ya pagó el perjuicio con lo que para el tribunal se extinguió la acción penal.

Fausto Portillo, abogado defensor del exgobernador de Central Hugo Javier González, recusó al juez Rodrigo Estigarribia, lo que resultó en la suspensión de la audiencia preliminar para el acusado conocido como el «Número 2». El extitular de la Gobernación enfrenta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

La acusación sostiene que, entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 de diciembre de 2020, la Gobernación de Central realizó desembolsos indebidos por un total de G. 24.424.032.733 a favor de entidades privadas sin fines de lucro. Estos fondos se destinaron supuestamente a solventar los gastos de 51 proyectos presentados ante el organismo.

Sin embargo, estos desembolsos generaron un perjuicio patrimonial de G. 18.384.427.005 carente de respaldo documental, y el destino exacto de los fondos sigue siendo desconocido.

El Ministerio Público busca llevar a juicio oral a Hugo Javier por su presunta participación en una asociación criminal con ONGs. Bajo la fachada de obras, estas Organizaciones No Gubernamentales recibieron fondos, a pesar de no estar relacionadas con el rubro de infraestructura.

Esta no es la primera causa abierta contra el exgobernador. Se le imputan hechos punibles como lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos en la Gobernación. Mientras que otras personas ya han enfrentado juicio oral por este caso, y algunas de ellas han optado por salidas alternativas.